Santo Domingo, 23 de febrero (DIAPE).- La postura del Gobierno sobre el tema fiscal ha sido fijada y está más que clara: no habrá por el momento una reforma. Esa es la aseveración contundente del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás, quien deja claro que la prioridad de las autoridades en estos momentos es combatir los elevados niveles de evasión.
Esta firme posición gubernamental tiene varias lecturas: el Gobierno no quiere crear un nuevo marco legal que muchos incumplirían, se quiere proteger a las clases trabajadoras de más y mayores impuestos, y se debe concluir con el Pacto Eléctrico para hablar de una verdadera reforma fiscal.
«Lo que nos dicen los estudios que se han hecho tanto a nivel nacional como internacional es que aquí se evade mucho el pago del ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) y el impuesto sobre la renta. El Gobierno ha dicho que va a trabajar en la dirección de resolver ese problema antes de plantearse una reforma tributaria», expresó ayer el ministro.
Esto quiere decir que el Gobierno tiene bien claro que la principal debilidad fiscal no se refiere a la estructura de los impuestos ni a los niveles de endeudamiento, más bien descansa en la rampante evasión y elusión de impuestos de parte de las empresas (ya que los trabajadores y consumidores tienen escasos mecanismos para evadir).
Este claro incumplimiento de las responsabilidades fiscales de amplios sectores ha provocado que las diversas reformas que se han aplicado durante las últimas décadas no surtan los efectos deseados en el incremento de la presión tributaria.
De ahí que la presión tributaria de República Dominicana (14.5) esté actualmente por debajo del promedio de América Latina (21%), lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo los distintos programas de gasto público destinados a sentar las bases para el desarrollo.
Esta postura del Gobierno se desprende de los principios de protección de la clase trabajadora por los que se guía la gestión del presidente Danilo Medina. Quiere decir que se evitaría a toda costa una reforma que implique el incremento de los impuestos que ya pagan los dominicanos más vulnerables, con el fin de evitar que se acentúen los niveles de desigualdad y la brecha social.
Es por ello que, desde el inicio de este segundo período gubernamental se diseñaron estrategias claras para la persecución de la evasión, la elusión y el fraude, sin necesidad de que se tocara el tema de una reforma tributaria.
En esa misma dirección es oportuno señalar las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien dio pinceladas sobre medidas que están en carpeta para incrementar los ingresos tributarios.
«Una vez que se concluya la construcción de la planta de Punta Catalina, los recursos que durante los últimos años se han estado transfiriendo para su construcción -que alcanzan aproximadamente 1% del PIB- se van a liberar, y van a permitir que las cuentas fiscales se fortalezcan aún más», explicó el ministro.
Otra de las medidas en carpeta es la revisión de las exenciones fiscales, con el fin de eliminar o relajar aquellas que ya han cumplido con su razón de creación. Un ejemplo es la Ley 108-10 de Fomento a la Actividad Cinematográfica, la cual se revisará para aumentar las recaudaciones por esta vía y asegurarse que los incentivos sean disfrutados exclusivamente por el segmento que establece la ley.
En efecto, estas razones hacen que la postura del Gobierno sea más que razonable y permiten que se defienda por sí sola. Pero a esto se añade la necesidad de que se arribe a la firma del Pacto Eléctrico, como lo establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
2017-02-23 08:38:36