domingo 12 de julio, 2026<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n Ciudadana, movimiento c\u00edvico no partidista, pone en circulaci\u00f3n el 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupci\u00f3n Administrativa<\/a>, que da seguimiento a los principales procesos por corrupci\u00f3n actualmente en curso en los tribunales de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n En esta entrega se otorga especial atenci\u00f3n a los casos Ad\u00e1n C\u00e1ceres y compartes, Donald Guerrero y compartes y Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez y compartes, debido a las recientes decisiones judiciales adoptadas en cada uno de estos procesos, las cuales revisten especial relevancia para el desarrollo de la justicia penal en materia de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Es relevante que, en apenas dos semanas, se hayan producido decisiones judiciales en tres de los principales casos de corrupci\u00f3n administrativa del pa\u00eds. Estas decisiones han dado lugar a 95 condenas en primer grado y al env\u00edo a juicio de fondo de 191 personas imputadas.<\/p>\n\n\n\n Paralelamente, en Santiago se conocen en estos d\u00edas las solicitudes de medidas de coerci\u00f3n contra los imputados en el denominado caso del Instituto Regional Oncol\u00f3gico del Cibao, una investigaci\u00f3n que, por la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos, ha sido calificada por diversos sectores como un posible crimen de lesa humanidad.<\/p>\n\n\n\n En atenci\u00f3n a su trascendencia jur\u00eddica e institucional, este proceso ser\u00e1 incorporado, en lo adelante, al Observatorio de Casos de Corrupci\u00f3n Administrativa, con el prop\u00f3sito de dar seguimiento a su evoluci\u00f3n y contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas y el Estado de derecho.<\/p>\n\n\n\n Caso de Donald Guerrero y compartes<\/strong><\/p>\n\n\n\n Con respecto al caso de Donald Guerrero y compartes, la jueza apoderada de la audiencia preliminar, la magistrada Altagracia M. Ram\u00edrez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional envi\u00f3 a juicio de fondo a todos los imputados con excepci\u00f3n de los se\u00f1ores Gonzalo Castillo, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, a favor de quienes dict\u00f3 un auto de no ha lugar, que ha sido recurrido en apelaci\u00f3n tanto por el Ministerio P\u00fablico como por el equipo del gobierno de recuperaci\u00f3n de bienes del Estado.<\/p>\n\n\n\n En este caso se admitieron como v\u00e1lidas m\u00e1s del 90% de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio P\u00fablico como por los imputados, y se rechazaron todos los incidentes presentados por las partes, incluyendo la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal fundamentada en el vencimiento del plazo de duraci\u00f3n m\u00e1ximo del proceso.<\/p>\n\n\n\n Caso Ad\u00e1n C\u00e1ceres y compartes<\/strong><\/p>\n\n\n\n El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de la C\u00e1mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle M\u00e9ndez, presidenta, Tania Yunes y Jissel Naranjo, dict\u00f3 el dispositivo de la sentencia de fondo en el caso Ad\u00e1n C\u00e1ceres y compartes.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n concluy\u00f3 con la condena de 20 personas y la absoluci\u00f3n de siete imputados, imponiendo penas que oscilaron entre 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, 15 a\u00f1os, 10 a\u00f1os, 5 a\u00f1os, 2 a\u00f1os con suspensi\u00f3n condicional y pena cumplida, seg\u00fan el grado de responsabilidad establecido para cada acusado.<\/p>\n\n\n\n Entre las sanciones m\u00e1s severas, el tribunal conden\u00f3 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n al mayor general retirado Ad\u00e1n Benoni C\u00e1ceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Tur\u00edstica (CESTUR); y al coronel Rafael N\u00fa\u00f1ez de Aza, exdirector financiero de esa instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, el tribunal impuso penas de diez a\u00f1os de prisi\u00f3n a Esmeralda Ortega Polanco, gerente de sucursal del Banco de Reservas; Jos\u00e9 Manuel Rosario Pir\u00f3n, mayor de la Polic\u00eda Nacional y extesorero del CUSEP; Boanerges Reyes Batista, general del Ej\u00e9rcito de Rep\u00fablica Dominicana; Franklin Antonio Mata Flores, capit\u00e1n de la Armada de Rep\u00fablica Dominicana; Jehohanan Luc\u00eda Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez, primera teniente de la Polic\u00eda Nacional; Erasmo P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez, teniente coronel de la Fuerza A\u00e9rea de Rep\u00fablica Dominicana; y Kelman Santana Mart\u00ednez, teniente coronel.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, dispuso penas suspendidas para varios imputados, conden\u00f3 a Raymel Pastor del Rosario Viola a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n con suspensi\u00f3n condicional de la pena y declar\u00f3 pena cumplida respecto de Ra\u00fal Alejandro Gir\u00f3n Jim\u00e9nez, en atenci\u00f3n al tiempo de privaci\u00f3n de libertad ya cumplido.