EL TIRO RAPIDO
Un grupo de instituciones han solicitado abrir una investigación para determinar si el presidente Danilo Medina recibió financiamiento de la empresa brasileña Odebretch para sus campañas del 2012 y 2016. Es un derecho válido y un reclamo legítimo en abono de la transparencia.
Sin embargo…¿por qué únicamente a Danilo Medina? ¿No sería más apropiado que la investigación abarque a todos los partidos y candidatos que hayan podido recibir financiamiento de la Odebretch, si es que en definitiva tuvo lugar?
Más que sabido ha sido una práctica normal que todos los partidos políticos y los candidatos sin excepción, tanto de gobierno como de oposición, soliciten aportes al sector privado. Y del mismo modo, lo ha sido también que los aportantes hayan facilitado recursos a unos y otros, como una prudente medida de previsión ante el impredecible resultado de las urnas. Esa práctica es común aquí y en todas partes. Y no hay por qué dudar que sería también el lógico proceder de la Odebretch, en el caso de que hubiese financiado campañas políticas en el país.
Limitar el reclamo únicamente al Presidente Danilo Medina, a quien, por cierto, hasta ahora, a lo largo de toda su carrera política, jamás se le ha endosado comisión o complicidad en un acto de corrupción, cuyo patrimonio tampoco ha sido objeto de cuestionamiento ni su vida una exhibición de riqueza y derroche, vendría a ser, por consiguiente, una acción incompleta y teñida de parcialidad. Y tanto lo uno como lo otro, arrojar sospechas de que el alegado objetivo de transparencia que se
persigue envolvería en realidad un trasfondo político.
Precisamente la aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos con recursos del presupuesto nacional, respondió al propósito de evitar que tanto los mismos como los candidatos tuvieran que depender del respaldo económico del sector privado. Su principal propulsor fue el desaparecido José Francisco Peña Gómez. Lamentablemente no pasó de ser un propósito fallido. Es de general conocimiento que en la práctica no ha resultado así.
Sobre esos aportes no ha habido hasta ahora control ni fiscalización. La ley no lo prevé. Y es por ello, precisamente, que con más insistencia hemos reclamado de manera reiterada en TELEDEBATE, que la nueva legislación electoral que se apruebe en el Congreso debe incluir la obligación de los partidos políticos y de los candidatos de dar cuenta obligatoria de tales aportes, sobre todo para impedir que recursos provenientes del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción o cualquier actividad ilícita puedan intervenir y contaminar los procesos electorales.
De esperar que ni gobierno ni oposición pongan reparo para dejar establecido en la ley este necesario control, hoy más indispensable que nunca ante los fuertes cuestionamientos que han llevado a un punto de extrema crisis la credibilidad en la partidocracia nacional, cuya supervivencia está en juego como nunca antes.
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2017-06-10 00:17:48
