EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
Seguramente cuando el joven arquitecto David Rodríguez ganó por concurso el derecho a ejecutar una obra del Estado por un monto superior a veintiún millones de pesos, se sintió un hombre afortunado. Y no es de dudar que pensara que en ese momento se abría para el un futuro de mayores oportunidades de progreso, si llevaba a cabo el trabajo en forma exitosa. Lejos estaría de imaginar que muy por el contrario, ese supuesto paso de avance en su carrera profesional se iba a convertir en un verdadero calvario que lo llevaría a tomar la trágica decisión de quitarse la vida por propia mano, en un angustioso gesto de impotencia y desesperación.
De seguro tampoco imaginó que su muerte iba a ocasionar tal impacto público y poner al desnudo todo un entramado de corrupción, generalmente sospechado y muchas veces denunciado pero no probado ni sancionado, cuando previamente decidió dejar constancia escrita de las dolorosas circunstancias que lo llevaron a tomar tan trágica determinación, marcando con un sello permanente de luto la vida de su esposa y sus tres hijos, hoy viuda y huérfanos que lloran la pena de su ausencia en el modesto hogar del cual era único suplidor.
El infortunado David se ha convertido en un cadáver muy pesado que seguramente obligará a investigar en profundidad y amplitud las razones que lo llevaron al suicidio, las prácticas dolosas de que resultó víctima fatal y las complicidades envueltas, bajo la mirada exigente de una ciudadanía convulsionada como en pocas ocasiones anteriores.
Por lo pronto, se publica que las dos personas denunciadas por David en su testimonio postrero, han admitido, bajo el peso de exhaustivos interrogatorios, que otorgaban «favores» al propio David y a otros infortunados contratistas como él, una forma eufemística de encubrir un sucio y perverso negocio de extorsión mediante la retención de los cheques del Estado correspondientes a las cubicaciones de las obras en proceso o ejecutadas para obligarles a tomar préstamos en condiciones de abusiva usura.
Las reacciones no se han hecho esperar. La Fiscal contra la Corrupción Pública, Laura Guerrero, promete que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias. Y el Ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, da seguridades de que tanto en este como en cualquier otro caso que se presente, los responsables tendrán que responder de sus acciones sin «vacas sagradas», al tiempo de asegurar que se tomarán medidas para agilizar los desembolsos a los contratistas que tienen a su cargo la remodelación y construcción de aulas.
De la sociedad civil también se han dejado escuchar voces y reclamos. Uno de ellos procede de la Fundación Institucional y Justicia 9 (FINJUS) en la persona de su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños, quien plantea la eliminación de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado, cuya existencia, tanto él como otros, consideran no rinde ningún papel útil y ha sido, por lo general, señalada como fuente de corrupción.
Denuncias también de casos similares al de David son externadas ahora, un tanto tardíamente, por el CODIA, al cual se le reprocha haber mantenido una actitud de tímida complacencia y acomodamiento frente a este tipo de situaciones que vendrían presentándose desde mucho antes.
Cabe esperar, tal como se promete, que la investigación sea llevada hasta sus últimas consecuencias y ramificaciones para lo cual es importante mantener en alerta el reclamo ciudadano de que no solo se haga justicia en este caso, sino que sirva mayormente para poner al descubierto y erradicar cualquier entramado y asomo de corrupción tanto en el otorgamiento de las obras públicas, como en su honesta y correcta ejecución así como en los desembolsos a los contratistas sin el pago de peajes, comisiones ni sobornos. Sería la mejor demostración de que la trágica y desesperada decisión de David no resultó en vano.
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2015-09-30 17:20:15
