{"id":630802,"date":"2025-08-10T08:37:34","date_gmt":"2025-08-10T12:37:34","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=630802"},"modified":"2025-08-10T08:53:55","modified_gmt":"2025-08-10T12:53:55","slug":"indignacion-en-manzanillo-contratista-del-puerto-evade-pago-de-arbitrio-por-uso-de-suelos-y-excluye-de-empleos-a-la-comunidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=630802","title":{"rendered":"\u00a1Indignaci\u00f3n en Manzanillo!: Contratista del Puerto evade pago de arbitrio por uso de suelos y\u00a0excluye de empleos\u00a0a la comunidad"},"content":{"rendered":"\n

Por Frank Valenzuela<\/em><\/strong>
presidente de CEBAMDER<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fue el profesor Edis Hern\u00e1ndez, una figura respetada en Manzanillo, quien primero encendi\u00f3 las alarmas sobre las pr\u00e1cticas laborales del contratista. A trav\u00e9s de un mensaje directo y contundente en su red social Facebook, Hern\u00e1ndez revel\u00f3 la informaci\u00f3n que circulaba entre los vecinos: la empresa a cargo de la reparaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del puerto, operando en los terrenos del viejo taller de Grenada Companny, estaba sistem\u00e1ticamente negando oportunidades de empleo a los j\u00f3venes de Manzanillo, Copey y Carbonera, sembrando la desesperanza en la comunidad.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Centro Bah\u00eda de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunci\u00f3 este domingo que el ambicioso proyecto de rehabilitaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del Puerto de Manzanillo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el Programa DR-L1141 y destinado a ser un motor de desarrollo para la L\u00ednea Noroeste, se ha convertido en el epicentro de una creciente indignaci\u00f3n social en el municipio Pepillo Salcedo.<\/p>\n\n\n\n

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Puerto de Manzanillo.<\/p>\n\n\n\n

Frank Valenzuela, presidente de la organizaci\u00f3n ciudadana, destac\u00f3 que el conflicto se centra en una doble denuncia que golpea los pilares de la responsabilidad social y legal de la empresa contratista, Soletanche Bachy Colombia, la cual opera bajo la supervisi\u00f3n del Consorcio PEYCO Seg. Gim\u00e9nez Cuenca.<\/p>\n\n\n\n

Por un lado, la denuncia principal, respaldada por fuentes locales y autoridades que prefieren el anonimato, es que la empresa ha evadido el pago de los impuestos correspondientes al uso de suelo al Ayuntamiento Municipal. Esta presunta omisi\u00f3n fiscal priva al municipio de ingresos vitales para gestionar el impacto que la propia obra genera y es percibida no como un descuido administrativo, sino como un acto de desd\u00e9n hacia la autoridad local y sus habitantes.<\/p>\n\n\n\n

El segundo agravio, y quiz\u00e1s el m\u00e1s doloroso para la comunidad, es la pol\u00edtica de contrataci\u00f3n laboral. Seg\u00fan la denuncia, de m\u00e1s de un centenar de empleos generados por el proyecto, apenas una docena (es decir, el 11 %) han sido ocupados por residentes de Pepillo Salcedo y sus comunidades aleda\u00f1as. Esta cifra contrasta de manera flagrante con los compromisos de inclusi\u00f3n estipulados en los propios documentos del proyecto, que enfatizaban la necesidad de reclutar mano de obra no calificada en la zona de influencia directa.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado, la situaci\u00f3n ha destapado una profunda brecha de confianza entre la comunidad y los ejecutores del proyecto. Lo que se vendi\u00f3 como una oportunidad hist\u00f3rica para mitigar la pobreza y el desempleo en una de las zonas m\u00e1s vulnerables del pa\u00eds es visto ahora por muchos como un ejemplo de c\u00f3mo las grandes inversiones pueden operar de espaldas a la poblaci\u00f3n local, extrayendo valor del territorio mientras se ignoran las necesidades y los derechos de sus habitantes, alimentando un justificado sentimiento de agravio.<\/p>\n\n\n\n

La voz de alarma: \u201cA los j\u00f3venes de aqu\u00ed no les dan empleo\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Centro CEBAMDER afirma que fue el profesor Edis Hern\u00e1ndez, una figura respetada en la comunidad, quien primero encendi\u00f3 las alarmas sobre las pr\u00e1cticas laborales del contratista. A trav\u00e9s de su red social Facebook, Hern\u00e1ndez revel\u00f3 la informaci\u00f3n que circulaba entre los vecinos: la empresa a cargo de la reparaci\u00f3n del puerto, operando en los terrenos del viejo taller, estaba sistem\u00e1ticamente negando oportunidades de empleo a los j\u00f3venes de Manzanillo, Copey y Carbonera, sembrando la desesperanza.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia de Hern\u00e1ndez no se qued\u00f3 en la generalidad, sino que apunt\u00f3 a un mecanismo concreto de exclusi\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 directamente que la encargada de Recursos Humanos de la compa\u00f1\u00eda es originaria de San Fernando de Monte Cristi y que, seg\u00fan las quejas, prioriza de manera abrumadora la contrataci\u00f3n de personal de su municipio de origen. Este se\u00f1alamiento dio un rostro y un m\u00e9todo a la frustraci\u00f3n de los aspirantes locales, que ve\u00edan c\u00f3mo las oportunidades se desviaban sistem\u00e1ticamente hacia fuera de su comunidad.<\/p>\n\n\n\n

