Panamá, 17 nov (PL) El gobierno estadounidense reiteró la supuesta legitimidad de la invasión militar contra Panamá en 1989, al responder a la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dio la razón a las víctimas.
En un fallo que ha tenido pobre difusión, el órgano adjunto a la Organización de Estados Americanos resolvió ‘declarar admisibles las peticiones presentadas por los reclamantes’ el 10 de mayo de 1990, que incluyen a víctimas determinadas y de todos los demás panameños perjudicados por la invasión.
La CIDH concluyó que Estados Unidos es responsable por la violación de los artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre relacionados con el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de protección a la infancia, a la propiedad y a la justicia. El fallo recomendó ‘reparar integralmente las violaciones de derechos humanos establecidas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción’.
La Comisión consideró que para ello ‘debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial, por iniciativa propia e independiente de las iniciativas que pudiese tomar el Estado panameño, a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas, considerando la naturaleza de las violaciones declaradas’.
Igualmente sugirió investigar, ‘dentro de un plazo razonable’, para esclarecer ‘los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las formas correspondientes de sanción respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe’.
Pero la nación norteña intentó imponer otro criterio, y en su defensa insistió a la CIDH que la acción militar en el Istmo ‘fue completamente justificada conforme al derecho internacional y consecuente con éste’, y apoyada en los términos del Tratado del Canal de Panamá, señaló la Comisión en su informe.
En su argumentación, el victimario cuestionó la actuación de la CIDH, porque en su opinión no tiene la facultad de interpretar o aplicar el derecho internacional general, la ley sobre conflicto armado o el derecho humanitario, por tanto, no tiene ‘fundamento sustantivo’ para conocer del caso.
El fallo de la CIDH irónicamente se hizo en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, el 5 de octubre pasado, firmado por la presidenta Margarette May, y los miembros Joel Hernández, Antonia Urrejola y Flávia Piovesan, mientras que Michael Reisman se abstuvo de participar en la consideración y votación, según la fuente.
mv/orm
2018-11-17 08:57:54
