Santo Domingo RD 16 enero.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Centro Juan XXIII plantearon una serie de recomendaciones al proyecto de Ley de Partidos que cursa en el Congreso.
Sugieren establecer un tope en las donaciones privadas, de personas físicas y jurídicas, y que se obligue a los partidos a presentar ante la Junta Central Electoral un presupuesto general del uso de los recursos públicos, de manera que este organismo tenga la potestad de decidir si dicho presupuesto cumple con los mandatos de la ley y, de lo contrario, retener los fondos.
Tribunal Superior Electoral
Con relación a las atribuciones del Tribunal Superior Electoral (TSE), proponen que las mismas sean definidas con más precisión en materia de sanciones disciplinarias al interior de los partidos y agrupaciones políticas, bajo el principio del respeto al derecho a la defensa.
De igual manera, eliminar el concepto de procedimiento sumario que se le atribuye a este organismo para resolver los conflictos entre la JCE y los partidos sobre las resoluciones de las asambleas constitutivas y el contenido de los estatutos, por considerar que este procedimiento es violatorio al principio del debido proceso que establece la Constitución.
Elección
Asimismo, proponen fijar un período de tiempo para la escogencia de los candidatos a puestos de elección popular que estaría comprendido entre el 15 de agosto y el 30 de noviembre del año anterior a las elecciones. Cualquier candidatura elegida fuera de ese período sería inadmisible.
Se sugiere también que la inscripción de las precandidaturas se efectúe con 45 días de antelación al proceso de selección interna.
Los planteamientos están contenidos en un documento entregado por el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y a la presidenta de la comisión Bicameral que estudia el proyecto, Karen Ricardo.
En el encuentro participaron también Homero Figueroa y Manuel Olivero, del Centro Juan XXIII, así como el politólogo y jurista Flavio Darío Espinal, consultor de ambas entidades.
Cuota femenina
En torno a este aspecto, plantean que se use un lenguaje diferente al contemplado actualmente como forma de evitar potenciales recursos de impugnación en el ámbito constitucional, tal como ha ocurrido en otros países.
En lugar de usar el término cuota del 33%, se sugiere decir que en ningún caso se incluirá en la conformación de las listas de candidatos y candidatas a puestos de elección popular plurinominales más del 67% de un mismo género. Se trata de un lenguaje neutro, pero que garantiza una participación mínima de la mujer, según indicaron.
2013-01-16 14:35:08
