Rep.Dom. 4 de Septiembre 03:00 P.M.-El economista Julio Ortega Tous considera que el gobierno debe acelerar la concertación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la importancia que deberá tener el programa general que se pacte no sólo respecto a la reforma fiscal que será discutida.
También consideró impostergable que la República Dominicana explore alternativas jurídicas que en su opinión existen, que permitirían al Estado renegociar los contratos de generación y venta de electricidad que lo atan al sector privado hasta su vencimiento en 2016.
Ortega Tous fue cuestionado en Propuesta de la Noche, por Digital 15, sobre los pactos fiscal y de electricidad que el presidente Danilo Medina ha propuesto al país con el de educación como las metas fundamentales de su administración.
La semana pasada el ministro de Economía, Temistocles Montás, anunció que el gobierno explora alternativas con el FMI que lo indujeron a pedir que fuera pospuesto para septiembre próximo el inicio de las discusiones el jueves pasado de la reforma fiscal en el Consejo Económico y Social (CES) que reúne a todos los sectores del país.
«Es mejor que el gobierno consulte lo más rápidamente posible para un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) no sólo para lo fiscal, sino (también) para la puesta en ejecución del programa (Stand By) en breve, pues el tema fiscal en el país no debe ser retrasado», aconsejó Ortega Tous.
El gobierno ha emitido US$500 millones en bonos al mercado interno para el pago del cincuenta por ciento de una deuda que asciende a mil millones de dólares con el sector privado de electricidad por concepto sobre todo de generación.
En ese sentido, Ortega Tous pidió poner atención al porqué los organismos multilaterales que abogan por un aumento en el precio de la tarifa de la electricidad en el país dejan siempre fuera de sus análisis el cómo se forman los precios del kilovatio.
Citó por ejemplo que una generadora de electricidad a carbón en Puerto Rico y que también opera en el país vende allá el kilovatio/hora a siete centavos de dólar y en la República Dominicana de entre 16 a 17 centavos de dólar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que suple a las distribuidoras que suplen a su vez a los usuarios.
«Es inconcebible que hasta el 2016 no se puedan renegociar esos contratos, aun cuando hay mecanismos jurídicos alternativos para reducir el precio de un kilovatio caro, debido a que la formación de los precios obedece a una renta monopólica muy alta, en la que hay espacio para hacerla eficiente», comentó.
Agregó también que ello explica el porqué en diez años no se ha incrementado siquiera en un megavatio la producción energética en el país. Es un circulo vicioso que requiere de un punto de ruptura, tomar acciones respecto a un mercado de contratos que destruyó la capitalización que planteaba un mercado de competencia», acentuó.
Consideró por lo tanto que en este periodo de gobierno el país necesita que el sector público o el privado contraten por lo menos mil doscientos megavatios, porque de lo contrario la crisis en el suministro de electricidad a la población se agudizará.
En cuanto al tema fiscal, Ortega Tous estimó necesario equilibrar las contribuciones en un país donde unos pagan demasiado y otros nada y citó que sectores muy maduros como el turismo gozan todavía de privilegios fiscales recibidos en sus inicios y hasta el polígono central de la capital ha sido declarado polo turístico para incluir en esos beneficios a los nuevos hoteles en esa zona.
Favoreció que impuestos como el Itebis sean universales pero con más de una tasa, debido a que al igual que el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe ser progresivo, es injusto que una persona física pague igual porcentaje que una empresa que se gana diez mil millones anuales.
«Una pequeña empresa debe pagar menos de 29% de Impuesto Sobre la Renta y una tasa inferior la mediana y aunque en el Itebis hay servicios no gravados que deben ser incluidos pero no con el 16% sino con un 8%, pues cuando se engloban todas las tasas la máxima puede incluso reducirse con la imposición a muchas transacciones exentas», dijo.
Ortega Tous compartió la exigencia del empresariado de que la preocupación del Estado no debe ser sólo poner impuestos sino también mejorar la calidad del gasto público mediante una reforma integral, pero advirtió que integral no puede significar de ninguna manera derecho a veto.
Estimó que la orientación de la reforma fiscal que será discutida debe ser mejorar el control y calidad del gasto y un control social más alto, eliminar gastos duplicados que generan ineficiencia y, como meta, fortalecer la presión tributaria hasta elevarla a 17% en este periodo y a 24% al 2030, como establece la meta de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
«Esta no es una meta excesiva, pues en Jamaica, que es un país igualmente pequeño, tiene más de 30% y Brasil 35%, una correlación entre la capacidad fiscal del estado y la calidad del gasto, lo que da por resultado un país más justo y con mayor nivel de desarrollo», comentó.(HG).
2012-09-04 18:49:18
