Pablo Vicente<\/p>\n\n\n\n
Santo Domingo. La Fundaci\u00f3n Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) consider\u00f3 que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debi\u00f3 ejercer la competencia que le atribuyen la Constituci\u00f3n y la ley para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto contra la resoluci\u00f3n de la Junta Central Electoral (JCE) que regula la publicaci\u00f3n de encuestas electorales, por tratarse de un acto administrativo de naturaleza estrictamente electoral.<\/p>\n\n\n\n
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La posici\u00f3n fue fijada por Pablo Vicente, quien sostuvo que la decisi\u00f3n mayoritaria del TSE de declararse incompetente y remitir el expediente al Tribunal Constitucional constituye una oportunidad perdida para fortalecer la justicia electoral y garantizar la seguridad jur\u00eddica de los actores del sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n
Vicente explic\u00f3 que el art\u00edculo 214 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica crea al Tribunal Superior Electoral como la jurisdicci\u00f3n especializada para juzgar y decidir con car\u00e1cter definitivo los asuntos contenciosos electorales, competencia desarrollada por la Ley n\u00fam. 29-11, Org\u00e1nica del Tribunal Superior Electoral, cuyo art\u00edculo 13 le confiere atribuciones para conocer de las controversias derivadas de actuaciones de los \u00f3rganos de la administraci\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
A juicio del tambi\u00e9n catedr\u00e1tico universitario, el recurso sometido al TSE no persegu\u00eda una declaraci\u00f3n abstracta de inconstitucionalidad, competencia reservada al Tribunal Constitucional, sino el control de legalidad de una resoluci\u00f3n administrativa dictada por la Junta Central Electoral en el ejercicio de su potestad reglamentaria.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLo que correspond\u00eda determinar era si la Junta Central Electoral actu\u00f3 dentro de las facultades que le otorga la Ley n\u00fam. 20-23, Org\u00e1nica del R\u00e9gimen Electoral, o si mediante una resoluci\u00f3n ampli\u00f3 restricciones que el legislador no estableci\u00f3. Ese an\u00e1lisis pertenece al \u00e1mbito del control contencioso electoral y deb\u00eda ser resuelto por el Tribunal Superior Electoral\u00bb, afirm\u00f3 Vicente.<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que el art\u00edculo 6 de la Constituci\u00f3n dispone que todas las personas y \u00f3rganos que ejercen potestades p\u00fablicas est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y a las leyes, mientras que el art\u00edculo 138 consagra el principio de legalidad que rige toda actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. En consecuencia, explic\u00f3, ning\u00fan reglamento puede modificar, ampliar o restringir derechos m\u00e1s all\u00e1 de lo expresamente autorizado por la ley.<\/p>\n\n\n\n
Vicente manifest\u00f3 que precisamente esa era la controversia planteada en el recurso: establecer si la resoluci\u00f3n de la JCE respetaba los l\u00edmites de la potestad reglamentaria conferida por la Ley Electoral o si impon\u00eda restricciones adicionales respecto a la publicaci\u00f3n de encuestas, cuesti\u00f3n que deb\u00eda ser examinada por el juez especializado en materia electoral.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el voto disidente emitido dentro del propio Tribunal Superior Electoral confirma que exist\u00edan fundamentos jur\u00eddicos suficientes para que esa alta corte asumiera el conocimiento del caso y emitiera una decisi\u00f3n sobre el fondo, fortaleciendo as\u00ed la jurisprudencia electoral dominicana.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que el principio de tutela judicial efectiva, reconocido por la Ley n\u00fam. 137-11, Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, impone a los tribunales el deber de ofrecer respuestas oportunas y efectivas a las controversias sometidas a su conocimiento, especialmente cuando estas involucran derechos pol\u00edtico-electorales y la actuaci\u00f3n de los \u00f3rganos del sistema electoral.<\/p>\n\n\n\n
FUJUDEL sostuvo que la fortaleza de la institucionalidad democr\u00e1tica depende de que cada jurisdicci\u00f3n constitucional ejerza plenamente las competencias que le han sido atribuidas, por lo que reiter\u00f3 que el Tribunal Superior Electoral debi\u00f3 pronunciarse sobre el fondo del recurso y fijar un precedente que brindara certeza jur\u00eddica a los partidos pol\u00edticos, las firmas encuestadoras, los medios de comunicaci\u00f3n y la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Pablo Vicente<\/p>\n\n\n\n