EL TIRO RAPIDO
De
Mario Rivadulla
Sin dudas, Jaime David Fernández Mirabal le ha entrado con la manga al codo a los problemas ambientales. El hombre parece firmemente decidido a llevar adelante una verdadera cruzada en defensa de nuestros recursos naturales y a poner freno a la depredación de ríos y foresta, aunque para ello tenga que usar la mítica espada con que Alejandro Magno cortó el nudo gordiano.
En Santiago, personalmente, asumió la recuperación de terrenos considerados área verde reservada, echando a bajo por propia mano divisiones que parcelaban los mismos. En la isla Saona, dispuso y llevó a cabo el desmantelamiento de construcciones que habían sido levantadas de manera ilegal. Y en el plano interno, ha adoptado medidas administrativas orientadas a hacer el uso más racional posible de los recursos conque cuenta que no son precisamente abundantes.
Los granceros a quienes esta semana se les vence el plazo concedido para explotar los ríos harían bien por consiguiente, en tomar muy en serio la palabra del funcionario cuando advierte que será inexorable en el cumplimiento de ese término, y que si no desalojan las cuencas que ocupan dentro del mismo entrará con un bulldozer, barrerá con todo y recuperará esas áreas verdes, que ya no lo son tanto después de la depredación a que han sido sometidas.
El aviso fue lanzado a través del Listín Diario, en su edición de ayer y desplegado como cintillo principal de portada como para que ninguno de los interesados pudiese no darse por enterado, al participar en el Desayuno de los lunes del popular matutino. En él, Fernández Mirabal hizo varios señalamientos tan interesantes como preocupantes. Uno de ellos, es la revelación de que de un total de mil 600 fuentes acuíferas que existen en el país, unas 400 solo tienen agua en épocas de intensas lluvias. Otro dato de gran interés es que el país cuenta con setenta y siete millones de tareas, de las que están en uso unas cincuenta, pero de éstas apenas algo más de una cuarta parte se aprovecha para cobertura forestal.
Imposible abarcar en la obligada brevedad de un comentario televisivo, todos los temas que abordó el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero hay uno en particular, sin embargo, en que conviene hacer énfasis: es su propuesta de que en el país se deben criminalizar los delitos ecológicos. Le sobra razón. Así como antes se le dio ese carácter a la importación, fabricación y comercialización de medicamentos ilegales, y a comienzos del presente año, se aprobó una ley que penaliza fuertemente el robo y fraude de energía eléctrica, es preciso otorgar la misma categoría jurídica de sanción a la legislación que regula las políticas ambientales en nuestro país.
Oportuno recordar que pocos días antes de resultar inexplicablemente relevado de su mando al frente de la guardia ambiental, el general Valerio García denunció que de más de siete mil casos de violación detectados por el cuerpo durante el 2007, apenas algo más de doscientos fueron llevados a juicio y apenas una cantidad ínfima recibieron sanciones, por demás tan mínimas que constituían un verdadero incentivo a la reincidencia. Una denuncia parecida hizo el Rector de UNIBE al exhortar a cientos de nuevos profesionales egresados de la misma, a convertirse en escuderos de los recursos naturales y cruzados en la preservación de la calidad del medio ambiente.
A la luz de los riesgos derivados de los cambios climáticos, cuyos efectos ya estamos sintiendo en el país, el delito ecológico es de una gravedad incuestionable y amerita ser sancionado con las penas más severas. De ahí, que la propuesta de Fernández Mirabal debe ser prontamente concretada en una modificación a la ley 64-00 que regula las políticas medioambientales, declarada de urgencia y aprobada sin demoras ni trabas innecesarias.
Por lo demás, satisface, tranquiliza y alienta comprobar que el ex Presidente está respondiendo a las expectativas que se cifraron en su designación con una gestión que de seguro podrá contar con el merecido reconocimiento y apoyo de la ciudadanía.
2008-10-15 13:28:02
