EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Prácticamente comenzando la Semana Santa, la prensa divulgó unas enérgicas declaraciones del Procurador General de la República advirtiendo que su despacho se mantendrá alerta para evitar la presencia de menores de edad en drinks, bares, colmadones y prostíbulos.
En estos últimos no es raro encontrar la presencia de jovencitas adolescentes ejerciendo la prostitución, muchas veces con conocimiento y autorización de sus progenitores, que sin recato ni cargo de conciencia sacan provecho económico de la explotación de sus propias hijas.
No hace ni tantos días que en un operativo encabezado por el propio despacho del doctor Francisco Domínguez Brito se logró rescatar de sendos prostíbulos a varias menores de hasta 12 años, que habían sido negociadas por sus propios padres. No es una situación infrecuente como no lo es tampoco la de padres y padrastros que abusan sexualmente de sus hijas naturales o de crianza, a veces por espacio de varios años. Más de una de estas infortunadas víctimas ha quedado embarazada como resultado de esas relaciones incestuosas.
Por otro lado, pese a estar estrictamente prohibido el despacho de bebidas alcohólicas a menores y adolescentes, la disposición es quebrantada con frecuencia y por lo general, con total impunidad para los dueños y empleados de los negocios donde se expiden. Solo de tarde en tarde, cuando se lleva a cabo un operativo de las autoridades sale a la luz esta realidad. Y aunque los negocios son clausurados y los responsables sometidos, no tardan en obtener su libertad, reabrir sus establecimientos y seguir operando bajo los mismos patrones.
Ahora mismo, con motivo de la Semana Santa y pese a las múltiples advertencias de las autoridades de someter a las autoridades a los respectivos progenitores, 35 niños y jovencitos, de entre 3 a 15 años de edad, según registro del COE, tuvieron que ser atendidos por intoxicación alcohólica.
Es de suponer que los adultos responsables, tanto en el caso de las menores vendidas como prostitutas como de los menores atendidos por ingesta de alcohol, sean sometidos a la Justicia. Y de esperar también que los tribunales en tales casos actúen con el rigor merecido para que sirva de escarmiento a los responsables y advertencia para el futuro.
Ahora bien, al margen de las consecuencias penales, quedan estos hechos y muchos otros similares que por desgracia no llegan a conocimiento de las autoridades en unos casos y en otros, cuentan con la lenidad y hasta la complicidad de estas, como una palpable demostración del alto grado de descomposición moral de la institución familiar en nuestro país que se refleja en esta ausencia total de responsabilidad y conciencia paternal y maternal.
El reto en este caso más que de simplemente aplicar sanciones penales, refleja la gran necesidad de emprender una gran cruzada de rescate de los valores esenciales a la familia, como célula primaria y básica de toda la estructura social de la nación dominicana.
Un desafío que también debía figurar de preferencia en la agenda de prioridades del país.
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2015-04-07 21:51:18
