Por Jose Rafael Vargas*
Leonel Fernández seguirá siendo el centro de todas las adversidades para la oposición política del país y sus aliados, en el empeño por reducir su figura para las elecciones del año 2016. Todos los blancos de ataques van dirigidos en su contra, pero en el fondo, la meta es impedir que el PLD pueda continuar gobernando el país mas allá de las próximas elecciones.
La Acción Judicial Popular es la nueva figura política que se pone en marcha en el país desde el litoral de la oposición, orientada en principio a dañar la imagen del ex presidente Leonel Fernández, pero el fin ultimo y el principal es mermar las posibilidades electorales del PLD para el año 2016, enfrentando desde ahora a los que pudieran ser sus candidatos principales a presidente, vicepresidente, senadores y alcaldes.
Varias de esas acciones ya han fracasado en la justicia, como la incoada por el ex candidato del partido Alianza País, Guillermo Moreno, que recibió un auto de la fiscal del Distrito Yeni Berenice ordenando su archivo definitivo, porque los hechos imputados no existen. Meses antes, esta magistrada había recibido los mayores elogios por parte de los fundamentalistas que desarrollan la campana contra el ex presidente Fernández, pero desde el momento en que dio a conocer su decisión comenzó a ser bombardeada con todos los epítetos.
La Lic. Yeni Berenice fue ascendida a fiscal del Distrito por el Consejo del Ministerio Publico, tras la designación del magistrado Alejandro Moscoso Segarra como juez de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Berenice había alcanzado méritos suficientes en su gestión de la Fiscalía de Santiago, los que fueron tomados en cuenta por los integrantes del Consejo del Ministerio Público para su ascenso. De manera, que su escogencia no fue el producto de la selección del ex procurador Radhamés Jiménez y menos del Presidente de la República, porque la nueva Constitución crea un marco jurídico diferente para escoger estos funcionarios. Pero había que desacreditar a Yeni Berenice, porque su auto no fue favorable a las intenciones de producir una condena contra el Presidente del PLD.
Igual pasó con el ex juez español Baltasar Garzón, de gran prestigio internacional, quien había sido presentado como modelo por uno de los analistas que propician la condena a Fernández. Incluso en un memorable artículo publicado en un periódico de gran circulación, le pedía a la Lic. Berenice convertirse en «una especie de juez Garzón». Con tan mala suerte que al investigar y determinar los hechos, la magistrada comprobó que las acusaciones no tienen fundamentos que se quieren forzar situaciones que chocan con la ética jurídica.
El veredicto recibió el espaldarazo del juez Garzón, quien elogió del auto de archivo definitivo de la denuncia, que no es una querella, considerando que «fue una acción temeraria planteada con el único fin de utilizar la justicia como un instrumento a los fines de obtener una rentabilidad política espuria».
Validó la argumentación de Yeni Berenice, de que el denunciante Guillermo Moreno intenta «forzar los hechos «para deducir consecuencias penales, donde no existe delito alguno». Como habíamos advertido en Febrero, al leer la denuncia de Moreno, se aprecia lo que dice Garzón, que «se parte de premisas falsas con el objetivo de manipular la justicia, lo que constituye una grave falta ética».
La intención de inhabilitar al ex mandatario fue advertida por la magistrada y por el juez Garzón, tal y como ya lo habían hecho los expertos jurídicos del país. Para la magistrada «la conducta antijurídica imputada por el querellante no existe, y aun en el caso de que se hubiese valorado su existencia, la misma ni es típica, ni es culpable, ni es punible». Para Garzón, «este tipo de proceder, como el que ha realizado el querellante, debería ser, no solo perseguido, sino erradicado del escenario democrático de un país. La justicia no puede prestarse a malas artes, que solo la oportunidad política avala como arma de coacción». Los que antes elogiaban a Garzón y a Yeni Berenice, ahora no se refieren a estos juicios, y por el contrario, aprovechan para atacarlos, descalificarlos y hundir su reputación. Son buenos cuando les conviene a sus intereses, y «vendidos, perversos y estimuladores del abono a la impunidad» cuando opinan en su contra. Esa es la democracia de papel que se está fomentando en el país desde cierto litoral de la oposición, que controla un poderoso sector mediático. Si la justicia ha actuado y dictaminado, no hay ni puede haber impunidad. Lo que no han podido, es someter la justicia a su escrutinio de insultos y descrédito.
