Justicia y Derecho

Advierten sobre la decisión judicial favorece a imputado asesinar regidor

Santo Domingo RD 23 diciembre- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que los jueces han mandado un mal mensaje a la sociedad al variar la medida de prisión a uno de los acusados de participar en la muerte de un regidor de Bayaguana.

Según la Comisión, «la decisión del juez Darío Gómez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo constituye una alerta y manda un mensaje a la sociedad dominicana frente a la maltrecha credibilidad del sistema de justicia penal».

La denuncia se debe a que hace cinco días el juez de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica a Freddy Alberto de la Cruz, uno de los implicados en el asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo.

El juez Darío Gómez le impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos que deberá ser pagada a través de una compañía aseguradora y presentación periódica ante el tribunal.

«Los presupuestos no podían variar si el imputado presentó al Juez Darío Gómez cinco domicilio distintos, lo cual ponía en duda su arraigo al no precisar el domicilio que debe corresponder a cada persona y más frente a la duda que esto representa por tratarse de una persona acusada de pertenecer al crimen organizado, tampoco tomó en cuenta el Juez de la Instrucción de la Corte la gravedad del hecho del que está acusado como orquestador o cómplice de la muerte del Regidor de Bayaguana conforme a la acusación ya presentada por el Ministerio Publico».

Y agrega el comunicado enviado a los medios: «Todo indica o hace suponer que la decisión del Juez de la Instrucción Darío Gómez al variar la medida de coerción al imputado Freddy Alberto de la Cruz no fue esta una decisión basada en el derecho ya que también inobservó o pasó por encima a la Resolución Núm. 58-2010 de la Suprema Corte de Justicia sobre los criterios que los jueces deben tomar en consideración para la imposición o variación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, lo cual es grave en su condición de Juez de un Tribunal de Alzada».

2014-12-23 10:46:31