Arismendi Díaz Santana
Al dominicano de a pie no le concita ninguna confianza la estatización de la seguridad social, porque piensa que le irá peor, como ocurrió en el pasado con el IDSS, debido a que todavía persisten el clientelismo, la corrupción, los privilegios y el tráfico de influencia
La propuesta de estatizar el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ha caído en el vacío porque la mayoría de la población tiene la certeza de que sería un retroceso, ya que no confía en la calidad ni en la oportunidad de los servicios públicos, plagados de incapacidad, clientelismo y tráfico de influencia.
Sus sostenedores enarbolan una lucha contra el neoliberalismo el cual, ciertamente constituye la más radical negación de las conquistas sociales. Reduce a la población a un recurso más a capitalizar, hasta agotar su fuerza de trabajo, negando el derecho universal a la salud, a la educación y al retiro digno.
Los críticos tradicionales y doctrinarios concretan sus denuncias sobre el gran capital financiero internacional. Y, al mismo tiempo, reivindican la estatización per sé, como la gran panacea, ignorando el rol fundamental del Estado como garante policial de una política económica y social excluyente.
En esta lucha se incurre en tres errores: 1) se oculta el rol del Estado como el sostenedor del statu quo; 2) se renuncia a una crítica objetiva sobre la naturaleza neoliberal del Estado; y 3) se presenta a un Estado excluyente como la antítesis de un neoliberalismo, del cual es el órgano ejecutor.
¿Cómo desconocer la participación estelar del Estado dominicano en el mantenimiento de la vieja estructura sanitaria, heredada del Código Trujillo de Salud? ¿Cómo exculpar de esta responsabilidad a un Estado que no ha promovido ningún cambio estructural durante 60 años, 16 períodos gubernamentales, 8presidentes y 4 partidos políticos de todos los colores?
¿Por qué en unos temas el Estado ha impuesto cambios “importantes” y en otros no? ¿Usted cree que es posible conservar el modelo sanitario trujillista durante tanto tiempo, sin la participación activa y permanente del Estado dominicano? ¿Cómo explicar, salvo honrosas excepciones, la enorme brecha entre el discurso y la acción política, una vez se asume una posición pública?
¿Cómo explicar la privatización de la salud sin el auspicio del Estado?
El enfoque simplista sobre la naturaleza y el funcionamiento del neoliberalismo conduce a asumir mecánicamente que todo lo público es esencialmente bueno y conveniente, per sé, para la población común, independientemente de la política económica y social impuesta por el propio Estado.
Lógicamente, en estas condiciones objetivas, constituye un contrasentido luchar contra el neoliberalismo, defendiendo y fortaleciendo a un Estado intrínsecamente neoliberal y excluyente. Como diría el pueblo llano, “eso sería caer en un gancho”, atajar para que otro enlace.
Lejos de premiar de antemano la ineficiencia, exclusión, el clientelismo y la irresponsabilidad del Estado, lo que corresponde es evaluar críticamente su comportamiento histórico, denunciando su “falta de voluntad política”, a fin de crear una conciencia popular que articule una gran alianza nacional para exigir los cambios y transformaciones que dispone la Ley 87-01.
En nuestro país el Estado mantiene una apariencia centrista y democrática, por ejemplo, creando múltiples instituciones de “regulación y control”, supuestamente “para fiscalizar y sancionar” los excesos del sector privado. Pero, en la práctica ninguna de esas instituciones ejerce su verdadera función reguladora y sancionadora. Todo lo contrario.
Esta práctica explica porque la fiscalización es tan superficial, insípida y permisiva y porque ninguna de esas instituciones es percibida por la población como realmente defensora de los intereses públicos y de los derechos esenciales de la gente común. En la práctica, estamos frente a un Estado neoliberal de facto, muy vernáculo.
Tradicionalmente el Estado se ha limitado a “hacer más de lo mismo”, para preservar el statu quo. Por esa razón la población desconfía de la calidad y oportunidad de los servicios públicos, y no espera una acción efectiva y real de los gobiernos en la solución de sus problemas y necesidades más perentorias.
Debido a estos antecedentes históricos, al dominicano de a pie no le concita ninguna confianza la estatización de la seguridad social, porque piensa que le irá peor, que perderá derechos, como ocurrió en el pasado con el IDSS, debido a la persistencia del clientelismo, de la corrupción, de los privilegios y del tráfico de influencia. Ahí están los ejemplos de la educación y la salud: caminando durante décadas en un círculo vicioso. ADS/437/19/05/2022
