El grupo de periodistas profesionales, articulistas y comentaristas de radio y televisión, que ha denunciado la puesta en marcha de lo que califica como una ofensiva, contra medios de comunicación y comunicadores, no se corresponde con la realidad dominicana. Hemos avanzado en el respeto a la libertad de expresión.
Quedaron atrás los días en que un periodista podía ser privado de su libertad sin la autorización de un juez por ofrecer informaciones o hacer uso del derecho a expresar sus opiniones libremente, como ocurrió con Marino Zapete, Gonell Franco, Julio Martinez Pozo, los comunicadores Emilio Lemoine y Carlos Martínez, y el ex gobernador de Dajabón, Miguel Cruz.
El presidente Hipólito Mejía también amenazó con arrestar a Nuria Piera, por decir como Marino Zapete que se «usaban fondos públicos en la casa que se construía en Jarabacoa». El presidente Leonel Fernández es un garante de la libertad de información y de opinión. La Constitución que promulgó el 26 de enero de 2010, establece en su artículo 49: «Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa»…»Toda persona tiene derecho a la información.
Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinen la Constitución y la ley». El artículo 40 dispone: «Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal»…»Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito…». También protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista. Que funcionarios del Gobierno o dirigentes políticos recurran a la justicia cuando consideran afectado su honor, no se puede ver como acciones encaminadas «a reducir los espacios de libre expresión ganados por el pueblo dominicano en las últimas décadas».
No se puede olvidar que los espacios se redujeron por la intolerancia oficial de 2000-2004. El sistema de justicia es el lugar idóneo para dirimir los conflictos que enfrenten a partes. En el documento refieren el recurso que presentó el ex director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel al intimar a los programas de Alicia Ortega y sus anunciantes, «bajo los mismos alegatos que sustenta ahora el doctor Euclides Gutiérrez Félix».
En el primer caso un juez lo declaró improcedente, y Héctor Rodríguez Pimentel dejó sin efecto su decisión. El segundo caso no vincula al Poder Ejecutivo. La justicia es la que dictamina. Para bien del país el presidente Fernández tiene un criterio muy amplio de la libertad de expresión. Es un exceso denunciar su Gobierno por acciones privadas de funcionarios públicos. ¡Viva la libertad de expresión!
2011-09-07 06:17:25
