Caracas,26 oct (PL) La Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos (Arbol) de Venezuela se sumó hoy al respaldo creciente a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que garantizan derechos constitucionales.
De acuerdo con la presidenta de esa institución, Alejandrina Reyes, los profesionales tambien otorgan todo el apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien ante el desacato del poder legislativo presentó ante el TSJ la Ley de Presupuesto Nacional para 2017.
Reyes precisó que Arbol -integrada por 35 universidades y 29 instituciones y colegios con una matrícula de 2,7 millones de estudiantes- respaldan de manera incondicional otras medidas del Ejecutivo en particular el Decreto sobre el Estado de Excepción y Emergencia Económica
Esa política, dijo, permite asegurar a la población venezolana el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos, dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden constitucional, la paz social y la seguridad del país.
La guerra económica que impulsa la derecha en Venezuela, afirmó, está expresada en acciones coordinadas entre monopolios apátridas e intereses extranjeros, que estimulan la baja en los precios del petróleo, el contrabando y la escasez programada, asi como el alza especulativa de los precios.
En el remitido, los integrantes de Arbol también manifiestan ante el mundo que el pueblo de Venezuela continúa disfrutando sus derechos fundamentales a la vida, a la información, a la educación gratuita y a elegir democráticamente a sus gobernantes.
Por su parte, también gobernadores y alcaldes respaldaron el pasado 17 de octubre el Presupuesto Nacional para el próximo año, y la decisión del Poder Judicial para garantizar los recursos monetarios para el beneficio social y el desarrollo nacional.
El TSJ aprobó el presupuesto venezolano para el año próximo, en vista de la condición de nulidad en que se encuentra la Asamblea Nacional por desacatar sentencias del Poder Judicial.
El monto para el gasto público en 2017 contempla más del 73 por ciento para la inversión social.
2016-10-26 12:35:18
