{"id":665014,"date":"2026-02-12T11:17:51","date_gmt":"2026-02-12T15:17:51","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=665014"},"modified":"2026-02-12T11:21:11","modified_gmt":"2026-02-12T15:21:11","slug":"proyecto-de-ley-de-amnistia-compromete-la-libertad-de-expresion-el-acceso-a-la-informacion-publica-y-la-memoria-historica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=665014","title":{"rendered":"Proyecto de Ley de Amnist\u00eda compromete la libertad de expresi\u00f3n, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y la memoria hist\u00f3rica"},"content":{"rendered":"\n

Venezuela<\/a> | La libertad de expresi\u00f3n y la ley<\/a><\/p>\n\n\n\n

Espacio P\u00fablico<\/bdi><\/a><\/p>\n\n\n\n

11 febrero 2026<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/p>\n\n\n\n

La Ley de Amnist\u00eda General es aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri\/Anadolu v\u00eda Getty Images<\/em><\/p>\n\n\n\n

Espacio P\u00fablico advierte tras analizar el proyecto de Ley de Amnist\u00eda que, aunque busca el cese de la persecuci\u00f3n pol\u00edtica, su redacci\u00f3n actual podr\u00eda comprometer derechos como la libertad de expresi\u00f3n y el acceso a la informaci\u00f3n, y se\u00f1ala que debe ser un acto de justicia y reparaci\u00f3n, no de clemencia condescendiente.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue publicado originalmente en espaciopublic.ong<\/a> el 9 de febrero de 2026.<\/p>\n\n\n\n

Desde Espacio P\u00fablico<\/strong>, saludamos cualquier iniciativa que busque el cese de la persecuci\u00f3n pol\u00edtica y la liberaci\u00f3n de quienes han sido injustamente privados de su libertad por ejercer derechos fundamentales. No obstante, tras un an\u00e1lisis del proyecto de Ley de Amnist\u00eda presentado a la Asamblea Nacional, advertimos que la redacci\u00f3n actual presenta omisiones graves que podr\u00edan comprometer el derecho a la libertad de expresi\u00f3n<\/strong>, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong> y la memoria hist\u00f3rica<\/strong> en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

Consideramos imperativo que esta ley no sea un acto de \u201cclemencia\u201d condescendiente , sino un acto de justicia y reparaci\u00f3n que reconozca la naturaleza arbitraria de las persecuciones previas.<\/p>\n\n\n\n

La inmensa mayor\u00eda de los presos y perseguidos pol\u00edticos no han cometido delito alguno sino que han ejercido sus derechos, por lo que deben ser liberados y sus casos cerrados; otros han sido condenados por delitos que no cometieron, por lo que sus sentencias deben ser anuladas; y otros, han sido perseguidos, procesados o condenados con base en leyes abiertamente inconstitucionales y contrarias a los tratados sobre derechos humanos, por lo que esas leyes deben derogarse de inmediato para que cese su persecuci\u00f3n o las condenas.<\/p>\n\n\n\n

En todo caso, una amnist\u00eda efectiva debe desmantelar los mecanismos de censura y criminalizaci\u00f3n para garantizar la libertad inmediata de las personas beneficiarias.<\/p>\n\n\n\n

