Hoy, la miner\u00eda moderna ya no se mide solo por cu\u00e1nto extrae, sino por c\u00f3mo lo hace y a qui\u00e9n beneficia<\/p>\n\n\n\n
Por Mart\u00edn Ernesto Valerio Jimini\u00e1n<\/p>\n\n\n\n
La miner\u00eda no es una actividad circunstancial ni marginal; es un mandato constitucional y una columna del modelo de desarrollo nacional. La Constituci\u00f3n de 2010 no deja lugar a dudas: los recursos naturales forman parte del patrimonio de la Naci\u00f3n y su aprovechamiento debe realizarse con racionalidad, sostenibilidad y transparencia.<\/p>\n\n\n\n
El dominio estatal: base jur\u00eddica del desarrollo<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 14 establece que los recursos naturales del territorio nacional incluidos el subsuelo y los yacimientos mineros son de dominio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado. El art\u00edculo 17 complementa este principio al disponer que su explotaci\u00f3n solo puede efectuarse mediante concesiones o contratos otorgados conforme a la ley. Estos art\u00edculos consagran un r\u00e9gimen p\u00fablico donde el Estado no es un mero espectador, sino propietario, administrador y garante del inter\u00e9s nacional.<\/p>\n\n\n\n
En este marco, la miner\u00eda dominicana no opera al margen del Estado, sino dentro de un sistema jur\u00eddico que equilibra derecho p\u00fablico, iniciativa privada y funci\u00f3n social de la econom\u00eda (art\u00edculo 50). Ese equilibrio es el que convierte la riqueza del subsuelo en bienestar tangible para las comunidades y el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Proporcionalidad, confianza y prop\u00f3sito<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 40.15 de la Carta Magna dispone que toda actuaci\u00f3n estatal se rija por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el \u00e1mbito minero, esto se traduce en la b\u00fasqueda de un balance entre regulaci\u00f3n, protecci\u00f3n ambiental y seguridad jur\u00eddica. Solo a trav\u00e9s de ese equilibrio se construye credibilidad, el recurso m\u00e1s valioso de cualquier sector econ\u00f3mico. Sin confianza no hay inversi\u00f3n, y sin inversi\u00f3n no hay progreso sostenible.<\/p>\n\n\n\n
Esa confianza vuelve a consolidarse. En los primeros siete meses de 2025, la miner\u00eda dominicana creci\u00f3 5 %, revirtiendo la ca\u00edda del \u201312.5 % registrada en 2024. Solo en julio, el crecimiento interanual fue de 21 %, una de las tasas m\u00e1s altas desde 2021. Estos resultados confirman que el pa\u00eds puede producir desarrollo sin comprometer sus principios ambientales ni su institucionalidad.<\/p>\n\n\n\n
El bloque constitucional de sostenibilidad<\/p>\n\n\n\n
Los art\u00edculos 66 y 67 de la Constituci\u00f3n conforman lo que podemos denominar un bloque constitucional de sostenibilidad minera, al reconocer el derecho colectivo a un medio ambiente sano y el deber de restaurar los ecosistemas degradados. Este marco obliga tanto al Estado como a las empresas a operar con responsabilidad, trazabilidad y tecnolog\u00eda limpia, garantizando que cada proyecto deje una huella positiva en el territorio: mejores carreteras, escuelas, oportunidades laborales y comunidades m\u00e1s resilientes.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, la miner\u00eda moderna ya no se mide solo por cu\u00e1nto extrae, sino por c\u00f3mo lo hace y a qui\u00e9n beneficia. El reto no es extraer m\u00e1s, sino hacerlo mejor.<\/p>\n\n\n\n
