Abogado Eduardo N\u00fa\u00f1ez <\/p>\n\n\n\n
\u2022 Abogados de Donald Guerrero aseguran que no hubo delito alguno: el dinero nunca sali\u00f3 del Estado, la operaci\u00f3n fue registrada por el propio Gobierno y es materialmente imposible hablar de estafa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Santo Domingo, 3 de febrero de 2026. Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguraron que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 constituy\u00f3 una obligaci\u00f3n legal del Estado dominicano y una operaci\u00f3n estrictamente interinstitucional, que no implic\u00f3 transferencia alguna de recursos a contratistas ni salida de fondos del \u00e1mbito estatal.<\/p>\n\n\n\n Eduardo N\u00fa\u00f1ez, abogado del exministro, explic\u00f3 que el desembolso se realiz\u00f3 del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras p\u00fablicas. \u201cEl \u00fanico receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como err\u00f3neamente pretende sostener el Ministerio P\u00fablico\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n N\u00fa\u00f1ez subray\u00f3 que la operaci\u00f3n fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes n\u00fam. 99-01 y 567-05, lo que confirma su car\u00e1cter plenamente institucional. Precisaron adem\u00e1s que Donald Guerrero no cre\u00f3, administr\u00f3 ni oper\u00f3 dicho programa, cuya ejecuci\u00f3n financiera correspondi\u00f3 exclusivamente a Banreservas bajo la supervisi\u00f3n de los \u00f3rganos reguladores del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan explic\u00f3, lejos de generar una p\u00e9rdida al Estado, la operaci\u00f3n fue registrada oficialmente como una reducci\u00f3n de pasivos p\u00fablicos, al liquidar compromisos financieros acumulados. \u201cEl propio Estado consign\u00f3 esta transacci\u00f3n como disminuci\u00f3n de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad p\u00fablica\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La defensa indic\u00f3 que toda la operaci\u00f3n se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad p\u00fablica, donde se describe el pago como una liquidaci\u00f3n de compromisos interestatales. \u201cUn fraude no se registra, no se publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la contabilidad p\u00fablica documenta una operaci\u00f3n, la narrativa de corrupci\u00f3n se derrumba por s\u00ed sola\u201d, afirmaron.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, Eduardo N\u00fa\u00f1ez sostuvo que es jur\u00eddicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos involucrados eran p\u00fablicos, l\u00edcitos y transferidos entre entidades estatales. \u201cSin dinero il\u00edcito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n La defensa insisti\u00f3 que, tras m\u00e1s de cinco a\u00f1os de investigaci\u00f3n, no existe prueba alguna que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento il\u00edcito, desv\u00edo de fondos o beneficio personal. Anunciaron que estos elementos t\u00e9cnicos y documentales ser\u00e1n expuestos ante el tribunal del caso contra los tres exministros, que inici\u00f3 hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os, para desmontar la acusaci\u00f3n. \u201cNo ejecutar este pago habr\u00eda implicado violar la ley; hacerlo fue cumplir con una obligaci\u00f3n institucional del Estado\u201d, concluy\u00f3 N\u00fa\u00f1ez.<\/p>\n\n\n\n trabajode prensa<\/p>\n\n\n\n