Llegan tan lejos en sus juicios, que recién uno de esos pontífices hablaba del fracaso de la política internacional del ex presidente, olvidando que quien así habla se desempeñó como embajador en uno de los dos centros de poder del mundo, duró varios años y el país no registra ninguna acción positiva de su gestión. De manera que si hubo fracaso, fue porque ese sumo apologista se pasó el tiempo dando vuelta entre los archivos viejos de la historia y el buen vino. La estrategia opositora está orientada a convertirlo todo en un fracaso.
Tambien se habla del fracaso del metro, pese a que cinco millones 200 mil dominicanos lo han usado dos y tres veces al día, de los túneles, elevados, avenidas y carreteras, para luego llegar a los supuestos fracasos del presente gobierno de Danilo Medina, porque lo que se busca no solo es evitar la vuelta del presidente Leonel Fernández, sino del proyecto PLD para los próximos periodos de gobierno.
Así, la denuncia de Moreno se convirtió en el primer caso de la acción judicial popular, no prevista en la Constitución nuestra, porque la misma solo contempla en su artículo 22 la posibilidad de que un ciudadano pueda denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Para esto hay que presentar las pruebas, y no pueden ser el producto de los caprichos o interés de hacer daño.
Siempre se vio como un absurdo de la denuncia de Moreno señalar como perjurio que Fernández no incluyó en su declaración de bienes el patrimonio de Funglode, como si fuera un bien propio que pudiera vender. De ahí la advertencia de la fiscal, de que se quieren forzar hechos con fines políticos, obviando que la ley siempre se fundamenta en la moral y la ética.
La magistrada Berenice ha determinado en sus indagatorias que no hubo desvío de fondos hacia Funglode y que los aportes privados a esa institución no van a lucrar a nadie en particular.
Ahora se ha recurrido el auto de la fiscal Berenice, lo que también es inexplicable, porque se entiende que ella representa los intereses de la sociedad y ha pedido el archivo definitivo del recurso de Moreno, porque no hay hechos imputables que se puedan invocar. Un particular no puede tener más interés que la que está llamada a representar los sagrados intereses de la sociedad. De manera que esa acción debió concluir ahí, pero volverá a ser conocida por un juez de instrucción, donde la fiscal volverá a señalar que no tiene nada de que acusar.
Y es que hay realidades a la vista que no se pueden ocultar. Por ejemplo, Funglode no recibe un peso del Estado, como sí sucede con otras fundaciones de la oposición, que están en el Presupuesto de la Nación y no hay rendición de cuentas ni nadie conoce de sus actividades. Los periodistas opositores a Fernández y al PLD no hablan de esas fundaciones, algunas de ellas con el nombre del fenecido líder del PRD José Francisco Pena Gómez. La diferencia es que Funglode no es virtual, sino una realidad que esta todos los días al servicio de la juventud, sin recibir un centavo del gobierno.
Buscar apoyo del sector privado para desarrollar la fundación de los ex presidentes es una práctica de Europa, Estados Unidos y América Latina. Cuando Bill Clinton era presidente en los EEUU, buscaba recursos entre empresarios y amigos para su fundación. Y lo hacía desde la Presidencia de la Unión Americana. El edificio de la fundación del ex presidente George Bush salió por 300 millones de dólares, y buscó ese dinero mientras era Presidente de esa nación. Ahora lo hace el presidente Barak Obama, y ha tenido varias reuniones y encuentros para recaudar fondos. Nadie le ha dicho que no lo pueden hacer. Aquí en cambio, se quiere satanizar una institución que tiene fines educativos y que funciona en Washington, en Nueva York, en la Unesco, en Cuba, en Santo Domingo y en otros puntos del pensamiento del mundo.
Sin perjuicio, no puede haber delito, aunque sigan sonando las campanas del descredito.
* El doctor José Rafael Vargas es el senador de la provincia Espaillat.-
2013-07-24 05:04:42
