EL TIRO RAPIDO
Alcaldes y regidores que quedarán cesantes a partir del próximo 16 de Agosto están convirtiendo su salida en un verdadero festival de despedida, aumentándose los sueldos y asignándose pensiones. El precio de la orquesta, el salón, las suculentas picaderas y las costosas bebidas irían con cargo al Presupuesto Nacional. O sea, a los pacientes y sufrientes ciudadanos que con su esfuerzo, ya sea profesional, intelectual, científico o con el sudor de su frente, a través de los impuestos que pagan, tendrían que cargar con el peso de toda esta incalificable desvergüenza.
Salvo en el caso del Distrito Nacional, donde la Comisión de Regidores a la que fue sometida en estudio, rechazó de plano la pretensión de varios de estos avivatos de asignarse pensiones de setenta y ochenta mil pesos, en otros ayuntamientos está teniendo lugar estos groseros intentos de despojo.
El caso más escandaloso es el del ayuntamiento de Santiago donde los ediles, en una sesión que contó con menos de la mitad de los integrantes del Consistorio, se aumentaron los salarios a 210 mil pesos mensuales y elevaron el del alcalde a 450 mil. Rechazarlo es el reto que ha prometido enfrentar el futuro mayor Abel Martínez, quien calificó el hecho como «una desvergüenza inadmisible». Referido el cumplimiento de su compromiso.
Pero los malos ejemplos se extienden como el fuego con la gasolina. De una vez han surgido imitadores.
En Moca, el Concejo de Regidores premió a cuatro salientes con sendas pensiones de 37 mil pesos mensuales, seguramente con la idea de allanarse el camino para cuando les llegue el turno de dejar el cargo.
Y ahora, en Bonao, dos regidores han sido premiados con las correspondientes pensiones que les alivie el costo de la vida, en tanto el alcalde que terminará sus funciones dentro de tres semanas ha visto aumentado su sueldo de 75 mil a 150 mil pesos al tiempo de ser pensionado…naturalmente en base a este aumento que le proveería de un plácido y aburguesado futuro. Toda una chulería.
En este último caso, el venidero mayor, haciendo uso de las redes sociales aclara que no tiene responsabilidad en el hecho, pero a diferencia del próximo alcalde de Santiago, evade el compromiso de no permitir que se consume la vagabundería.
No hay que llamar la atención sobre el rechazo con que se han recibido estas decisiones en sus respectivas comunidades, dado que no tienen la menor justificación salvo el deseo de seguir disfrutando de la generosa ubre que provee los fondos estatales, que en cambio, escasean para apremiantes necesidades en seguridad ciudadana, salud, servicios públicos y otros requerimientos.
De hacer notar el silencio de que en torno a estas decisiones han hecho gala, hasta ahora, la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, como si no se tratara de un tema que les atañe de manera directa.
Se trata de acciones a todas luces inmorales, reñidas con la más elementales normas éticas, propia de salteadores que han ido a los cargos a servirse y no a servir y pretenden seguirlo haciendo, aún después de haber cesado sus mandatos.
Pero, además…¿no establece la Constitución la prohibición de las autoridades de legislar en su propio beneficio? ¿no alcanza esta prohibición al ámbito municipal? ¿no advirtió ya el Procurador General que los violadores podían ser sometidos a la justicia?
¿Se aplicará en estos casos la norma constitucional? ¿Serán los transgresores traducidos a los tribunales y sancionados? ¿No es hora ya de que tengamos un país donde las acciones ilegales tengan consecuencias?
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2016-07-26 10:58:01
