En Puerto Rico entró en vigencia el impuesto a la venta
SAN JUAN, Puerto Rico.- A partir de hoy, el consumidor afronta la nueva realidad del impuesto a la venta y uso (IVU) que surgió como una medida para lidiar con las serias dificultades económicas del gobierno, pero cuyo efecto repercutirá prácticamente en todos los aspectos de la vida económica del País.
En este momento, no es posible definir con precisión el alza en el costo de vida que tendrá el nuevo tributo y cómo cambiarán los patrones de consumo. Lo que sí es un hecho es que el IVU aumentará los recaudos del gobierno.
Pero todavía quedan numerosos cabos sueltos en la reforma contributiva. Anoche la Legislatura no aprobó una medida que daría paso a enmiendas a la Ley de Justicia Contributiva de 2006 con el fin de que el impuesto al 1.5% fuera obligatorio para todos los municipios y aplicara de manera uniforme en las ventas de artículos y servicios.
Ese 1.5% junto al 5.5% del cargo estatal equivalía al impuesto del 7% autorizado para el IVU.
Al no aprobarse la obligatoriedad, en algunos municipios, como en San Juan, en donde el impuesto es de 1%, el impuesto total será de 6.5%.
La Legislatura sí aprobó algunas enmiendas a la ley, como por ejemplo, la que exime a los alimentos no preparados del impuesto estatal y del municipal.
Pero quedó sin definirse si de los recaudos del 1.5% se creará un barrilito para los legisladores repartir, a lo cual se opone el Senado y el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
IVU vs. costo de vida
Pero con la puesta en vigor del IVU hay una realidad innegable: el ingreso en general de los boricuas no ha crecido a la par con el costo de vida en los pasados años y no se anticipan alzas salariales significativas en los próximos años.
Esta situación presagia un recrudecimiento de las diferencias entre el ingreso y el costo de la vida, en la medida que el efecto concreto del impuesto se manifieste. “No hay duda que el asunto del ingreso de la gente es un problema con el que habrá que trabajar. El gran reto del gobierno será incrementar el desarrollo económico, la productividad y su capacidad de realizar inversiones en la infraestructura para estimular al sector privado y la actividad económica en general”, planteó el economista Luis Benítez.
Benítez indicó que el IVU debe provocar a corto y mediano plazo una mejoría de las finanzas públicas, lo que le permitirá al gobierno realizar emisiones de bonos y aumentar significativamente la inversión pública. Si esto ocurre es posible que el gobierno y el sector privado estarán en una mejor posición de ofrecer aumentos salariales, indicó.
El economista Elías Gutiérrez sostuvo que el gobierno y el sector privado deben concentrarse en aumentar la productividad del País para entonces ofrecer aumentos salariales.
“¿Dónde dice en la Constitución que hay que aumentar los salarios si aumenta el costo de vida? Lo que hay que aumentar es la productividad, para que haya recursos para elevar los salarios”, sostuvo Gutiérrez.
El secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, reconoció ayer que lo más importante “en este momento” para la administración de Aníbal Acevedo Vilá es salvar el crédito del gobierno.
Explicó que “una vez que se pongan en orden las finanzas del gobierno” el Gobernador no tendría reparos en decretar aumentos salariales.
Mientras tanto, es predecible que el consumidor será selectivo en sus compras, porque el IVU elevará el costo de vida, dijo Benítez.
Señaló que los consumidores deben esperar que bajen los precios de los productos tras la eliminación del arbitrio del 6.6 %. Pero indicó que el IVU se le impondrá a productos que nunca estuvieron sujetos al 6.6%.
Además, el IVU se le impondrá a los servicios que también estaban exentos, lo que tendrá un efecto en el alza en el costo de vida del puertorriqueño.
“¿Cuánto será el alcance de ese efecto? En este momento no se puede definir porque no hay información suficiente”, agregó Benítez.
Apuesta a la competencia
Pero Gutiérrez señaló se deben reflejar bajas en los precios de los productos por el efecto de la competencia que promueven las precios bajos de las grandes cadenas.
Indicó que la competencia es más fuerte en el sector de los servicios, lo que debe limitar el alza que el IVU pueda producir en este sector.
Sin embargo, Gutiérrez observó que será favorable que aumenten los precios para que se restrinja el consumo.
“¿No queríamos que el consumo se redujera? Con el IVU tenemos la oportunidad de que el consumidor aprenda a comprar y de que se reduzca en consumo”, dijo el economista.
Agregó que otro factor a favor del consumidor será que el alza en los productos y en los servicios por el IVU “será una sola vez”.
“No será un alza continua como ocurre en los procesos inflacionarios”, sostuvo.
De hecho, Benítez sostuvo que el IVU llega “en el peor momento” de la economía local, que atraviesa una recesión, y para el consumidor, que se ha visto afectado por el alza en el costo del petróleo, la energía eléctrica y otros servicios.
Gutiérrez por su parte, indicó que la capacidad recaudadora del IVU no serán tan amplia como pudo haber sido por las numerosas exenciones, lo que afectará la capacidad del gobierno de rehabilitar rápidamente las finanzas públicas.
Ambos indicaron que otro beneficio del IVU es que captura parte del dinero que circula en la economía subterránea, uno de sus principales objetivos.
Los economistas reconocieron que para paliar el efecto en el alza del costo de vida se debieron aprobar más beneficios contributivos para la clase media, el sector más afectado por el sistema contributivo y el que menos beneficios recibió en la reforma contributiva.
La clase media oscila entre los ingresos de $50,000 a $100,000 anuales.
Méndez señaló que en el futuro la Legislatura debe considerar bajar más las tasas contributivas, especialmente de la clase media.
Indicó que un defecto de la reforma que se aprobó es que las alivios contributivos se concentraron en algunos sectores de bajos ingresos y dejó desprovistos de alivios a las familias con ingresos de más de $50,000.
Sostuvo que los $700 millones en alivios que fueron aprobados representan una cantidad considerable, “pero se debieron distribuir de una forma más justa y equitativa”.
Gutiérrez agregó que no se aprobó una reforma contributiva sino una “farsa” que responde a una decisión estratégica del Partido Nuevo Progresista (PNP) de obstaculizar el crecimiento económico para ganar las elecciones del 2008..
Indicó que la verdadera reforma la propuso el Ejecutivo “pero fue vetada y los alivios contributivos que se aprobaron van dirigidos a beneficiar a los sectores de escasos recursos”, en el que, según dijo, se concentra la fuerza del PNP.
2006-11-16 11:06:27
