CARACAS, 25 dic (Xinhua) — El gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Hugo Chávez, intensificó durante 2010 el rescate de empresas consideradas estratégicas.
Las nacionalizaciones en Venezuela empezaron en 2007 tras la reelección de Chávez en los comicios de diciembre de 2006, con un holgado margen del 62,84 por ciento de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con ese nivel de apoyo popular, y la perspectiva de un nuevo período de siete años al frente del gobierno venezolano, el mandatario decidió profundizar su proyecto socialista.
Una de los objetivos de ese proyecto es garantizar el control estatal de las actividades económicas consideradas clave para el desarrollo del país, como la producción de alimentos y materias primas, la explotación petrolera, la generación eléctrica y las telecomunicaciones.
Con ese objetivo, el gobierno nacional decretó en 2007 la nacionalización de la Electricidad de Caracas y de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV).
También ese año se anunció que todas las firmas internacionales que tenían contratos de explotación en campos petroleros venezolanos deberían constituirse en empresas mixtas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para poder seguir operando.
En 2008, las expropiaciones se diversificaron.
Además de nacionalizar mediante una ley la distribución de combustible en el mercado interno, el Poder Ejecutivo venezolano expropió las principales compañías cementeras y la empresa Lácteos Los Andes.
Pero la decisión más sonada fue la adquisición de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), uno de los complejos de producción y transformación de acero más grandes del mundo, ubicado en el estado Bolívar (sureste), y propiedad hasta entonces del grupo ítalo-argentino Ternium Techint.
A partir de entonces, las expropiaciones han sufrido un salto cuantitativo.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) calcula que entre 2007 y 2008 se estatizaron 56 empresas, mientras que en 2009 se expropiaron 131, y en lo que va de este año van 234.
El gobierno del presidente Chávez dice que las nacionalizaciones «fortalecen la soberanía y el poder popular», con récords de producción y una redistribución de las ganancias que se traduce en mayores beneficios para los trabajadores.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
El jueves 25 de noviembre, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció de manera oficial la compra del 81,2 por ciento de las acciones de la empresa Cadena de Tiendas Venezolanas (Cativen) al grupo franco-colombiano Casino.
Este anuncio puso punto final a casi 10 meses de negociación entre las partes, luego de que el gobierno nacional expropió en febrero la red de supermercados Cada y los Hipermercados Exito, que hasta ese momento manejaba Cativen.
La transacción garantiza al Estado venezolano una estructura de distribución de alimentos de primera línea y un sistema de transporte de víveres ya instalado y eficiente, dijo el vicepresidente.
Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), la alta inflación en esta nación suramericana, que este año se estimó en 26 por ciento, se concentra fundamentalmente en la comida.
El Poder Ejecutivo considera que los alimentos se venden a precios especulativos y, por ello, desde hace años fija el monto de los llamados «artículos indispensables».
Ante la persistencia del problema, el gobierno nacional decidió instalar una red productiva completa que abarque desde la elaboración hasta la distribución de los alimentos.
Esta medida busca abaratar el precio que paga el consumidor final y garantizar que no haya excesos o especulación en ningún punto de la cadena.
Este es el propósito que persiguen las expropiaciones de empresas relacionadas con la producción y distribución de alimentos que se han hecho entre 2009 y 2010.
Para incentivar los planes de siembra y agricultura, el gobierno ordenó la expropiación de miles de hectáreas de terrenos considerados improductivos, y nacionalizó recientemente la empresa de productos agroquímicos española Agroisleña.
En relación con la producción de alimentos, estatizó varias plantas procesadoras de arroz, una de pastas y dos centrales para el procesamiento de la caña de azúcar.
También expropió la empresa Molinos Nacionales (Monaca), dedicada a la producción de harinas, aceite, leche y avena.
Para el envasado de productos, se decretó la adquisición de las empresas Owens-Illinois, Envases International y Aventuy, fabricantes de contenedores de vidrio, aluminio y cartón, en orden respectivo.
Para el proceso de almacenamiento y distribución, se nacionalizaron unos galpones de las compañías Coca Cola-Femsa y Alimentos Polar, y se expropiaron varias empresas de transporte de alimentos de pequeña escala.
INTERVENCION EN SECTOR CONSTRUCTOR
Otro de los sectores en los que se ejecutaron expropiaciones recientes fue el de la construcción.
En este rubro se nacionalizó Sidor y posteriormente se adquirieron las cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, y la Siderúrgica del Turbio (Sidetur), medidas con las cuales el gobierno venezolano espera aumentar la disponibilidad de materiales de construcción.
El 31 de octubre pasado el presidente Chávez anunció la expropiación de seis conjuntos residenciales en construcción, de otros ocho ya concluidos y la aplicación de medidas especiales de protección sobre otros 19 desarrollos.
El Poder Ejecutivo expropió las compañías inmobiliarias para defender los derechos de las familias que adquirieron los apartamentos a través de contratos de preventa.
El gobierno acusó a las inmobiliarias de fraude y estafa por cobrar cuotas de pago adicionales, que en muchos casos incrementaban en hasta el doble o el triple los precios originales acordados con los compradores de clase media.
Los funcionarios explicaron que el gobierno decidió intervenir tras recibir más de 4.000 denuncias contra las compañías por estas irregularidades, y que ahora el gobierno se encargará de concluir las obras y entregarlas a sus legítimos dueños.
En efecto, el día 3 de noviembre el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) iniciaron la entrega de los departamentos que ya estaban concluidos y que las constructoras se negaban a entregar antes de cobrar pagos especiales.
Adicionalmente, se tomaron medidas legales en contra de los responsables de las estafas inmobiliarias.
La Fiscalía General de la República abrió la investigación de 230 casos, ordenó la detención de ocho personas y acusó a nueve más por su vinculación con el delito.
Como los mismos funcionarios de estos despachos y el presidente Chávez han repetido muchas veces, las expropiaciones de urbanismos apuntan a «hacer justicia y proteger los derechos de las personas».
El gobierno venezolano incrementó en 2010 el número de empresas que pasaron a su control; asegura que dicha política es exitosa y ha presentado algunas cifras que lo sustentan.
A principios de noviembre, el ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, reportó que las operaciones de la CANTV han crecido 65 por ciento en menos de cuatro años de nacionalización.
Empresas estatizadas en el sector alimentos también reportan números positivos. Según la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Lácteos Los Andes incrementó su producción de menos de 20.000 litros de leche diarios en 2008 a 282.000 litros en la actualidad.
Con todo, analistas económicos coinciden en que las expropiaciones no resuelven los problemas de inmediato, pero crean las condiciones para que el gobierno pueda garantizar el abastecimiento de satisfactores básicos y que la riqueza se distribuya de manera menos desigual.
2010-12-26 02:35:46
