Mario Rivadulla
Viernes 16,10,09
Concretado y formalizado el nuevo acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno queda a la pronta espera del importante desembolso de recursos que le reportará. Son 900 millones de dólares que recibirá del Fondo, más otros 600 que le llegarán por vía del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que habían sujetado la entrega de dichos fondos a la firma del expresado convenio.
Para el gobierno, que espera cerrar el presente año con un déficit fiscal que pudiera superar los 30 mil millones de pesos como reflejo de la crisis financiera mundial, este voluminoso aporte representará un enorme alivio que le permitirá cumplir con apremiantes compromisos pendientes, dar remate a obras que han quedado inconclusas e impulsar y sustentar sus programas sociales así como superar el crítico suministro de electricidad por cuanto uno de los requisitos del acuerdo es poner al día el pago a las generadoras al 31 de diciembre. Todo esto, naturalmente, deberá redituarle al partido oficial significativos dividendos de carácter político con vistas a las cruciales elecciones congresuales y municipales de mayo del 2010, donde se juega no solo mantener el control de ambas cámaras legislativas sino también la oportunidad de retener el poder más allá del 2012.
Ahora bien, al margen de estas consideraciones, hay un aspecto que llama la atención entre los requerimientos exigidos por el Fondo y que forman parte del convenio con el gobierno. Tradicionalmente al Fondo Monetario Internacional se le ha atribuído, por demás con sobrada justificación, ser indiferente a las negativas consecuencias sociales que han arrastrado las rigurosas medidas de disciplina fiscal que acompañan sus acuerdos. Bastarían dos ejemplos para ilustrarlo. Uno, la famosa poblada ocurrida bajo el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que costó más de doscientas vidas. Otra, el llamado ?caracazo?, donde también la sangre de airados protestantes corrió a raudales, deterioró la imagen pública Carlos Andrés Pérez y marcó su gobierno.
Ahora en cambio, como reveló al comparecer esta semana en nuestro Teledebate, el Vicepresidente Rafael Albuquerque y luego ha salido publicado en la divulgación de la carta de intención, fue el propio Fondo el que estableció como uno de los requisitos para la firma, la ampliación del programa ?Solidaridad?, que corre a cargo del Segundo Ejecutivo de la nación, con la entrega de setenta mil tarjetas adicionales de ?Comer es Primero? a otras tantas familias pobres. La inusitada exigencia da a pensar que al fin, las cabezas rectoras del organismo internacional han aprendido por vía de amargas experiencias, la conveniencia de evitar disturbios sociales que puedan afectar la gobernabilidad y por vía de consecuencia, obstaculizar el normal cumplimiento de los acuerdos que suscribe, de las obligaciones que entraña y el normal retorno de los desembolsos que realiza.
Sea cual sea la razón, hay que saludar esta nueva óptica del Fondo Monetario Internacional, que en varias ocasiones ha sido señalado como una especie de insensible gendarme financiero, para evitar que sus exigencias agraven la condición de vida de los más necesitados. En tanto, en el caso específico nuestro, constituye un espaldarazo a la importancia y adecuado manejo del programa Solidaridad, sin duda el de mayor alcance social de la presente Administración. Sean pues bienvenidas esas nuevas 70 mil tarjetas adicionales de ?Comer es Primero? para alivio de otras tantas familias batidas por la pobreza.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2009-10-19 18:23:22
