Lima, 16 feb (PL) Reacciones que oscilan entre la aceptación entusiasta o resignada y la discrepancia generó en Perú la firma en Brasil de un acuerdo que compromete a la empresa brasileña Odebrecht a dar información sobre cuatro contratos que implican ilegalidades.
La suscripción se realizó ayer en el consulado peruano en Sao Paulo, a cargo de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, y el procurador Jorge Ramírez, de un lado, y el exrepresentante de la empresa en Perú, Jorge Barata, del otro, y fue transmitida por televisión a Lima.
Barata asistió junto a Carlos Nostre, Renato Ribeiro Bortoletti y Ricardo Boleira, señalados por la prensa como relacionados con los trámites de pagos encubiertos de sobornos y aportes electorales a funcionarios y políticos peruanos.
En Lima, analistas y políticos coincidieron en considerar que, si bien puede tener demasiadas concesiones a Odebrecht, el acuerdo servirá para identificar a los corruptos aun no descubiertos y obtener evidencias contundentes para los que son investigados.
Parlamentarios del partido Fuerza Popular y cuya jefa, Keiko Fujimori, está presa por lavado de activos para encubrir fondos recibidos de Odebrecht con fines electorales, fustigaron el acuerdo, al igual que sus aliados del Partido Aprista, del exgobernante neoliberal Alan García, investigado y prohibido de salir del país.
Las críticas sostienen que la indemnización al Estado peruano pactada, de 610 millones de soles (aproximadamente 185 millones de dólares), es insuficiente, teniendo en cuenta que, además, se pagará en 15 años.
A ello se añade el pago de impuestos pendientes por 450 millones de soles (137 millones de dólares) y el compromiso de la empresa de cancelar este año junto la suma de la deuda tributaria y una primera armada de la reparación, de 50 millones de soles (15 millones 150 mil dólares).
El vocero parlamentario de FP, Carlos Tubino, criticó los citados montos por considerarlos muy bajos y su colega de bancada Yeni Vilcatoma, sostuvo que hay irregularidades en el acuerdo por las que denunciará a los responsables.
El exfiscal Avelino Guillén saludó el entendimiento y felicitó a los fiscales por la negociación, al señalar que está orgulloso de ellos porque sacaron adelante el acuerdo para que los corruptos que recibieron dinero de Odebrecht no queden impunes y lo hicieron pese a múltiples presiones, ataques y obstáculos diversos.
El acuerdo está referido solo a cuatro de los diversos proyectos que realizó Odebrecht en Perú y en los que ha aceptado que incurrió en ilegalidades, confesión indispensable para un entendimiento de este tipo, previsto por la legislación peruana.
Se trata de los proyectos de la carretera Vía de Evitamiento de la surandina región de Cusco, el Tren Eléctrico de Lima y dos tramos de la carretera Interoceánica a Brasil, así como la vía Costa Verde del puerto del Callao, adyacente a Lima.
Esas obras se contrataron, respectivamente bajo los gobiernos de Ollanta Humala (2011-16), Alan García (2006-11) y Alejandro Toledo (2001-06), y por cuenta del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, prófugo como Toledo.
Entre las concesiones polémicas hechas a la empresa, destaca la que le permite volver a contratar con el Estado una vez que pague su deuda tributaria, aunque una comentarista radial dijo que ello es conveniente a cambio de que ninguno de los corruptos quede impune y pretenda hacerse elegir presidente.
En declaraciones tras la firma del acuerdo, el fiscal Vela aclaró que puede haber nuevos acuerdos si las investigaciones confirman ilegalidades en otros proyectos y Odebrecht se ve obligada a reconocerlas, lo que es indispensable.
También confirmó que los funcionarios de Odebrecht darán en los próximos días información que requieran los fiscales, sin restricciones, relacionadas con los cuatro proyectos citados.
El pacto firmado deja en claro, anotó, que si los interrogados no cumplen con entregar la información requerida y las evidencias que la sustenten, Odebrecht perderá todos los beneficios obtenidos en la negociación.
agp/mrs/cvl
2019-02-16 10:49:49
