EL TIRO RAPIDO
RETO Y OPORTUNIDAD
El Procurador General de la República ha dado un plazo de cuarenta y ocho horas a todas las distintas entidades públicas que contrataron obras con la empresa brasileña Odebretch para que presenten la documentación relacionada con dichas operaciones y los nombres de los funcionarios y personas que de alguna forma intervinieron en su adjudicación.
Es un primer paso positivo y necesario, sobre todo ahora que de acuerdo a lo informado, la Fiscalía de Nueva York que intervino en el arreglo hecho por la multinacional carioca con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha dado por cerrado el escandaloso expediente de corrupción a nivel internacional, sin ofrecer los nombres de quienes en cada uno de los diez y seis países y más de un centenar de obras contratadas recibieron los sobornos.
Obviamente haber obtenido esa información de la fuente donde se negoció el arreglo hubiera facilitado mucho el trabajo de llevar ante la Justicia a quienes aquí participaron en el cuantioso soborno de 92 millones de dólares, admitidos por la Odebretch, por las distintas obras que ha ejecutado y tiene en vías de realización en el país. Pero si bien hace más trabajosa, la investigación en modo alguno la excusa.
Ya anteriormente habíamos señalado que para los Estados Unidos, el caso de la Odebreth más que de carácter penal era de orden financiero, debido a que la forma de proceder de la Odebretch excluyó toda posibilidad de que empresas norteamericanas pudieran competir por los jugosos contratos que obtuvo la compañía brasileña.
De ahí que las investigaciones hayan sido llevadas por su Departamento de Justicia y que la negociación con la Odebretch se haya limitado a imponerle multas a favor de los propios Estados Unidos, Brasil y Suiza, que superan el monto de los beneficios que se estima recibió la misma por la ejecución de las obras obtenidas bajo condiciones de soborno.
Pero para lo que ellos ha sido al parecer un simple tema de competencia ilegal y desleal que viola las normas éticas del comercio, para nosotros es además de orden criminal. Esos 92 millones de dólares que fueron a manos de funcionarios e intermediarios inescrupulosos y les permitieron obtener y disfrutar de una cuantiosa fortuna o aumentar la que ya tenían de antes, seguramente fruto de operaciones igualmente ilícitas, constituyen un vergonzoso saqueo de los fondos públicos y el patrimonio de los contribuyentes.
Puesto al desnudo este escandaloso expediente de corrupción, que además compromete y pone a nivel de guarida de delincuentes la imagen del país a nivel internacional, no hay excusa posible para poner en marcha los mecanismos de la Justicia. Para esta, constituye su más serio reto de credibilidad pero también oportunidad de redención si como sería deseable, somete y sanciona a los responsables con todo el rigor que demandan estos impúdicos actos de corrupción sin pretextos, complicidades, favoritismos ni compadrazgos, caiga quien caiga y llámese como se llame.
Al margen de la negociación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, salvo opiniones de peso en el campo legal, cabe suponer que el plano civil el país conserva de pleno derecho la posibilidad de encauzar una reclamación contra la Odebrecht por la sobrevaloración de los contratos obtenidos por vía de soborno. Y en este caso, es oportuno investigar si a más de esos 92 millones de dólares, no figuran costos inflados en los respectivos presupuestos. Que de esta calaña de tramposos, cabe esperar siempre lo peor.
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2017-01-03 10:24:39
