Santo Domingo, 23 Nov 2010.- El presidente Leonel Fernández debe asumir personalmente el liderazgo de las políticas públicas para que den un giro al recrudecimiento de la violencia que abate la sociedad, se reduzcan a su mínima expresión, consideró este martes el vicepresidente de la junta de directores de la Academia Dominicana del Derecho.
José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), reconoce hay una notable mejoría en el proceso de interdicción de la criminalidad pero precisa que las medidas que se aplican no resultan suficientes, y estima que una de las primeras señales para detener el auge delincuencial y la violencia es la modificación del Código Procesal Penal.
El ex diputado por Santiago ve la violencia y la delincuencia un tema complejo y multicausal, que no se les puede imputar únicamente a las autoridades.
Explicó que al no percibirse desde el Estado el mensaje de confrontación necesario, especialmente con el crimen organizado, no es posible esperar cambios que tranquilicen la sociedad.
Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), lamenta que a pesar de que el presidente Fernández ha mostrado sensibilidad con el tema, los actores fundamentales en los que ha confiado para modificar el Código Procesal Penal no se empeñan más que en recomendar cambios cosméticos sin profundizar en sus males.
?Entre otros males, hemos pasado del derecho de la libertad procesal al de la esclavitud del formulismo procesal contrario a toda práctica realmente garantista, que simplifica el acceso al sistema, sin rehuir de mecanismos simples como la declaración en secretaría para el ejercicio de los recursos?, precisó.
Agregó que ?la apelación que garantiza el doble grado de jurisdicción, está a merced de demasiadas discrecionalidades que la han castrado con el concepto de mini casación que inspira el nuevo código?.
Taveras, quien es además funge como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), al identificar aspectos que deben ser tocados en una eventual reforma procesal, expuso que ?el rigor y las limitaciones a que está sometido el nuevo sistema de la prueba, que castra la súper garantista concepción de la libertad de prueba y activo del juez en desplegar esfuerzos para alcanzar la verdad y alcanzar el fin último de todo sistema, que es procurar un ideal de justicia?.
También cita ?la castración virtual del recurso de casación en materia penal y la confusión de la prescripción de la acción pública con la perención de instancia, situación que afecta fundamentalmente a las víctimas?.
El vocero de la FNP, consideró que una atención presidencial al tema es importante, toda vez que no se puede apreciar de tener un sistema de justicia bien dotado en términos generales y que asechan preocupantes signos de justicia privada.
Sugirió que el tema debe ser abordado antes de más que de violencia, se trate de un problema de seguridad del Estado, puntualizó Taveras.
2010-11-23 17:53:55
