Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, reconoció la facultad que tiene el Ministerio Público, en virtud del artículo 363 del Código Procesal Penal, de concertar acuerdo y negociaciones con imputados a cambio de la rebaja de sus penas, obteniendo informaciones y testimonios vitales para hacer más efectiva la acusación y sobre todo con el objetivo de incorporar y apresar otros implicados en el delito a perseguir.
Potentini, calificó las negociaciones entre la Fiscalía del Distrito Nacional y las imputadas, Nin Batista y Sobeida Feliz Morel, como normales al tenor de las disposiciones del Código Procesal Penal.
Explicó que esos acuerdos garantizan al ministerio público la posibilidad de llegar hasta los autores intelectuales y cabezas principales de la red Figueroa Agosto, hasta el momento sumidos en el anonimato.
Sin embargo, precisó que el caso Figueroa Agosto pone al desnudo algunas de las debilidades del código procesal penal y de la justicia dominicana, que no han dado repuesta eficiente al sonado proceso de narcotráfico y lavado de activos, imponiéndose una necesaria reflexión que lleve a la sociedad a considerar la inminente revisión y modificación de nuestra normativa procesal penal.
Potentini entiende que un tema a contemplar ante la eventualidad de modificar el código, lo sería el establecimiento de un sistema de protección de victimas, testigos y colaboradores, como existe en otras naciones, garantizando la integridad física y seguridad de quienes participan de acuerdos con el Ministerio Público.
2011-05-12 19:32:16
