Abogado V\u00edctor Eddy Mateo V\u00e1squez.<\/p>\n\n\n\n
Ohelmis S\u00e1nchez<\/p>\n\n\n\n
La alta corte establece que el Poder Ejecutivo puede adoptar medidas temporales, pero las restricciones permanentes que incidan sobre derechos y libertades deben ser aprobadas por el Congreso Nacional mediante una ley.<\/p>\n\n\n\n
Santo Domingo: En una decisi\u00f3n que podr\u00eda marcar un antes y un despu\u00e9s en la relaci\u00f3n entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional declar\u00f3 inconstitucional el Decreto n\u00fam. 308-06, que durante casi dos d\u00e9cadas regul\u00f3 los horarios para la venta de bebidas alcoh\u00f3licas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversi\u00f3n del pa\u00eds. La decisi\u00f3n fue adoptada mediante la sentencia TC\/0689\/26, al conocer una acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad presentada por el abogado V\u00edctor Eddy Mateo V\u00e1squez.<\/p>\n\n\n\n
Aunque el debate se origin\u00f3 por los llamados \u00abhorarios de expendio de bebidas alcoh\u00f3licas\u00bb, el alcance de la sentencia trasciende esa materia. El Tribunal Constitucional aprovech\u00f3 el caso para delimitar hasta d\u00f3nde puede llegar el poder reglamentario del presidente de la Rep\u00fablica y reafirm\u00f3 un principio esencial del Estado de derecho: cuando una regulaci\u00f3n pretende limitar de forma general y permanente el ejercicio de derechos, esa decisi\u00f3n corresponde al Congreso Nacional mediante una ley, y no puede descansar exclusivamente en un decreto presidencial.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n constitucional sostuvo que el decreto, vigente desde 2006, restring\u00eda derechos como la libertad de empresa sin cumplir con el principio de reserva de ley establecido en la Constituci\u00f3n de 2010. Seg\u00fan el accionante, la Carta Magna dispone que las limitaciones a los derechos fundamentales solo pueden establecerse mediante una ley aprobada por el Poder Legislativo, respetando adem\u00e1s criterios de razonabilidad y proporcionalidad.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los aspectos m\u00e1s llamativos del proceso fue la posici\u00f3n asumida por el propio Poder Ejecutivo. A trav\u00e9s de su Consultor\u00eda Jur\u00eddica, el Gobierno pidi\u00f3 al Tribunal Constitucional acoger la acci\u00f3n y declarar la inconstitucionalidad del decreto, al entender que, tras la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n de 2010, la regulaci\u00f3n permanente de esta materia requiere una ley del Congreso. Asimismo, solicit\u00f3 diferir los efectos de la decisi\u00f3n durante dos a\u00f1os para evitar un vac\u00edo normativo y permitir la aprobaci\u00f3n de una legislaci\u00f3n que sustituya el decreto.<\/p>\n\n\n\n
En sentido contrario, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica defendi\u00f3 la constitucionalidad del decreto al considerar que se trataba de una regulaci\u00f3n administrativa razonable dirigida a proteger el orden p\u00fablico, la seguridad ciudadana y prevenir hechos de violencia asociados al consumo excesivo de alcohol. Para el Ministerio P\u00fablico, la medida no prohib\u00eda el ejercicio de la actividad econ\u00f3mica, sino que \u00fanicamente establec\u00eda horarios para su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n
Al examinar el caso, el Tribunal Constitucional realiz\u00f3 una distinci\u00f3n que probablemente servir\u00e1 de gu\u00eda para futuras decisiones. Reconoci\u00f3 que el presidente de la Rep\u00fablica posee facultades constitucionales para dictar decretos e incluso adoptar medidas de car\u00e1cter excepcional y temporal frente a circunstancias espec\u00edficas, como Semana Santa, Navidad u otras situaciones extraordinarias. Sin embargo, precis\u00f3 que cuando esas restricciones pretenden mantenerse de manera indefinida, dejan de ser simples medidas administrativas y pasan a formar parte de una regulaci\u00f3n general que corresponde exclusivamente al legislador.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia tambi\u00e9n rechaz\u00f3 que el decreto, por s\u00ed mismo, vulnerara la libertad de empresa, al entender que la regulaci\u00f3n de horarios no imped\u00eda el ejercicio de la actividad comercial ni eliminaba el derecho de vender bebidas alcoh\u00f3licas, sino que \u00fanicamente fijaba l\u00edmites temporales para su expendio. No obstante, el Tribunal concluy\u00f3 que el problema radicaba en qui\u00e9n ten\u00eda competencia para imponer una regulaci\u00f3n permanente de esa naturaleza y no necesariamente en el contenido material de la medida.<\/p>\n\n\n\n
Con este fallo, el Tribunal Constitucional env\u00eda un mensaje claro sobre la distribuci\u00f3n de competencias entre los poderes p\u00fablicos. La decisi\u00f3n reafirma que el Ejecutivo conserva amplias facultades reglamentarias para ejecutar las leyes y atender situaciones concretas, pero esas atribuciones encuentran un l\u00edmite cuando se trata de establecer restricciones permanentes que incidan sobre derechos o libertades, \u00e1mbito que la Constituci\u00f3n reserva al Congreso Nacional mediante la aprobaci\u00f3n de leyes.<\/p>\n\n\n\n
Juristas consideran que la sentencia TC\/0689\/26 podr\u00eda convertirse en uno de los precedentes constitucionales m\u00e1s relevantes de los \u00faltimos a\u00f1os en materia de separaci\u00f3n de poderes, reserva de ley y control del poder reglamentario del Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, abre el debate sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una legislaci\u00f3n integral que regule los horarios para la venta y el consumo de bebidas alcoh\u00f3licas, conciliando la protecci\u00f3n del orden p\u00fablico con las libertades econ\u00f3micas y los derechos constitucionales de los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n
Ohelmis S\u00e1nchez<\/p>\n\n\n\n