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Vocería de los dioses
Contra el estupro de la institucionalidad
Juan Llado
Entre los segmentos de mayor edad de la población prevalece, ante el previsible advenimiento de un nuevo partido de gobierno, un fuerte escepticismo sobre si mejoraran las practicas gubernamentales. De cada diez consultados debe haber 8 que creen que los nuevos incumbentes, lejos de rendir un servicio patriótico para adecentar y fortalecer las instituciones públicas, solo buscaran lucrarse con los haberes, bienes y rentas del erario, replicando así la corrupción de hoy. Es por tanto necesario engendrar nuevas intervenciones que aseguren una profilaxis moral de las funciones públicas y de sus ejecutores.
Es obvio que, por sí solas, la Constitución y las leyes no han podido acabar con la mala práctica contra la salud del erario. Ya sea porque no se cumplen o porque son tergiversadas por los interesados para beneficio propio, los componentes del entramado legal existente han fracasado en su misión de garantizar derechos y consolidar la institucionalidad democrática. Si no fuera porque es justo presumirle buenas intenciones, la culpa podría endilgarse a sus diseñadores: abogados constitucionalistas, legisladores, expertos en modernización del aparato estatal, líderes de opinión. Gran parte de sus aportes han resultado fallidos porque no han podido prevenir ni detener la corrupción, un flagelo percibido por la poblacion como el mayor problema del país.
¿Qué hacer para cambiar este deprimente estado de situación? Solo se perciben dos grandes posibilidades. La primera es que confiemos en que las luchas sociales y económicas, canalizadas a través de los partidos políticos, las instituciones de la sociedad civil y el Congreso reclamen con fuerza el adecentamiento y que eso se vaya logrando aunque sea a paso de tortuga. Después de todo, así es como la mayoría de las naciones avanzan. La otra es que, con un talante clarividente, se logre identificar nuevos mecanismos de aplicación del entramado legal que prometan la ansiada redención. Por supuesto, existirá la posibilidad de que esta última opción desemboque en el mismo empantanamiento. Pero también podrían surgir diseños y practicas conexas que minimicen los estragos que sufre hoy la institucionalidad.
Porque las ideas tienen consecuencias conviene entonces proponer aquí un esfuerzo adicional al margen de las tradicionales luchas políticas, sociales y económicas. Una cruzada cívica para fortalecer nuestra institucionalidad democrática tendría dos pilares fundamentales: la juventud universitaria y las universidades, ambos estamentos impregnados del idealismo y la sapiencia que mejor representan los valores aspiracionales de la «civilización» dominicana. Por estar en una etapa de la vida donde se incuban los sueños, la juventud se aferra a sus ideales y expresa los mejores valores. Las universidades, por su lado, son baluartes del conocimiento y precursores del cambio social que también comparten esos sueños, aunque no intervengan en las luchas políticas.
Estos dos estamentos estarían llamados a combatir las más purulentas lacras de la institucionalidad. Específicamente, aquellas que la clase política no ha logrado desterrar porque es su protagonista. Sin ser exhaustivos, esas lacras flagrantes incluyen las siguientes áreas del sistema político y del quehacer estatal: 1) los nexos entre los contribuyentes al financiamiento de las campañas electorales y el gobierno resultante, 2) el nepotismo en la administración pública, 2) la prevaricación de los funcionarios, 3) las exageradas compensaciones salariales y de otra índole, 5) los sobrecostos en compras y contrataciones estatales, 6) los roles fiscalizadores de los órganos de control del Estado, 7) las negligencias del aparato judicial, 8) la ejecución del gasto público, 9) la concesión de canonjías y privilegios injustificados, y 10) las malsanas practicas policiales. Hay otras lacras que estupran al erario e impiden, con lo que cuestan, la garantía de los derechos ciudadanos. Pero con las aquí citadas se puede comenzar la cruzada y se asume que, con un buen trabajo en su contra, se podría fortalecer significativamente la institucionalidad.
