EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
En la prensa escrita ha estado saliendo, a página completa, un comunicado de Alerta Nacional por parte de la Mesa Presidencial contra el Contrabando, la Falsificación e Informalidad de Bienes.
Dicha Alerta está dirigida al sector comercio sobre los riesgos de la venta ilegal de bebidas alcohólicas y cigarrillos que sean adulterados, de dudoso origen o que no hayan pagado los impuestos correspondientes.
En el cuerpo de la publicación se exhorta a los comerciantes a no involucrarse en estas operaciones ilícitas, algunas de las cuales, asegura, son promovidas por el crimen organizado, advirtiendo de posibles sanciones en caso de prestarse a comercializar productos que se encuentren fuera del marco de la legalidad.
Desde el punto de vista fiscal, tan solo el contrabando de bebidas y cigarrillos, priva al Estado de recibir ingresos por cientos de millones de dólares anuales. Para la industria local representa una competencia desleal que reduce sus ventas y por extensión, los impuestos que tributan donde ambos productos figuran como los principales contribuyentes a las arcas públicas.
En adición, estos artículos de consumo público entrados al país de contrabando y puestos a disposición del público de manera ilegal, pueden resultar de cuestionable calidad de elaboración, por lo que también comportan un potencial riesgo para la salud de los usuarios.
Demás señalar que el llamado a cooperar con esta campaña para frenar una actividad ilícita que el comunicado califica apropiadamente de «flagelo», cuenta con todo nuestro respaldo irrestricto y militante.
Sin embargo, creemos que la Alerta que contiene y la acción colectiva a la que convoca adolece de una omisió Esto así, en razón de que únicamente menciona las bebidas alcohólicas y los cigarrillos y en cambio, no hace la menor referencia a los medicamentos ilegales.
Se trata de una práctica criminal y punible, altamente lucrativa, que se ha venido realizando por años de manera casi impune, debido en buena parte a las desidia de las autoridades y a la tímida disposición de los tribunales para aplicar a los infractores las penalidades de elevadas multas y hasta diez años de prisión que figuran en el Código Sanitario vigente.
Durante todo ese tiempo, la Asociación que agrupa a los representantes, agentes y productores farmacéuticos ha venido bregando con el tema, destinando cuantiosos recursos y desplegando ingentes y sostenidos esfuerzos a combatir este grave mal con más tenacidad por su parte que la necesaria acogida por la de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de ponerle freno.
Se trata de un negocio de naturaleza absolutamente criminal, que produce ingresos por mucho de mil millones de pesos cada año, donde participan elementos influyentes, como directos beneficiarios unos y cómplices otros. Innecesario reiterar el daño que representa para la salud de los usuarios e inclusive el riesgo de vida que comporta el consumo de los medicamentos ilegales, contrabandeados, falsificados, alterados o comercializados después de vencidos.
Oportuno y necesario, por consiguiente, que la Mesa Presidencial integrada para enfrentar el contrabando, la falsificación e informalidad de bienes incluya en su oportuna Alerta Nacional, el no menos importante desafío que representa la comercialización impune de los medicamentos ilegales a fin de ponerle freno a esta práctica criminal.
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2015-05-06 16:40:16
