El Contralor General de la República y el Director del Departamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Estado saludaron la adopción de las medidas tendentes a transparentar las negociaciones en el sector gubernamental.
Los licenciados Simón Lizardo y Eric Hazím, indicaron que con esas disposiciones avaladas por el Presidente Leonel Fernández, se ofrece una clara señal del interés político que tiene el gobierno de crear un ordenamiento jurídico que enfrente de manera precisa las acciones de corrupción.
Al comparecer en el programa Diario de la Mañana, Lizardo y Hazim recordaron que la adopción de medidas claras y precisas para contrarrestar los actos indebidos en la administración pública fue respaldada directamente por el mandatario.
Destacaron que durante la reunión del Consejo de Gobierno, «el presidente ordenó a la Contraloría General rechazar cualquier libramiento de pago que incumpla la Ley de Compra y Contrataciones, para transparentar las negociaciones».
Indicaron que esas medidas fortalecen aún más las disposiciones de la Ley 340-06, que rige las compras y contrataciones de bienes y servicios en el Estado, porque procuran disminuir o eliminar cualquier vía para violar esa legislación.
Hazim expresó que para aprobar el proyecto que tras lograr pasarla en el Congreso, se convirtió en la Ley 340, «hubo de esperarse 10 años, porque no había la voluntad política para ello».
Agregaron que previo a la aprobación de la indicada legislación, el Presidente Fernández tuvo que emitir un decreto provisional, que establecía restricciones para la contratación y pago por parte de las instituciones públicas de bienes y servicios.
Recordaron que cuando se negociaba las normas del Tratado de Libre Comercio junto a Centroamérica con los Estados Unidos, se procuró dotar la República Dominicana de las herramientas legales necesarias para transparentar las acciones estatales.
Otras medidas restrictivas
Durante el Consejo de Ministro, el presidente Fernández instruyó a todos los miembros del gabinete y demás altos funcionarios, para cumplir los acuerdos de las mesas de trabajo en materia de transparencia organizada por la Iniciativa Participativa Anticorrupción (Ipac), que inició el pasado mes de junio.
También ordenó la transferencia a la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas de la administración y el control del Portal Compra Dominicana, así como que el Portal se convierta en un «Portal Transaccional», para que todos los interesados puedan evaluarse y medirse las diversas operaciones que cada uno de los organismos públicos realicen en cuanto a adquisición de bienes y contratación de servicios.
En ese sentido, Lizardo y Hazim expresaron que las instituciones que no se sometan a estas normas, no podrán autorizar el pago de los bienes y servicios que requieran sus dependencias.
2010-11-12 21:32:15
