EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Cada vez y han sido muchas que hemos enfocado el tema durante todas estas largas cuatro décadas de continuos apagones y colapsos reiterados y continuos del sistema eléctrico bajo todos los gobiernos que se han sucedido en el poder, hemos insistido en que por su complejidad y costo ni será fácil ni rápida su solución ni lograda con inexistentes varitas mágicas ni remedios milagrosos. Y hemos puesto especial énfasis en la necesidad de controlar el fraude y el robo que forman parte de nuestra cultura a todos los niveles sociales, desde los más bajos hasta los más elevados estratos económicos.
En algunos países, los gobiernos hacen aportes para subsidiar deficiencias y costos demasiado elevados en ciertos servicios públicos, aún aquellos manejados por el sector privado. Es muy probable aunque no podemos afirmarlo de cierto, que salvo algún que otro caso excepcional, esos aportes no han sido tan sostenidos en el tiempo ni tan elevados en el tiempo como es nuestro precario sistema energético.
Ni tampoco la cantidad de usuarios que no pagan por el servicio y de muchos otros, estos últimos pertenecientes a sectores de altos ingresos que incurran en tal cantidad de maniobras dolosas para burlar la factura o liquidarla por un consumo muy inferior al real. Para ello existe todo un mecanismo de alteración de los contadores y otras fórmulas para llevar a cabo las cuales hay verdaderas mafias, a las que no han sido ajenos empleados de la propia CDEEE y de empresas contratada por esta para ocuparse de los servicios de reparación.
Cuando en días recientes, en ocasión de un encuentro muy asistido de periodistas, en el cual el Vicepresidente de la Corporación, Rubén Jiménez Bichara, trazó una amplia panorámica de la situación del sistema y anunció la decisión firme del gobierno de adquirir sendas plantas de ciclo combinado a gas y carbón de 300 megavatios cada una, tanto para ampliar la oferta como para, por vía de competencia, la posible adquisición de energía a las generadoras privadas a un costo más módico, sus palabras fueron acogidas con beneplácito y divulgadas ampliamente. No pasaron muchas horas sin que el Presidente Danilo Medina les diera el espaldarazo de apoyo político necesario, al declarar que se trata de una firme decisión del gobierno.
Por nuestra parte al comentar favorablemente el proyecto, volvimos a señalar que si bien se trata de un primer paso de gran importancia, para lograr un servicio estable, eficiente y si posible a menor costo es necesario un plan integral que abarque otros aspectos. De manera específica, mencionamos el fraude y las pérdidas de transmisión. Temas a los que pocos días después en una entrevista concedida al periódico El Caribe, el propio Jiménez Bichara hizo también referencia.
¿Cuán importante es esto? La respuesta está en los datos que acaban de dar a la luz pública el gerente de la CDEEE, Juan Rodríguez y los respectivos gerentes de Edeeste y Edesur, Luis de León y Rubén Montas, revelando que las pérdidas para las distribuidoras por robo y fraude ascienden a 482.4 millones de dólares y por fuga de energía por las redes de transmisión a 242.5 haciendo un total de 727 millones 600 mil dólares en número redondos.
¿Y qué representa esta cifra? Nada menos que casi la mitad de los mil 500 millones con que cada año hay que subsidiar el sector eléctrico por un servicio irregular, costoso y deficiente que sufren también los que honran mes por mes su factura de consumo, en forma doblemente injusta. Es un dinero botado al mar que sale de las arcas públicas, es decir de los impuestos que pagan los contribuyentes ya que no contribuye a la mejoría del sistema sino a su precario mantenimiento.
¿Es posible una solución? Pensamos que sí cuando le entremos con la manga al codo al tema eléctrico en todas sus facetas, se concrete la adquisición de las nuevas plantas, se promueva una mayor inversión privada en una generación de más bajo costo, se mejoren las redes de transmisión y se enfrenten en forma decidida los demás problemas del sector, incluyendo poner a pagar a todos los usuarios y persiguiendo y aplicando con severidad la ley que penaliza el robo y el fraude, aún sea de nombres que se escuden en su posición social, condición económica o conexiones políticas.
Hará falta eso si un pacto eléctrico y una estrategia global, tiempo, dedicación, recursos, comprensión, paciencia y apoyo de la ciudadanía. Pero sobre todo una firme voluntad política. Danilo Medina la ha expresado. Y Jiménez Bichara afirmado su decisión de poner manos a la obra. Confiemos que ambos cumplan su palabra.
teledebate@hotmail.com
2013-06-17 20:31:38
