Franklin Almeyda Rancier
Fue al profesor Bosch a quien primero oí decir que hay cosas que tienen diferentes significados e importancias dependiendo de quíenes las diga. Esto viene a cuenta a propósito de una declaración escrita de Participación Ciudadana, el pasado 24 de enero, publicada en el “Diario Dominicano”, periódico digital que publica los lunes esta columna desde hace 10 años como lo hace El Caribe y otros medios. Reproduzco y comento lo que es una advertencia, quizás sin proponérselo, sobre la Ley 1-24.
La organización de la sociedad civil tiene su importancia por razones diversas. Tiene importancia por ser una entidad que ha jugado con su presencia y participación un papel favorable al proceso dominicano; y porque el país conoce sus vínculos, los cuales no ha escondido ni han afectado los criterios independientes con que ha actuado.
¿Qué dijo PC? “Diario Dominicano”, dirigido por Héctor Tineo, periodista profesional apegado a la ética, lo tituló: “Participación Ciudadana: La Ley 1-24 es inconstitucional por establecer la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial”. Cuando pasa al cuerpo de la información, desde el párrafo introductorio destaca lo declarado de que esa Ley 1-24 carece de un valor inicial, y es que para su aplicación debía referirse expresamente a la necesaria intervención judicial, conforme lo norma la Constitución.
A seguidas asegura “que, con esta ley o sin ella, los agentes de dicha entidad de inteligencia no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, a través del Ministerio Público. De hacerlo estarían violentando el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional”.
Debe recrearse que en la cultura y memoria de los dominicanos se respetan las normas y principios que rigen con rango constitucional, entre ellos los que esta Ley 1-24 vulnera. El presidente Abinader y su gobierno, han desconocido esos valores empezando el año, demostrando un manejo irrespetuoso a las normas democráticas. Todo sucede a semanas del proceso electoral para cambio de autoridades y gobernante. De ahí que el párrafo siguiente dicho por Participación Ciudadana, es la gran advertencia, aunque no fuera su propósito, al comportamiento del gobierno dominicano contra el proceso democrático.
Dice: “Entendemos la preocupación que ha despertado este tema, sobre todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo, la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información “con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.”
A su vez en expreso reconocimiento a la actitud del pueblo dominicano, destaca: “Un aspecto positivo que ha tenido este tema de la Ley No. 1-24, es que ha servido para probar las alarmas que protegen nuestros derechos fundamentales. Esas alarmas han sonado en forma dura y clara”
Está expresado con palabras revestidas de una clara disposición: Las “alarmas” que “han sonado en forma dura y clara”, son clarines de que el pueblo dominicano ya está vigilante y preocupado a la espera de que el proceso electoral sea diáfano, limpio, democrático, donde funcionarios del Estado y el Presidente-candidato respeten la transparencia, incluido cesar estar involucrando el aparato militar, persistir provocarïa desgarramiento social difícil de controlar.
Franklin Almeyda Rancier