1. Observaciones <\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A. Excarcelaci\u00f3n inmediata y de pleno derecho<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El art\u00edculo 9 del proyecto subordina la libertad de las personas detenidas y procesadas arbitrariamente, a la discrecionalidad de los mismos tribunales sin independencia e imparcialidad alguna, son los que ejecutaron la persecuci\u00f3n y es a quienes se les faculta para \u201cverificar los supuestos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esta disposici\u00f3n vinculada con el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal, carece de garant\u00edas si no se establecen los mecanismos de control necesarios bajo est\u00e1ndares de debido proceso para que sea implementada esa verificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • En todo caso, el sistema judicial actual con todas sus deficiencias, se encuentra en manos de jueces y tribunales colapsados, con retrasos irrazonables<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • Esto genera un peligro real de retraso burocr\u00e1tico y judicial en los casos de personas detenidas y procesadas arbitrariamente.<\/li>\n\n\n\n
  • La ley debe establecer que los efectos de la amnist\u00eda operan de pleno derecho y de forma inmediata. El sobreseimiento debe ser autom\u00e1tico para todas las personas detenidas por los hechos descritos, limitando la funci\u00f3n judicial a la certificaci\u00f3n administrativa posterior de la libertad.<\/li>\n\n\n\n
  • Las decisiones de sobreseimiento deben tener una narrativa completa de los vicios acumulados durante toda la etapa procesal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    B. Derogatoria de la \u201cLey contra el Odio\u201d y normas represivas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    El proyecto busca prevenir que los hechos se repitan, pero mantiene intacto el entorno legal represivo al no derogar ni reformar las leyes que restringen el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y que son contrarias a la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • No mencionar leyes de censura vigentes permite que la persecuci\u00f3n se sostenga y reactive bajo los mismos argumentos el d\u00eda despu\u00e9s de la amnist\u00eda, su permanencia es una amenaza constante a la libre expresi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
    • Incluir una Disposici\u00f3n Derogatoria que anule la \u201cLey contra el Odio, por la Convivencia Pac\u00edfica, y la Tolerancia\u201d, la \u201cLey Org\u00e1nica Libertador Sim\u00f3n Bol\u00edvar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela\u201d, la \u201cLey Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo\u201d y los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal y C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal, que criminalizan la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n y la opini\u00f3n. Sin estas derogatorias, la amnist\u00eda es un paliativo transitorio que no ofrece garant\u00edas estructurales reales y da paso a una nueva amenaza permanente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      C. Vaguedad en la definici\u00f3n de delitos de opini\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

      El art\u00edculo 1 y el art\u00edculo 6 mencionan la amnist\u00eda para \u201cdelitos pol\u00edticos o conexos\u201d. El proyecto contin\u00faa utilizando el t\u00e9rmino de \u201cdelitos\u201d a pesar de que son hechos que provienen del ejercicio leg\u00edtimo de los derechos humanos y contin\u00faa el implemento de t\u00e9rminos vagos y poco claros.<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • El primer art\u00edculo de la ley no contempla a la amnist\u00eda como un reconocimiento de vulneraci\u00f3n a los derechos humanos ni del uso del sistema de justicia como un elemento de persecuci\u00f3n, los hechos en las causas abiertas no deben ser considerados delitos.<\/li>\n\n\n\n
      • En la \u00faltima d\u00e9cada, la mayor\u00eda de los ataques a la libre expresi\u00f3n se han judicializado mediante leyes punitivas contrarias a las disposiciones constitucionales y est\u00e1ndares internacionales como son entre otras la \u201cLey contra el Odio\u201d o lo establecido en el C\u00f3digo Penal y C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal.<\/li>\n\n\n\n
      • El proyecto no especifica si los hechos entendidos como delitos \u201cinstigaci\u00f3n al odio\u201d, \u201cdifusi\u00f3n de informaci\u00f3n falsa\u201d, \u201crevelaci\u00f3n indebida de data\u201d, \u201cobstrucci\u00f3n a la justicia\u201d o \u201ctraici\u00f3n a la patria\u201d \u2014usados frecuentemente contra personas defensoras, periodistas y ciudadanos en redes sociales\u2014 se consideran \u201cconexos\u201d. Con esta ambig\u00fcedad y sin esta claridad, la aplicaci\u00f3n de la ley queda a discreci\u00f3n de los mismos tribunales que ejecutaron la persecuci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        D. Conflicto entre el \u201cborrado de antecedentes\u201d y el derecho a la verdad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

        El art\u00edculo 11 obliga a los organismos administrativos y militares a \u201celiminar de sus archivos los registros y antecedentes\u201d de los beneficiados. Una vez sancionada la amnist\u00eda, los documentos pasan a tener un m\u00e9rito probatorio y valor cultural para la Naci\u00f3n. Si bien es necesario dejar sin efectos jur\u00eddicos los registros y antecedentes penales, su protecci\u00f3n y preservaci\u00f3n contribuyen con la memoria hist\u00f3rica as\u00ed que ser\u00edan parte del patrimonio intangible. En consecuencia, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de su custodia, como lo dispone el art\u00edculo 99 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • La sociedad tiene el derecho imprescriptible de conocer qui\u00e9nes fueron perseguidos, por qu\u00e9 opiniones y qu\u00e9 funcionarios ejecutaron dichas \u00f3rdenes para garantizar la verdad <\/strong>y la no repetici\u00f3n<\/strong>. Los expedientes conservan el m\u00e9rito probatorio y deben ser preservados en archivos hist\u00f3ricos de acceso p\u00fablico.<\/li>\n\n\n\n
        • Se debe prohibir la eliminaci\u00f3n de los registros sobre procesos judiciales y acciones estatales arbitrarias. El Estado debe garantizar su preservaci\u00f3n y el acceso p\u00fablico, bajo el consentimiento expreso de las v\u00edctimas y en resguardo de sus datos o informaci\u00f3n personal sensible, exclusivamente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          E. Omisi\u00f3n de la reparaci\u00f3n a medios de comunicaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

