Desde Casa Abierta, queremos alertar al señor presidente Luis Abinader a poner atención a una situación que ha venido ocurriendo en gobiernos anteriores, y se reitera en su administración. Nos referimos a la disminución de apoyo a las Asociaciones sin Fines de Lucro – ASFL, que trabajan en prevención y tratamiento de las adicciones.
La reciente decisión de la Sra. Miriam Germán Brito, procuradora general de la República de hacer entrega al Ministerio de Hacienda de más de 108 mil millones de pesos, en propiedades, joyas y dinero en efectivo, es a nuestro juicio una decisión violatoria a las disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es también una evidencia de que en nuestro país la aplicación de las leyes está supeditado a la discreción de las personas que tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las mismas.
Por muchos años las organizaciones sociales que trabajamos en la reducción de la demanda de drogas, hemos estado insistiendo ante las autoridades sobre el cumplimiento del artículo 33 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que especializaba el 15% de los recursos que esta ley genera para estas organizaciones. Las respuestas siempre fueron: no hay disponibilidad.
La decisión mencionada es, a nuestro juicio, evidencia de indolencia o desconocimiento de la importancia de estas organizaciones para la sociedad dominicana. La entrega se hace con el argumento de dar cumplimiento a la nueva Ley 60-23, para administración de bienes secuestrados, incautados, y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Sorprende la entrega de todos los recursos disponibles al Ministerio de Hacienda, ignorando el principio de la no retroactividad de la ley y la promesa de cumplir lo que ordenaba el artículo 33 de la Ley 155-17. En la nueva legislación, este artículo que se mantenía como transitorio, desaparece, y con este el mandato legal que disponía específicamente la forma en que debían distribuirse los recursos provenientes del tráfico de drogas. A estas organizaciones, debía entregarse el 15%, que para muchas era el único apoyo del Estado.
Las organizaciones que prestamos servicios de salud en materia de drogas, desde 2016 al 2024, hemos visto disminuir el apoyo del Estado de forma sistemática. Pasamos de un promedio de tres distribuciones cada año, a solo dos en cuatro años, y siguió disminuyendo. En el periodo de gobierno 2020 -2024, solo se distribuyeron estos recursos en una ocasión. En esa oportunidad, agosto 2023, la Sra. Germán Brito, procuradora general de la República, comunicó que se estaba en proceso para en breve convocar para una nueva distribución. Esta convocatoria nunca se realizó, en cambio, se toma la decisión de trazar una nueva ruta a estos recursos, mientras las ASFL, esperábamos la conclusión del proceso anunciado públicamente.
Nuestras organizaciones desarrollan los más importantes programas preventivos y de atención a la demanda para los trastornos por uso de sustancias de las poblaciones más necesitadas de nuestra sociedad. Estas decisiones, que nos han ido despojando de apoyo estatal, parecen ignorar que las más afectadas son las familias y las personas que necesitan las atenciones que con espíritu compasivo y garantizando derecho a la salud, solo ofrecen nuestras organizaciones. El presidente Abinader ha mostrado disposición de apoyar a las Asociaciones sin Fines de Lucro – ASFL, que trabajamos en prevención y tratamiento de las adicciones, en el confiamos.
Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo
Psicólogo.
Director ejecutivo.