Un sector que impulsa la econom\u00eda<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de la extracci\u00f3n, la miner\u00eda moderna es una industria de valor agregado, con capacidad para dinamizar sectores completos de la econom\u00eda dominicana. Cada operaci\u00f3n minera activa cadenas productivas que incluyen transportes, metalmec\u00e1nica, manufactura, energ\u00eda, puertos, tecnolog\u00eda, servicios ambientales, seguridad industrial y un creciente universo de MIPYMES locales.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, m\u00e1s del 70% de las compras de las principales empresas mineras se ha realizado a suplidores dominicanos, movilizando miles de millones de pesos en bienes y servicios nacionales. Esto convierte a la miner\u00eda en una de las pocas actividades con un efecto multiplicador.<\/p>\n\n\n\n
La miner\u00eda tambi\u00e9n fortalece la capacidad fiscal del Estado. Regal\u00edas, Impuesto Sobre la Renta (ISR), anticipos, retenciones y la participaci\u00f3n municipal han crecido de forma sostenida, financiando carreteras, hospitales y programas sociales en provincias que hist\u00f3ricamente enfrentaban barreras de desarrollo. Esto flujo fiscal expresa con claridad el mandato de los art\u00edculos 14, 16, 17 y 50: los recursos naturales son patrimonio p\u00fablico y su aprovechamiento debe traducirse en bienestar colectivo.<\/p>\n\n\n\n
El impacto econ\u00f3mico del sector, por tanto, va mucho m\u00e1s all\u00e1 de los montos de exportaci\u00f3n: representa un modelo basado en productividad, formalizaci\u00f3n laboral, inversi\u00f3n extranjera directa responsable y fortalecimiento institucional. Es un sector que combina rentabilidad empresarial con beneficio p\u00fablico y que demuestra que el subsuelo dominicano puede ser una palanca de bienestar si se gestiono con reglas claras, tecnolog\u00eda y responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n
El pacto social minero<\/p>\n\n\n\n
El mandato constitucional es claro: los art\u00edculos 16 y 17 obligan al Estado a promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional. Ese mandato se materializa en lo que hoy denominamos el pacto social minero: un compromiso compartido entre Estado, empresas y comunidades para transformar la riqueza del subsuelo en bienestar visible en la superficie. Cada proyecto minero responsable representa una oportunidad para convertir comunidades rurales en polos de desarrollo, con empleos dignos, infraestructura moderna y servicios sostenibles.<\/p>\n\n\n\n
El desarrollo minero no debe entenderse como una confrontaci\u00f3n de intereses, sino como un ejercicio de corresponsabilidad nacional. No se trata solo de extraer minerales, sino de extraer progreso, con equidad territorial y beneficios concretos para las generaciones presentes y futuras.<\/p>\n\n\n\n
Una ley moderna para un nuevo ciclo<\/p>\n\n\n\n
El debate sobre la nueva ley minera no es un obst\u00e1culo: es una oportunidad para actualizar el mandato constitucional con instrumentos modernos que fortalezcan la seguridad jur\u00eddica, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia institucional. Una legislaci\u00f3n clara y predecible consolidar\u00e1 un clima de confianza entre Estado, empresas y comunidades, y permitir\u00e1 que la miner\u00eda siga siendo un eje estrat\u00e9gico del desarrollo nacional.<\/p>\n\n\n\n
Miner\u00eda y Constituci\u00f3n: una misma ra\u00edz<\/p>\n\n\n\n
La miner\u00eda no contradice la Constituci\u00f3n: emerge de ella. Cuando el Estado regula con equilibrio, las empresas act\u00faan con prop\u00f3sito y las comunidades participan activamente, se cumple la esencia del texto constitucional: un desarrollo humano sostenible, basado en la confianza, la legalidad y la buena gesti\u00f3n de nuestra riqueza natural.<\/p>\n\n\n\n
La Rep\u00fablica Dominicana no tiene que elegir entre desarrollo y medio ambiente. Puede, y debe, hacerlo bien: con instituciones s\u00f3lidas, reglas claras y una miner\u00eda que deje huellas de progreso, no de conflicto.<\/p>\n\n\n\n
El autor: Director Ejecutivo, C\u00e1mara Minera Petrolera de la Rep\u00fablica Dominicana (CAMIPERD).<\/p>\n\n\n\n
Lissy G\u00f3mez<\/p>\n\n\n\n