Mario Rivadulla
Aunque ya lo habíamos comentado brevemente, creemos necesario volver sobre el tema de las exenciones fiscales concedidas a tenor de casi tres docenas de leyes y cuyo monto se estima que este año alcanzarán la suma de ciento dieciocho mil millones de pesos, de acuerdo a los datos ofrecidos por el doctor Guarocuya Félix, Director General de Impuestos Internos.
Realmente es una cantidad muy significativa, tanto que supera la del déficit fiscal que según los señalamientos más coincidentes monta a unos ciento cuatro mil millones. De hecho, no faltará quien con una visión de corto alcance y opinión a la ligera piense y hasta sugiera que si se dejan sin efecto todas las leyes de incentivos, estaríamos equilibrando las deficitarias finanzas públicas.
Pero…¿es esto posible? Y, sobre todo, ¿es conveniente?
Ha sido el diputado Marino Collantes quien en la Cámara Baja ha estado aireando el tema del sacrificio fiscal que representan las exenciones otorgadas a distintos sectores de la economía y argumentando en contra de las mismas.
La caja de resonancia en el Senado la ha encontrado en el representante de La Vega, Euclides Sánchez, quien le adiciona al tema la afirmación de que las leyes de incentivos han sido producto de acuerdos electorales entre las clases empresarial y política.
Honestamente no creemos que sea así. Cierto que hay empresarios y también quienes no lo son que a cambio de sus contribuciones a las campañas de partidos y candidatos, esperan y reciben algún tipo de retribución. Pero no necesariamente ni en todos los casos aplica esta especie de «dame que yo te daré», a la aprobación de leyes orientadas no a privilegiar a un empresario determinado sino a facilitar el desenvolvimiento de sectores específicos con la finalidad de facilitar su crecimiento y por consiguiente el de la economía nacional, mejorar su nivel de competitividad, crear empleos y en tiempo prudente a compensar al Estado en el plano fiscal.
Hay que significar que es una práctica que existe en numerosos países, principalmente aquellos de economía limitada, como es nuestro caso, que se encuentran en fase de desarrollo y precisan dinamizar el proceso, concediendo facilidades tanto a inversionistas nativos como para atraer capital extranjero.
Sí es válido revisar toda esa amplia y variada legislación. Y es seguro más que probable, que se encontrará que en ese conjunto de leyes, que siempre deben tener un carácter transitorio, más de una que ya no tiene razón de ser por haber cumplido sus objetivos y otras más que no han hecho o servido para lograrlos. Por ahí, también de seguro, se hallará una buen cantera de recaudación impositiva.
Pero nunca todos los casos ni de manera indiscriminada. El propio Director General de Impuestos Internos, que es el funcionario directamente más interesado en incrementar las recaudaciones, así lo manifiesta al plantear que las exenciones tributarias deben ser revisadas en función de un pacto fiscal, pero advirtiendo que es tema a ser tratado con mucho cuidado.
Se impone pues, energía pero también prudencia. Actuar con cuidado y no a la ligera. Eliminar solo las exenciones que proceda sin afectar las que estén justificadas y cumpliendo los objetivos que inspiraron su aprobación. Hacerlo de manera indiscriminada sin este previo y necesario análisis, pudiera convertirse en el clásico remedio que resulta peor que la enfermedad.
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2012-09-19 21:10:27