¿Qué hacer y cómo hacerlo? Lo primero es asumir que esta cruzada cívica se orquestaría a través de la tecnología digital. Como la casi totalidad de la matrícula universitaria dispone de acceso al internet y cuenta con dispositivos móviles y/o computadores, se crearía una plataforma digital con una sección para cada una de las llagas identificadas. Los estudiantes entrarían a la sección en la cual quieran una de dos cosas o ambas a la vez: 1) denunciar alguna irregularidad o anomalía respecto a ese tema, y 2) participar en un concurso semestral proponiendo soluciones o ideas para corregir los problemas detectados. La plataforma, por supuesto, contendría las instrucciones para que el estudiante pueda realizar esas intervenciones y almacenaría toda la información relacionada con cada intervención.
Las denuncias recibirían una rigurosa evaluación de parte de un comité compuesto por estudiantes y profesores de la universidad donde se origine. Con el auxilio de la gerencia universitaria se verificaría cada una preliminarmente. Eso permitiría que fueran dadas a conocer masivamente a través de las redes sociales. Y a sabiendas de que actualmente gran parte de la prensa actúa como remora gubernamental, la Sociedad Dominicana de Diarios se comprometería a dedicar una página mensual de cada periódico para publicitar las denuncias verificadas.
El patrocinio institucional de la plataforma estaría a cargo de tres entidades que, aunque de bajo perfil, tienen misiones afines en materia de labor cívica.: la Asociacion Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) el Defensor del Pueblo (DP), y 3) el Consejo Económico y Social (CES). La membresía de la ADRU la componen 28 de las más prestigiosas universidades, las cuales concentran un 85% del estudiantado universitario. Uno de sus objetivos justifica su participación: «Desarrollar y consolidar espacios de análisis de la problemática nacional conforme a lo establecido en la misión, con una visión prospectiva y propositiva.» La función del DP, según el Art. 191 de la Constitución, es «contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes.» El CES, según el Art. 251 de la Constitución, debe «asegurar la participación organizada de los empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social.» La justificación del involucramiento de estas entidades proviene de la necesidad acuciante que siente la poblacion por erradicar los atropellos a la institucionalidad.
Un petit comité de las tres entidades proveería la supervisión general de la cruzada. Pero la responsabilidad operativa de la plataforma, así como el estímulo a la participación del estudiantado, estaría a cargo de cada una de las universidades miembros de la ADRU. Pero una unidad ejecutora sería responsable de movilizar a cada institución para que motive a sus estudiantes y organice los concursos semestrales. El DP, por su lado, sería el responsable de instrumentar cualquier gestión o sometimiento legal que se desprenda de las denuncias y los concursos, mientras el CES celebrara entre los actores los diálogos que se juzguen necesarios para conjurar las llagas de fondo detectadas.
Complace que estén surgiendo iniciativas digitales tendentes al cambio social. El PRM ha montado un proyecto para involucrar a los jóvenes en el diseño de las políticas públicas. En una iniciativa sin precedentes también se está valiendo parcialmente de los medios digitales para orquestar la Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional. Por su lado, la Fuerza del Pueblo ha creado «Start up Leonel, una plataforma digital para orquestar un concurso entre jóvenes emprendedores.» Y la factibilidad de la cruzada cívica propuesta resulta evidente ya que el Mescyt ha informado que más de 200,000 universitarios estan tomando clases en línea como resultado de la pandemia.
La cruzada no debe ser una iniciativa gubernamental ni partidaria. Lo que se busca con ella es involucrar a más actores sociales en el fortalecimiento de nuestra base institucional. Por eso la diligencia para crear y mantener el tinglado propuesto debe venir de entidades tales como FINJUS, Foro Ciudadano y Participación Ciudadana. Pero lo ideal sería que fuera la ADRU quien tomara la iniciativa y liderara este esfuerzo de redención social. Después de todo, la juventud posee la moral más pulcra de la sociedad y las universidades son canales idóneos para aprovecharla.
Juan Llado
j.llado@claro.net.do
2020-06-01 14:22:27
