Un problema debatido
SAN JUAN, Puerto Rico.- Los problemas fiscales del Gobierno de Puerto Rico, que se acumulan desde hace décadas, hicieron crisis esta semana, tras la determinación del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de cerrar parcialmente el Ejecutivo de la Isla.
Por largos meses se debatió la probabilidad de que el Gobierno de Puerto Rico se quedara sin dinero suficiente para completar sus obligaciones de pago de este año fiscal, que vence el 30 de junio próximo.
Como consecuencia del gobierno «dividido» que existe en Puerto Rico desde enero de 2005, nunca hubo un acuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo en torno al presupuesto de este año fiscal boricua, que comenzó en julio pasado.
Pero, la Constitución de Puerto Rico, aunque permite extender el presupuesto anterior al próximo año fiscal, también le exige al Gobierno que el presupuesto esté equilibrado.
Ese es uno de los retos de esta controversia, en un país cuyas ramas legislativa y ejecutiva quedaron divididas tras las elecciones de noviembre de 2004. El Ejecutivo está en manos del Partido Popular Democrático (PPD), que logró elegir a Acevedo Vilá como Gobernador, mientras la Cámara de Representantes y el Senado son controladas por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
En el Senado, sin embargo, el PNP se enfrenta a su propia división interna, ante la insistencia del presidente de esa colectividad, senador Pedro Rosselló, en desbancar de la presidencia a Kenneth McClintock, ya suspendido de su partido, junto a otros de sus colegas, por precisamente negarse a entregar su puesto.
Bajo ese inusitado panorama político, el Ejecutivo y el Legislativo han estado enfrascados en un esfuerzo (otros dirían una batalla) por aprobar reformas contributiva y fiscal que ayuden a terminar con la insuficiencia de fondos del Gobierno central, brindándole, entre otras cosas, nuevas oportunidades de recaudo al Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
Pero, el Gobernador sostiene que la falta de acción durante este año fiscal ha evitado solucionar la crisis presupuestaria y que se necesita un préstamo de por lo menos $531 millones para poder pagar toda la nómina gubernamental durante los últimos dos meses del año fiscal.
La esperanza del Ejecutivo es que una reforma contributiva que incluya un nuevo impuesto sobre la venta de 7% permita evitar una nueva crisis en el año fiscal 2006-2007, que comienza en julio, y pagar el préstamo que ahora se quiere pedir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El PNP, dirigido por Rosselló, cree que el préstamo no es necesario, ha alegado hasta que el Departamento de Hacienda oculta ingresos y sostiene que de cara al próximo año fiscal un 5.5% de impuesto sobre la venta (eso incluiría un 1.5% de impuesto municipal) es suficiente para equilibrar el presupuesto, si el Gobierno toma medidas fiscales fundamentales. A juicio del PNP, el Gobernador perdió un año sin implantar medidas destinadas a achicar el tamaño del Gobierno.
Todo este debate tiene como telón de fondo la supervisión que ejercen las agencias acreditadoras estadounidenses, que regulan los bonos del Gobierno de Puerto Rico que se emiten en el mercado de valores y requieren de un nivel de excelencia para evitar que el país tenga que enfrentarse a tasas de intereses excesivas en el mercado financiero. Las agencias han sido consecuentes en reclamarle al Ejecutivo un achicamiento de su nómina gubernamental.
Si las cosas no se resuelven pronto – y una de las alternativas pudiera ser un acuerdo, que ya tiene el visto bueno del Senado, que permitiría obtener el préstamo y establecer un punto medio en el porcentaje que alcanzaría el impuesto sobre la venta (quizá un 5.9%)-, las agencias acreditadoras colocarán en un nivel «basura» el crédito del Gobierno de Puerto Rico.
Y, sobre todo, se mantendrá sin trabajo a alrededor de 95,000 empleados del Gobierno, consecuencia directa del cierre temporal de 43 agencias gubernamentales, y sin clases a sobre 600,000 estudiantes del sistema de educación pública, que estaban a puntos de completar su año escolar.
El cierre del Departamento de Educación puede provocar, además, la pérdida de alrededor de $263 millones en fondos federales. Para minimizar el efecto del cierre sobre las asignaciones federales, que en un año suponen sobre $5,000 millones sin incluir derechos adquiridos de ciudadanos, el Ejecutivo de Puerto Rico mantiene en funcionamiento programas federales de la amplia mayoría de los departamentos del Gobierno puertorriqueño.
2006-05-05 11:09:09
