Por Fitzgerald Tejada Martínez
La pasada semana, a solicitud del presidente Luis Abinader, se inició un diálogo entre el gobierno y sectores representativos de la vida nacional, para buscar una salida a las críticas generada por la promulgación de la Ley 1-24, a los fines de consensuar una posible revisión respecto de la peligrosa potestad que se confiere a la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Esta conversación se originó después de que, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD); la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA); y, los principales partidos políticos de la oposición, se pronunciaron enérgicamente en contra de la controversial legislación, afirmando que viola de manera grosera, principios, garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Constitución de la República.
Enseguida, el primer mandatario ripostó diciendo que “su gobierno era democrático y que, por tal razón, llamaría al diálogo para buscar un consenso”, por lo que instruyó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, así como también al director del DNI, Luis Soto, a reunirse con los ejecutivos de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, Aníbal de Castro y Manuel Tapia López, para iniciar conversaciones sobre el polémico instrumento coercitivo.
A la lista de invitados, también fueron agregados: Pablo Ulloa, defensor del pueblo; Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Sergio Tulio Castaños, vicepresidente de FINJUS; y, Lezzie Sánchez, coordinadora de Participación Ciudadana.
Además, se sumó: Nuria Piera, en su condición de representante de la subcomisión (Índice de Chapultepec), sobre la Libertad de Prensa de la SIP; César Dargam, ejecutivo del CONEP; y, Claudia García, en representación de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología.
En efecto, se anunció que este encuentro había sido concertado con el propósito de escuchar las opiniones y sugerencias de la sociedad, representada en este caso a través de las personas que participan en el diálogo, en aras de llegar a un consenso respecto de las dificultades legales del DNI.
En este escenario se acordó que el propósito de la conversación, “era buscar una solución a las inquietudes generadas por la Ley 1-24, tras considerar que contiene elementos que amenazan, sobre todo, a la libre expresión, la privacidad, y la protección de las informaciones personales de las personas, protegidas claramente por la Carta Magna”.
Igualmente se informó que durante estos encuentros “se definiría la ruta que servirá de guía, para revisar los artículos 9, 11 y 26, ya que, es donde están los aspectos más sensibles de la Ley, no obstante, la idea es revisar por completo todo su contenido”.
Hasta aquí, el andamiaje propagandístico para crear un ambiente de buena voluntad, logró su cometido mediático. Ahora bien, todavía falta por escuchar la versión oficial del gobierno, referente a la motivaciones que condujeron a modificar aspectos del anteproyecto legislativo, para entonces promulgar una ley, a sabiendas de que contenía elementos de inconstitucionalidad.
En lugar de sugerir una solución cosmética —por demás inviable—, el diálogo, propuesto capciosamente por el mandatario, debería ir más allá de los asuntos propios de los tecnicismos legales, tomando en cuenta la obligación de versar sobre cuáles fueron las verdaderas intenciones que condujeron a este atentado en contra del Estado Social y Democrático de Derecho.
Si bien es cierto que, el presidente Luis Abinader, ha mostrado “mucha disposición” para el diálogo —en reiteradas actuaciones—, no es menos cierto, su recurrencia en intentos violatorios de la norma sustantiva, aunque, después, ha tenido que echar para atrás. Por ende, es preciso poner en evidencia (para dejar constancia), la verdadera intención que hubo detrás de la conspiración para trastocar las libertades públicas.
El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) —como se conoce realmente—, fue creado en el año 1978, por el entonces presidente Joaquín Balaguer, con el objetivo de suministrar información sensible, acerca de los movimientos que hacían quienes se oponían al gobierno, tomando como referencia el modus operandi del tristemente recordado “Servicio de Inteligencia Militar” (SIM): Una máquina de terror y muerte que operó durante el régimen del tirano Rafael Leónidas Trujillo.
Es por eso por lo que, en medio de la discusión del tema, surgen varias interrogantes sobre, ¿qué necesidad tenía el presidente Luis Abinader, para poner en marcha esta Ley, a poco tiempo de las elecciones?, ¿Cuáles motivos condujeron a la modificación del texto original de la pieza legislativa?, ¿Qué ganaría Luis Abinader, eliminando con esta Ley, los avances de la Constitución del 2010?
¡Probablemente, nadie sabrá la respuesta!
Lo que sí podemos afirmar es que se está dialogando sobre un tema que colocó en riesgo de muerte a la democracia dominicana, ya que ni siquiera los voceros oficiales, han podido justificar la inexplicable puesta en marcha de la Ley 1-24, por lo tanto, la solución inmediata tiene que ser dejar sin efecto esa aberración jurídica.
La promulgación de la Ley 1-24, dejó a la sociedad dominicana, sin mecanismos adecuados para defender su integridad, es decir, la salida al impasse no es nombrando una comisión de notables, ya que dichas violaciones —constitucionales—, no son subsanables en este ámbito de concertación.
Pero, además, históricamente, los diálogos solamente han contribuido para enfriar los problemas, dejándolos sin solución. Por consiguiente, lo único que puede revertir el error de la promulgación del poder ejecutivo —si existiese una verdadera voluntad—, es enviando un anteproyecto al Congreso Nacional, derogando la Ley 1-24 (viciada en su integridad), y introduciendo una nueva.
En vez de seguir dándole largas al asunto, el presidente Luis Abinader, debió dejar a un lado su aplicación y, sin más titubeos, proceder en consecuencia, sometiendo otro anteproyecto que recoja el espíritu del nuevo organismo de seguridad del Estado, apegado a las leyes y los preceptos de la Constitución Dominicana.
Pero, como ya es costumbre, el mandatario utiliza la estrategia de pedir que “no politicen el tema”, pero en esencia, él mismo lo convirtió en político, cuando tomó la desacertada decisión de encaminarse por este terreno pantanoso, tal como hizo anteriormente con el tema respecto al desvío de las aguas fronterizas del río Masacre, hacia el lado haitiano,
Con relación a este hecho, es necesario recordar que, en marzo del pasado año, el gobernante, también llamó al liderazgo político, a conversar sobre su propuesta, respecto de un “gran pacto nacional” para tomar medidas que defiendan la soberanía, frente a la situación creada con Haití.
Ahora, nuevamente, Luís Abinader, utiliza la táctica que puso en práctica en aquella ocasión —cuando llamó a las organizaciones de la vida nacional, a dialogar por el conflicto dominico-haitiano—, en donde decía que “teníamos que unirnos como dominicanos”, pero soterradamente buscaba un provecho político de la situación.
Los dominicanos estamos plenamente conscientes de que debe existir una vía de entendimiento para juntos afrontar los principales desafíos que nos afectan como nación. Sin embargo, la población empieza a notar una recurrencia, por parte del gobierno, para tomar medidas arbitrarias, unilateralmente, sin buscar ningún tipo de consenso que proteja la integridad de los ciudadanos.
En aquel entonces, las principales organizaciones políticas se negaron a participar en la convocatoria auspiciada por el gobierno —alegando desconfianza—, por la manera como el presidente Luís Abinader, utiliza cada crisis para provecho propio, disfrazando su populismo con un «patriotismo ferviente» que solo ha provocado terribles daños en la población.
Ciertamente, cada vez que se presenta una crisis nacional, producto de la incapacidad de la actuales autoridades, para resolver los problemas, el gobierno recurre a la manoseada y desprestigiada estrategia de diálogo, intentando distraer la atención de los dominicanos, sobre las verdaderas causas de las desgracias que afectan a la nación.
Fitzgerald Tejada M.
