WASHINGTON, EE UU, 24 de Marzo de 2014.-La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Gobierno dominicano tras criticar el lunes que las medidas tomadas por República Dominicana ante las denuncias de supuestas violaciones al derecho a la nacionalidad van en una dirección distinta de la que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De igual modo, personas de ascendencia haitiana denunciaron el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido «desnacionalizados» y viven en indefensión jurídica por el fallo del Tribunal Constitucional que dijeron les niega la ciudadanía dominicana.
La CIDH al reiterar su posición pidió una respuesta inmediata del Estado dominicano a las observaciones que emitió al concluir su visita a República Dominicana en diciembre pasado.
En una audiencia pública de su 150 período de sesiones, la CIDH consideró en una alusión a la sentencia 168-13 del Tribunal Constituciona,l que el problema en República Dominicana «se ha agravado debido al fallo emitido el pasado septiembre por el Tribunal Constitucional, que niega a los hijos de extranjeros indocumentados esa condición y que la Comisión considera discriminatorio».
Felipe González, Uno de los siete miembros de la CIDH dijo que lamenta que el Gobierno del presidente Medina no haya respondido a las observaciones y que, en su exposición de ayer en la audiencia, la representante del Estado hiciera hincapié en que se está tratando de solucionar el problema mediante un plan de regularización de extranjeros.
«No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento a sus derechos».
En opinión de González, «el Estado está tomando una serie de medidas, pero van en una dirección distinta a la que ha señalado la Comisión Interamericana en sus observaciones preliminares y de lo que ha sido la jurisprudencia del sistema interamericano».
Al respecto la comisionada Rosa María Ortiz reconoció que el Estado «está haciendo un gran esfuerzo en muchísimos sentidos pero no vemos que esos esfuerzos sean en la dirección correcta, en la dirección que marca el sistema interamericano» y en la que han dispuesto «comisiones de Naciones Unidas desde hace más de 10 años».
La principal representante del Estado dominicano en la audiencia fue la encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Rhadys Abreu de Polanco, quien respondió a los comisionados que el Gobierno respondería por escrito a sus inquietudes tras la audiencia. Y expresó su preocupación por las reiteradas convocatorias de audiencias temáticas para tratar este tema por parte de la Comisión, que ya tuvo la oportunidad de tratar de manera directa todos los temas de esta tarde durante su visita «in loco» a la República Dominicana.
Dijo que, a través de la Junta Central Electoral, ya se ha realizado un inventario del número de extranjeros inscritos en el registro civil del país, tanto de manera regular o irregular. La insistencia en ese argumento fue denunciada por los peticionarios de la audiencia como un indicio de que no existe voluntad política en el Estado dominicano de resolver el problema.
Entre las personas las peticionarias de la audiencia del lunes se encontraba Juliana Deguis, una ciudadana descendiente de haitianos que no pudo viajar a Washington por presentarse el domingo al Aeropuerto Internacional de Las Américas sin pasaporte y con una supuesta visa humanitaria en un papel que le habría otorgado el Consulado norteamericano.
Hijos de hiatianos dicen violan sus derechos
Personas de ascendencia haitiana denunciaron el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido «desnacionalizados» y viven en indefensión jurídica por un fallo del máximo tribunal que les niega la ciudadanía.
«Nos han colocado en un estado de indefensión, nuestros argumentos ni siquiera han sido contemplados por el Tribunal Constitucional», denunció Natanael Santana, director de la organización de asistencia jurídica CEDAIL. Es el «proceso de desnacionalización de cientos de miles de dominicanos».
En virtud de la sentencia número 168-13, del 26 septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dominicano dictaminó que los hijos de inmigrantes ilegales o en tránsito no son dominicanos, lo que consideraron afecta principalmente a la comunidad haitiana.
CEDAIL y organizaciones que se autodefinen como dominicos-haitianos denunciaron que el fallo del TC es discriminatorio y les viola sus derechos.
«Tenemos derecho a existir con dignidad», reclamó el abogado Roberto Antuan, del Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), que terminó su exposición entre aplausos del público. «Me resisto a aceptar que me desnacionalicen a mí, a mis hijos y a todos los dominicanos y dominicanas de padres haitianos porque se trata de un crimen de lesa humanidad del Estado dominicano».
Exigieron al Estado dominicano atender la jurisprudencia relativa al asunto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y criticaron al gobierno de hacer ver que la problemática es «insignificante», denunció Santana. «No existe voluntad política en el Estado dominicano de resolver el problema», opinó.
El fallo del máximo Tribunal Constitucional dominicano ya había sido calificado como «discriminatorio» en un informe de la CIDH tras una visita a Dominicana, que el gobierno rechazó como «subjetivo». El gobierno dominicano desarrolla un plan para la regularización de extranjeros, que revisaría los casos de los descendientes de haitianos, anunció en la audiencia la encargada de derechos humanos de la cancillería dominicana, Rhadys Abreu.
Pero esa propuesta recibió un contundente rechazo del comisionado Felipe González, quien señaló que «no se puede exigir a personas que perdieron su nacionalidad que se registren como extranjeros».
Según cifras oficiales, desde 1929 se registraron 24.000 nacimientos de hijos de extranjeros que el Estado considera irregulares, 13.000 de ellos descendientes de haitianos. Los grupos que defienden a los haitianos estiman que son unos 200.000.
En una audiencia previa, organizaciones defensoras de los derechos humanos acusado a la RD de incumplimiento a pagar pensiones a trabajadores haitianos, especialmente cortadores de caña de azúcar que no están regularizados.
2014-03-25 03:43:35