<\/p>\n\n\n\n En el \u00e1mbito de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, el tribunal conden\u00f3 a cinco sociedades comerciales al pago de 200 salarios m\u00ednimos y orden\u00f3 su disoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, fueron absueltos Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra N\u00fa\u00f1ez, Tanner Antonio Flete Guzm\u00e1n, Guillermo de Jes\u00fas Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Su\u00e1rez Peguero y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Se\u00f1or Jesucristo.<\/p>\n\n\n\n Como consecuencia accesoria de la condena, el tribunal orden\u00f3 el decomiso a favor del Estado de 29 armas de fuego, sus cargadores y municiones, esposas, 18 relojes de alta gama, numerosos equipos electr\u00f3nicos, 115 veh\u00edculos, 160 inmuebles, US$283,515 y RD$39,732,690 en efectivo. No obstante, rechaz\u00f3 la solicitud de decomiso respecto de aproximadamente 78 bienes, entre muebles e inmuebles.<\/p>\n\n\n\n El tribunal acogi\u00f3. Adem\u00e1s, la acci\u00f3n civil ejercida por el Estado dominicano y conden\u00f3 a todos los responsables, de manera conjunta y solidaria, al pago de una indemnizaci\u00f3n de cinco mil millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000,000.00) a favor del Estado.<\/p>\n\n\n\n Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez y compartes<\/strong><\/p>\n\n\n\n El tercer caso que avanza es el de Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez y compartes, donde la magistrada apoderada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, envi\u00f3 a juicio de fondo a todos los imputados.<\/p>\n\n\n\n Las personas f\u00edsicas enviadas a juicio de fondo fueron: Hugo Beras (Exdirector del INTRANT)<\/p>\n\n\n\n Jos\u00e9 \u00c1ngel \u00abJochi\u00bb G\u00f3mez Cana\u00e1n, Frank Rafael Atilano D\u00edaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sep\u00falveda, Juan Francisco \u00c1lvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani B\u00e1ez, Carlos Jos\u00e9 Peguero Vargas, Mariano Gustini (o Agustini), Manuel Eduardo Mora V\u00e1zquez<\/p>\n\n\n\n Las personas jur\u00eddicas imputadas fueron: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S. Inprosol S.R.L.<\/p>\n\n\n\n OML Inversiones S.R.L. PagoRD Xchange S.R.L. <\/strong> Industria Soltex Dominicana S.R.L. Dekolor S.R.L.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Se descart\u00f3 el tipo penal de terrorismo, pero los dem\u00e1s tipos penales presentados por el Ministerio P\u00fablico en su acusaci\u00f3n fueron admitidos y son: corrupci\u00f3n, estafa, coalici\u00f3n de funcionarios, delitos tecnol\u00f3gicos, sabotaje y lavado de activos<\/p>\n\n\n\n Para el juicio de fondo fue apoderado el Tercer Tribunal Colegiado de la C\u00e1mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que ya fij\u00f3 la primera audiencia para el 11 de agosto del 2026. Este tribunal colegiado est\u00e1 integrado por las magistradas Arl\u00edn Ventura Jim\u00e9nez (quien lo preside), Leticia Mart\u00ednez Noboa y Milagros Ram\u00edrez.<\/p>\n\n\n\n La posici\u00f3n de Participaci\u00f3n Ciudadana respecto de los casos de gran corrupci\u00f3n ha sido consistente: lo deseable es que todos los procesos sean conocidos en juicio de fondo, por constituir la etapa en la que se desarrolla plenamente la actividad probatoria y se garantiza el debate contradictorio. Es en ese escenario donde se escuchan los testimonios, se incorporan y examinan las pruebas y el tribunal puede valorarlas de manera integral, apreciando su credibilidad, pertinencia y el grado de corroboraci\u00f3n entre ellas.<\/p>\n\n\n\n En contraste, durante la audiencia preliminar el tribunal no recibe declaraciones testimoniales ni realiza una valoraci\u00f3n exhaustiva de la prueba. En esta fase, quien propone un testigo \u00fanicamente debe indicar los hechos que pretende acreditar con su declaraci\u00f3n, sin que el juez conozca directamente el contenido de su testimonio ni pueda ponderar su fuerza probatoria.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, al tratarse de audiencias p\u00fablicas, la ciudadan\u00eda y los medios de comunicaci\u00f3n pueden observar directamente el desarrollo del juicio, lo que fortalece los principios de publicidad, transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en la administraci\u00f3n de justicia. Ello permite verificar que las partes ejercen plenamente sus derechos, que se respetan las garant\u00edas del debido proceso y que la decisi\u00f3n judicial se fundamenta exclusivamente en las pruebas debatidas de manera p\u00fablica y contradictoria ante el tribunal.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, la decisi\u00f3n de enviar un proceso a juicio de fondo no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas imputadas ni afecta la presunci\u00f3n de inocencia que las ampara. Este derecho fundamental permanece inc\u00f3lume hasta que exista una sentencia condenatoria firme, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.<\/p>\n\n\n\n Consejo Nacional<\/p>\n\n\n\n Participaci\u00f3n Ciudadana<\/p>\n\n\n\n info@pciudadana.<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/a><\/p>\n\n\n\n