Santo Domingo, RD, 15 de Septiembre.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aclaró que la Ley que regula el ejercicio del notariado no se encuentra suspendida y adelantó que ese órgano congresual rechazará cualquier intento de impedir su aplicación, aunque estará abierto a discutir cualquier propuesta de modificación a la Ley.
«La Ley no se ha suspendido y esta Cámara, y lo he hablado con la Comisión de Justicia y con los diputados, rechazará cualquier intento de suspender su aplicación y sí estaremos abiertos a discutir los aspectos de ésta y de cualquier otra ley que sea del interés nacional», indicó el legislador.
De igual modo, Martínez manifestó que lo correcto sería que la Ley se ponga en ejecución y en el transcurso de un año, ver en donde quizás hay que hacerle algún arreglo, cambio o modificación.
«Lo que no estamos de acuerdo es con la posposición de su entrada en vigencia, ni que a esta Ley se le agregue un párrafo para que no se aplique. Eso es relajar con el trabajo de la Comisión de Justicia y la Cámara de Diputados», afirmó.
Martínez expresó que la Comisión de Justicia escuchó a todos los sectores y que incluso se hicieron vistas públicas para recibir propuestas y sugerencias a la iniciativa.
«Siempre ha sido un deber de la Cámara de Diputados escuchar a todos los sectores como lo hemos hecho con esa Ley y si hay algún aspecto que hay que rediscutir estoy de acuerdo en que se rediscuta», agregó.
El presidente del órgano congresual ofreció estas declaraciones durante la sesión de hoy, luego de denunciar que hay una campaña de descrédito contra la Cámara de Diputados, con acusaciones falaces de que esta Ley se aprobó de manera sigilosa, lo cual negó rotundamente al especificar que se cumplieron todos los procedimientos de rigor.
En ese sentido, señaló que para su estudio se hicieron más de treinta reuniones, así como numerosas vistas públicas y encuentros con diferentes sectores que incluyeron invitaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como a abogados, notarios, profesores, estudiantes e instituciones del área judicial.
También defendió el trabajo realizado con esta iniciativa, el cual calificó de serio y responsable, destacando que cuando los legisladores votaron por ese proyecto, lo hicieron por el interés nacional no de ningún sector en específico, ni siquiera de los notarios.
Fue enfático al criticar la postura de los bancos comerciales, a los cuales dijo que se debe investigar la razón por la que están atacando esta ley, así como a los sectores que son de la sociedad civil y están defendiendo los intereses de los bancos.
Señaló que muchas de éstas instituciones financieras les cobran trámites de gestión y gastos de cierre a los ciudadanos sin que estos beneficios pasen realmente al notario, situación que puede mejorar con la actual Ley, ya que le da potestad a la Dirección General de Impuestos Internos para revisar las notarizaciones.
Criticó la legislación previa de notariado, indicando que «por falta de regulación y aplicación de las normas existentes en el país, hemos sido testigos de cómo se realizan este tipo de procedimientos, en los que los notarios no verifican la presencia de los firmantes colaborando con la proliferación de mafias que viven orquestando fraudes».
En ese mismo orden, hizo un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien calificó como un jurista de mucho respeto y honorabilidad del país, a que se efectúe la aplicación inmediata de la ley.
ONEC apoya posposición ley notarios
La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) se unió a las entidades de la sociedad y el empresariado nacional que apoyan la posposición de la Ley 140-15 que regularía el notariado dominicano, al entender que esa legislación aumentaría de forma indiscriminada el servicio de notaria en el país, en detrimento de los sectores económicos y de la población en general, además de que limitaría el ejercicio de esa profesión, lo cual es inconstitucional.
«Pese a que reconocemos la necesidad que existía de reformar la antigua Ley 301 que data del año 1964, este nuevo marco legal coloca a la República Dominicana en una situación anticompetitiva y de inequidad ya que eleva de manera exorbitante los costos del servicio de un notario y por tanto limita el acceso de los ciudadanos, aumenta los costos a los negocios, aleja la inversión extranjera y lo más preocupante es que añade al entorno un elemento más que podría aumentar la inseguridad jurídica y la informalidad, las cuales de por sí ya constituyen un enorme problema para el país», afirmó Antonio Ramos, Presidente de la ONEC.
Recordó que entidades como la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) advirtió que la aplicación de esa legislación tendría un impacto altamente negativo para los millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.
Dijo que otro punto desfavorable de la Ley de Notario es que busca reducir el número de Notarios por cantidad de habitantes, lo cual es inconstitucional, al no permitir, en la práctica, a ningún ciudadano acceder a la profesión.
«Para las empresas representadas por ONEC es vital que esta Ley sea sometida a vistas públicas, donde participen todos los actores afectados por esta legislación y que el resultado sea una regulación equilibrada, moderna, eficiente y equitativa, por lo Ramos solicita al Senado de la República que se proceda desde ya a iniciar el proceso de consulta de manera que se pueda diseñar una legislación consensuada, acorde a los principios constitucionales y al marco regulatorio existente», concluyo Ramos.
2015-09-15 15:32:12
