Rep. Dom. 22 de Enero.-El Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT) consideró que ninguna institución que reciba fondos del erario público puede contravenir la ley 340-06, que rige el sistema de compras y contrataciones públicas y su nuevo Reglamento de Aplicación creado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 543-12.
La entidad sostiene que tanto el Reglamento como los manuales de procedimientos elaborados por la Dirección General de Contrataciones Públicas procuran transparentar las compras en el sector público y de esa manera reducir la corrupción mediante el tráfico de influencia en las instituciones oficiales.
Para el CODAIT, ninguna ley está sujeta a interpretación ya sea de algún funcionario público como de ningún ciudadano, de igual manera nadie puede colocarse por encima de la ley.
Al referirse a la postura del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien alega que ese organismo es de carácter autónomo y que en consecuencia no puede ser supervisado por ninguna institución del gobierno central, el CODAIT señaló que la JCE, al recibir fondos públicos, está sujeta a la supervisión de sus gastos, al igual que las demás dependencias del Estado.
El Párrafo I del artículo 2, de la ley número 340-06, que trata de las instituciones sujetas a las regulaciones previstas en dicha ley, dice: «A los efectos de esta ley, se entenderá por Gobierno Central, la parte del sector público que tiene por objeto la conducción político-administrativa, legislativa, judicial, electoral y fiscalizadora de la República, conformada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas».
El CODAIT calificó de improcedente y carente de criterio institucional la elaboración de un reglamento independiente de la ley 340-06 por parte de la Junta Central Electoral, en el que el presidente de ese organismo maneja a su discreción la denominada Comisión de Compras y Licitaciones, lo cual contradice el emitido por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado mediante el decreto 543-12.
La entidad de la sociedad civil entiende que la actitud de Rosario llama a sospecha, luego de buscar evadir la fiscalización de su sistema financiero por la Contraloría General de la República, así como la supervisión de las compras por parte del órgano rector que rige esa área.
Deploramos que el Presidente de la JCE, pretenda erigirse por encima del bien y del mal, desafiando y violentando el orden institucional. Por cuanto llamamos al Congreso Nacional asumir su rol de fiscalización y control de entidades de esta naturaleza; rol consagrado en el artículo 93, numeral 2, letra f de la Constitución de la Republica Dominicana.(HG).
2013-01-22 19:49:33
