Sin dudas, el más fuerte reto que afronta ahora mismo el gobierno del Presidente Danilo Medina es el de la Reforma Fiscal.
Durante la campaña que lo llevó al poder, el hoy mandatario prometió que trataría de llevar a cabo la misma por vía de consenso con los distintos sectores involucrados. Se tiene entendido que el Presidente ha venido haciendo consultas en este sentido.
El tema es de una complejidad extrema. Hay coincidencia en reclamar la rebaja del gasto público, atribuyendo en parte al exceso del mismo el monto del déficit fiscal sobre el cual se hacen distintas estimaciones pero sin que hasta ahora se sepa con exactitud a cuanto asciende.
El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el país en días recientes en una especie de gestión exploratoria con vistas a concertar un nuevo acuerdo con el gobierno, concedió mucha importancia a la crisis eléctrica. De hecho, atribuyó al cuantioso subsidio ser en gran parte responsable del déficit que arrojan las cuentas oficiales.
La crisis financiera que acompaña al sistema eléctrico y que se ha tragado unos cinco mil millones de dólares en los últimos cinco años, parece ser un tema sin solución de continuidad.
En días recientes, el Vicepresidente de la CDEEE, Rubén Bichara, insistió en la necesidad de que todo el mundo pague por el consumo de energía. Es un reclamo reiterativo pero hasta ahora una especie de prédica en el desierto. El temor al costo político de poner a pagar compulsivamente el servicio, ha sido gobierno tras gobierno el principal escollo para lograr la estabilidad del sistema. La misma ley que penaliza el robo de energía ha sido infuncional en la práctica. Los casos sometidos y sancionados han sido mínimos y no han servido de ejemplo aleccionador a los evasores.
Lo cierto es que el gobierno requiere de más recursos, no ya para cubrir el faltante del presente año, sino para afrontar las cargas y compromisos del 2013, entre estas el destinar a la enseñanza el cuatro por ciento. Pero por otra parte, hay un 40 o un 45 por ciento de la población navegando en medio de la pobreza y a la que no es posible penalizar con mayores impuestos.
La cada vez más reducida y agobiada clase media ha sufrido los mayores embates en las sucesivas reformas fiscales anteriores. No parece que esté en capacidad de soportar nuevas cargas. Y los empresarios por su parte, alegan que un aumento en la presión tributaria, que sostienen en su caso es del 18 por ciento y no del 13 como alega el equipo económico oficial, les restaría competitividad.
El Estado otorga más de 108 mil millones de pesos anuales en incentivos y subsidios a través de distintas leyes y disposiciones. Parte de ellos pueden y deben ser eliminados. Otras facilidades impositivas sin embargo, tienen que ser mantenidas a riesgo de resultar mayores los perjuicios que los beneficios. Un caso específico pudiera ser el de las zonas francas industriales.
El proyecto de reforma pasa ahora a manos de los legisladores. Serán estos los que tengan la responsabilidad final de su aprobación. De seguro que dará lugar a numerosas discusiones y propuestas de modificación. La tarea no es fácil. Es preciso que el debate en torno al mismo no esté contaminado de interés partidario, populismo ni prejuicio. Que prime en todo momento la sensatez y la racionalidad. Son muchas las piezas que hay que ajustar. Como hemos señalado, toda reforma tienen que partir de una base de elemental justicia: quienes más paguen deben ser quienes más ganen. Pero también de justicia es que todos paguen y no unos soportando la carga de los evasores.
De esperar que los legisladores estén a la altura de la delicada misión que tienen por delante.
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EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
L
2012-10-07 01:27:26
