EL TIRO RAPIDO
Por Mario Rivadulla
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. De entrada hay que señalar que esta se encuentra presente en todas las sociedades en mayor o menor medida. Y de igual modo que no es un mal que se concentra exclusivamente en el ejercicio de las funciones públicas sino que también aqueja a las actividades privadas, en muchos casos asociadas a quienes desempeñan aquellas.
¿Cuál es entonces el factor que marca la diferencia entre sociedades donde los niveles de corrupción resultan mínimos y excepcionales y otras donde, en cambio, proliferan al punto de convertirse en una práctica generalizada? Esa distinción la definen dos palabras contrapuestas: sanción o impunidad.
Las sociedades en que para enfrentar la corrupción pública, privada o asociada se establecen mecanismos de control y contención y es perseguida y sancionada ejemplarmente, son mínimos sus niveles e infrecuentes los casos. No ocurre así, en cambio, en aquellas otras donde son escasos o ineficientes los mecanismos de prevención y prevalen la permisividad e impunidad, corrompiendo y tornando cómplice de manera progresiva todo el tejido social.
Es, en gran medida, nuestro propio caso, en que los contados expedientes sometidos a la Justicia por esta razón quedan envueltos en una espesa madeja de subterfugios y complicidades que los aprisionan impidiendo que se puedan despejar posibles responsabilidades y aplicar las sanciones de lugar. Tal como advierte el respetado obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor Víctor Masalles, parece prevalecer una norma de compadreo culpable, en que funciona la tapadera mutua, «hoy yo por ti y mañana tu por mí».
Casos de larga data como el expediente de INDRHI iniciado años atrás y del que no se ha hablado más; el del Semma, el seguro de salud de los maestros, donde se registró un déficit de cientos de millones de pesos y se asegura que no figuran entre los sometidos los principales responsables; el escandaloso de la compra de los Tucanos, donde igualmente solo guarda prisión preventiva el coronel marcado simplemente como el «hombre del maletín» y quien ha dicho y repetido públicamente que la Procuraduría contra la Corrupción sabe las teclas que hay que tocar sin que la misma se de por aludida al igual que sobre la imputación que le hace la presidenta de la Cámara de Cuentas de no haber iniciado los correspondientes proceso en al menos veinte auditorías que se le han remitido donde han sido detectados serios indicios de graves irregularidades de carácter penal; la OISOE, con varios posibles escándalos a cuestas, el más notorio el del Darío Contreras; el de INAPA, donde la cifra involucrada se hace ascender a mil millones y la propia Administración de Justicia con la red de jueces dedicados a la venta de sentencias dentro de una lista bastante más extensa acumulada a lo largo de muchos años de corrupción pública y privada arropada de impunidad.
Repetido por nuestra parte una vez más: el finado Miguel Cocco, que dejó huella de gestión transparente al frente de las Aduanas, afirmó en más de una oportunidad que «la corrupción era la principal causa de la pobreza en el país». No exageraba.
Recién conocida la última evaluación del Foro Económico Global, donde aparecemos como el octavo país más corrupto entre 130 evaluados a nivel mundial. No es como para sentirnos orgullosos, mucho menos indiferentes. Esa penosa calificación nos coloca ante la apremiante necesidad de tratar de mejorar sustancialmente nuestro posicionamiento en esa importante medición, con tanto empeño como el esfuerzo que tenemos que hacer para salir del bache educativo en que llevamos sumergidos desde hace tanto tiempo y lograr el ideal de una educación de calidad.
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2016-12-12 22:15:30
