EL TIRO RAPIDO
UNA BUENA SEÑAL
Mario Rivadulla
El matutino El Caribe en su edición de este día trae una muy interesante información ofreciendo los detalles de las respectivas declaraciones de bienes de varios de los principales ministros del gobierno y más cercanos colaboradores del Presidente Danilo Medina. Ya antes, tanto el mandatario como la Vicepresidenta, Margarita Cedeño habían cumplido con ese trámite de ley.
Como los tres más acaudalados integrantes del gabinete figuran el Canciller Miguel Vargas Maldonado; el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero y el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
En el segundo rango de riqueza aparecen José Ramón Peralta, quien cuando hace alguna declaración pública sobre asuntos oficiales o políticos se entiende que es casi como si estuviese hablando el propio mandatario y el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Y en un tercer escalón de bienes poseídos, Antonio Isa Conde Ministro de Energía y Minas; Pedro Vergés, de Cultura; Rubén Darío Paulino Sem, de Defensa; el de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana; el de Educación, Andrés Navarro; el discreto pero influyente Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, regente de la Salud Pública; el doctor Carlos Amarante Baret, de Interior y Policía; el de Deportes, Danilo Díaz y Alejandrina Guzmán, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Todos, aún los de más modesto capital, disponen de suficientes bienes para figurar en el rango de clase media alta a clase superior, desde los más de 695 millones que declara Vargas Maldonado quien aparece como el más acaudalado hasta Alejandrina Germán, la de capital más bajo con algo menos de 13 millones y medio.
Al poner a conocimiento público sus respectivos caudales, todos están enviando una buena señal y dando un ejemplo de transparencia. En cada caso, sus capitales cuentan con el endoso de actividades industriales, comerciales, profesionales o financieras, que les sirven de soporte, desarrolladas previo al ejercicio de sus cargos públicos.
Pero además, sirven como aviso de apremio para todos aquellos otros a los que la legislación impone el deber de declarar sus bienes al asumir y al cesar en sus cargos, muchos de los cuales ignoran olímpicamente la norma, sin que hasta ahora se les hayan aplicado las sanciones correspondientes, que van desde simple amonestación hasta la destitución.
Está claro que el solo cumplimiento de esta disposición, no garantiza el desempeño honesto del funcionario público. No es escasa la cantidad de quienes van a la administración no para servir al país sino a servirse ellos mismos y acumular fortunas de origen ilícito al amparo del poder.
Pero al menos, es un primer paso dentro de un proceso de exigente monitoreo del comportamiento y estilo de vida, del que en no pocos casos hacen grosera exhibición con un nivel de gastos muy superior a sus ingresos conocidos, que no tendrían manera de justificar frente a un proceso serio de investigación por superficial que sea, confiados y amparados en una insultante impunidad a la que es preciso ponerle freno y sanción sin más demora.
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2016-10-21 12:04:36
