EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
Desde Santiago de Chile, donde se encuentra de visita, el presidente de la Junta Central Electoral ha expresado una vez más que uno de los principales retos que plantea al organismo que dirige las campañas electorales es poder detectar e impedir el aporte de dinero sucio proveniente del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y cualquier otra actividad ilícita.
No anda descaminado el licenciado Roberto Rosario. No es tampoco una preocupación de última hora. Desde hace tiempo, la Junta ha venido expresando la misma y reclamando la necesidad de contar con mecanismos de control para enfrentar una situación que pudiera llegar a viciar gravemente el proceso de escogencia de las autoridades electivas.
Si bien la Junta dispone de facultad para reclamar de los partidos políticos cuenta detallada de la forma en que invierten los recursos del presupuesto nacional que reciben a través de la misma, no dispone de marco legal ni mecanismos para en cambio poder controlar el flujo de los que provienen de fuente privada. En consecuencia, de poder establecer el origen legítimo de los mismos.
Es una laguna legal a la que si en el pasado no se le concedió demasiada importancia, ahora en cambio es de apremiante urgencia poder llenar, sobre todo después que los grandes carteles de la droga y capos del crimen organizado han hecho acto de presencia en nuestro medio para sus operaciones ilícitas, en particular el lavado de buena parte de los cuantiosos beneficios que se derivan de las mismas. La presencia de este es más que evidente. Está a la vista de todos y se concreta en toda una serie de sustanciales inversiones, principalmente en el sector inmobiliario aunque también en otras diversas áreas de negocios.
Financiar campañas electorales a fin de contar en un momento determinado con la complicidad y apoyo en instancias del Estado figura dentro de la amplia nómina de sobornos utilizada por carteles de la droga y las mafias como un costo necesario para la realización de sus negocios turbios. No es fábula, ni exageración. Los ejemplos de Colombia en un pasado reciente y de México en un tenebroso presente, más algunas manifestaciones que hemos tenido en el escenario doméstico, son bien ilustrativos de esa realidad que representa un serio riesgo de contaminación de nuestras campañas electorales.
De ahí la importancia de poder contar con la capacidad legal y los instrumentos adecuados para mantener un control permanente sobre el origen de los fondos de fuente privada que reciban los partidos y los candidatos, a fin de establecer sin margen a dudas, su carácter legítimo.
Porque ya de por sí el ejercicio político en nuestro medio bajo el actual marco clientelar en que se desenvuelve, resulta suficientemente vulnerable y deficiente para sumarle como negativo valor agregado la incidencia e influencia del dinero sucio proveniente del narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades de carácter doloso. Algo que sin duda sería de las más graves consecuencias.
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2014-11-06 04:07:46
