EL TIRO RAPIDO
Ha sido una decisión política inteligente, humanitaria y sensata de las autoridades extender por un año la vigencia de la tarjeta migratoria provisional a quienes, dentro del plazo establecido, no pudieron completar la documentación requerida por el Plan de Regularización implementado por el gobierno. La extensión, que no conllevará costo alguno, les permitirá disponer de un tiempo más amplio para cumplir con ese requisito que les proveerá el permiso de residencia. En números redondos la cantidad se fija en unos 143 mil.
Aunque la medida no discrimina nacionalidad y aplica para todos los extranjeros que iniciaron y no pudieron completar los trámites para acogerse al Plan, más que evidente que la inmensa mayoría de sus beneficiarios corresponde a naturales haitianos. Muchos de estos no han podido obtener los pasaportes o cédulas que establezcan su identidad, los cuales resultan imprescindibles para obtener el permiso que regularice su estancia en el país y les permita disfrutar de los derechos que ampara.
Ya durante el proceso de ejecución del proceso de regularización quedó clara la nula disposición del gobierno haitiano, entonces encabezado por Michel Martelly, cuya hostilidad hacia nuestro país le brotaba por todos los poros, de contribuir al buen éxito del mismo.
Mientras nuestro gobierno ofrecía el servicio de manera gratuita, lo que representó un cuantioso sacrificio presupuestario que se hace ascender a mil 200 millones de pesos, Martelly y sus compinches vieron en el Plan una oportunidad de lucrarse. A ese fin, fijaron montos prohibitivos para la adquisición de los documentos de identidad para sus nacionales. El costo era tan escandalosamente exagerado para una comunidad de bajos ingresos, que provocó una masiva protesta de esta, lo que obligó a moderar las tarifas aún cuando todavía representaron un gran sacrificio económico para los solicitantes.
Pese a ello, argumentando la falta de libretas para pasaportes, miles de haitianos no pudieron obtener sus documentos de identidad a tiempo, pese a que en no pocos casos los habían pagado por adelantado.
Ahora la situación no parece haber mejorado en ese sentido, quizás por el hecho de que el país vecino atraviesa un tenso proceso político y de provisionalidad gubernamental. En días recientes, se produjeron protestas frente a la embajada haitiana, tanto reclamando la entrega de pasaportes y cédulas como denunciando un cobro adicional de 120 dólares. En este contexto, Antonio Pol Emil, de la Red de Encuentro Domínico Haitiana, acusa a su gobierno de ser irresponsable por no entregar los documentos a sus compatriotas.
Es evidente que para que el proceso de regularización pueda completarse con normalidad, resulta indispensable la colaboración de las autoridades haitianas. A estas corresponde la responsabilidad de dotar de documentos de identidad a sus nacionales. Y en este sentido, sería deseable que las organizaciones que han venido manifestándose y trabajando a favor de la comunidad haitiana en el país, con igual diligencia asuman la misma actitud responsable de Pol Emil y dirijan su mirada y su reclamo hacia el otro lado de la frontera para demandar del gobierno vecino que cumpla con su responsabilidad y preste su mayor colaboración para el buen éxito del Plan.
Esto así para, en caso contrario por la razón apuntada, luego no se trate de cargarle el dado a nuestro país y autoridades atribuyéndoles culpas que no serán de nuestra responsabilidad.
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2016-07-14 10:32:06