          La amnist\u00eda, tal como est\u00e1 planteada en el art\u00edculo 8, extingue acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles pero deja a un lado las acciones laborales y tributarias que tambi\u00e9n son relevantes as\u00ed como el silencio que guarda sobre la infraestructura de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Para promover una \u201cconvivencia democr\u00e1tica\u201d cre\u00edble y realista, el Estado debe devolver las licencias radioel\u00e9ctricas y los equipos incautados a medios y periodistas, permitir la reapertura de medios radio y televisi\u00f3n impresos y digitales clausurados arbitrariamente, y restituir las concesiones radioel\u00e9ctricas revocadas arbitrariamente, y reparar los da\u00f1os causados durante los per\u00edodos mencionados en el art\u00edculo 6.<\/li>\n\n\n\n
          • El Estado venezolano debe restablecer<\/strong> la concesi\u00f3n de la frecuencia del espectro radioel\u00e9ctrico correspondiente al canal 2 de televisi\u00f3n, devolver<\/strong> los bienes objeto de las medidas cautelares (transmisores, planta y repetidores, entre otros) y ordenar mediante un proceso administrativo transparente el otorgamiento<\/strong> de la frecuencia del espectro radioel\u00e9ctrico correspondiente a RCTV, tal como La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenci\u00f3 el 22 de junio de 2015 en la Serie C N\u00b0 293<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            2. Recomendaciones prioritarias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
              \n
            1. Inclusi\u00f3n expresa:<\/strong> sumar de forma expresa como personas beneficiarias del proceso a todas aquellas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente por el ejercicio leg\u00edtimo de los derechos a la libertad de expresi\u00f3n, informaci\u00f3n, opini\u00f3n, prensa y asociaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
            2. Transparencia en todo momento: <\/strong>garantizar que el proceso de dise\u00f1o, consulta, redacci\u00f3n, discusi\u00f3n y sanci\u00f3n del proyecto sea abierto y participativo, que incluya formalmente a los diferentes sectores de la sociedad venezolana: universidades, partidos pol\u00edticos, organizaciones sociales, comit\u00e9s de familiares de v\u00edctimas, sindicatos de trabajadores, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, movimientos vecinales y comunitarios, entre otros sectores.<\/li>\n\n\n\n
            3. Garant\u00edas para la participaci\u00f3n:<\/strong> evitar represalias, amenazas, estigmatizaci\u00f3n y hostigamiento hacia personas, colectivos, movimientos, partidos y organizaciones que participen en las diferentes fases del proceso de consulta y discusi\u00f3n del proyecto.<\/li>\n\n\n\n
            4. Restituci\u00f3n de medios:<\/strong> incorporar un art\u00edculo que ordene expresamente la devoluci\u00f3n de bienes y la habilitaci\u00f3n de frecuencias a medios de comunicaci\u00f3n afectados por pr\u00e1cticas y pol\u00edticas arbitrarias en el periodo mencionado, lo que incluye procesos administrativos que no cumplieron con las distintas fases del debido proceso.<\/li>\n\n\n\n
            5. Preservaci\u00f3n de archivos:<\/strong> modificar el art\u00edculo 11 para que los registros de casos sean desclasificados y transferidos a un archivo de memoria hist\u00f3rica, en lugar de ser eliminados; as\u00ed como garantizar necesariamente el consentimiento de las v\u00edctimas en dicho proceso.<\/li>\n\n\n\n
            6. Acatamiento de las obligaciones internacionales:<\/strong> garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las recomendaciones de los Grupos de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas. As\u00ed como las recomendaciones de los diferentes procedimientos especiales, entre ellos las Relator\u00edas sobre Libertad de Expresi\u00f3n y Opini\u00f3n, Libertad de Reuni\u00f3n Pac\u00edfica y Asociaci\u00f3n, e Independencia de Magistrados y Abogados.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-<\/p>\n\n\n\n

              Estas consideraciones fueron entregadas en f\u00edsico en la sede de la Asamblea Nacional, dirigidas al Presidente de la Comisi\u00f3n Especial del Proyecto de la Ley de Amnist\u00eda, Jorge Arreaza, el 9 de febrero de 2026. <\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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