Para dar peso a su acusaci\u00f3n, se expusieron cifras alarmantes que evidenciaban el patr\u00f3n de contrataci\u00f3n. De un grupo reciente de doce nuevos empleados, la totalidad proven\u00eda del municipio de San Fernando, mientras los curr\u00edculos de los locales eran ignorados. La justificaci\u00f3n extraoficial que, seg\u00fan los denunciantes, ofrece la empresa es que los residentes de Pepillo Salcedo \u201cno tienen las competencias para hacer ese tipo de trabajo\u201d, un argumento que la comunidad rechaza por considerarlo una excusa para justificar el favoritismo.<\/p>\n\n\n\n

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Antiguos almacenes de la Grenada Company hoy usados por contratistas.<\/p>\n\n\n\n

Las declaraciones del profesor Hern\u00e1ndez no solo visibilizaron el problema, sino que actuaron como un catalizador para el descontento social que ya lat\u00eda en la comunidad. Al dar voz p\u00fablica a un sentimiento generalizado de exclusi\u00f3n, se abri\u00f3 la puerta para que decenas de ciudadanos encontraran en esa red social un espacio para compartir sus propias experiencias y expresar una indignaci\u00f3n que, hasta ese momento, se manten\u00eda en el \u00e1mbito de la conversaci\u00f3n privada, convirtiendo un rumor en un clamor p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El clamor digital: la indignaci\u00f3n se vuelca en las redes sociales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tras la denuncia inicial, la red social Facebook se convirti\u00f3 en el principal foro de catarsis y debate para los manzanilleros. Consuelo Pe\u00f1a Perdomo resumi\u00f3 el sentir general al escribir: \u201cSi los de aqu\u00ed han aplicado, hay que darles oportunidad tambi\u00e9n. Eso debe ser m\u00e1s equitativo, es nuestro territorio. As\u00ed no. Man\u00e9jense mejor\u201d. A su voz se sum\u00f3 la de Johnnatan Castro Moreno, quien afirm\u00f3: \u201cPienso que hay que brindarle m\u00e1s oportunidades a nuestra juventud manzanillera, s\u00ed es cierto que hay muchos preparados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El sentimiento de injusticia se entrelaz\u00f3 con la percepci\u00f3n de un desequilibrio ambiental y social. Moreno Belliard lo expres\u00f3 con crudeza: \u201cEl pueblo de Manzanillo est\u00e1 recibiendo todo el polvo y la contaminaci\u00f3n de esa compa\u00f1\u00eda. Por lo visto, los de Manzanillo son los que deben recibir los beneficios\u201d. Esta idea de soportar las cargas del proyecto sin recibir sus ventajas fue un tema recurrente, validado por comentarios como el de Fernando Capell\u00e1n: \u201cHe o\u00eddo que no les gusta meter gente de aqu\u00ed, no s\u00e9 por qu\u00e9, pero lo he escuchado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La frustraci\u00f3n escal\u00f3 r\u00e1pidamente hacia llamados a la acci\u00f3n directa, mostrando el agotamiento de la paciencia comunitaria. Welinton P\u00e9rez fue tajante: \u201cHay que hacerle un paro tajante que salga por todos los canales de televisi\u00f3n y redes sociales\u201d. En la misma l\u00ednea, Miguel Toribio sentenci\u00f3: \u201cHacerle un paro y punto, no se hable m\u00e1s. Hacerle saber a ellos que Recursos Humanos no est\u00e1 haciendo las cosas bien\u201d. Estas reacciones reflejan una voluntad de movilizaci\u00f3n para exigir que se respeten los derechos de la comunidad local.<\/p>\n\n\n\n

Las historias personales pusieron un rostro humano al problema. Katerina Cabrera Valdez lament\u00f3: \u201cAh\u00ed est\u00e1 mi curr\u00edculum, que tiene casi cinco meses, y ni llaman a uno ni nada\u201d. Similar fue la experiencia de Eliezer Valdez Guzm\u00e1n: \u201cA m\u00ed qued\u00f3 de llamarme y nunca lo hizo. Solo dijo: \u2018usted est\u00e1 bien preparada para el puesto\u2019. Luego supe que se lo dieron a una de Montecristi\u201d. Estas vivencias personales, compartidas p\u00fablicamente, transformaron una estad\u00edstica de desempleo en una narrativa colectiva de exclusi\u00f3n y promesas incumplidas.<\/p>\n\n\n\n

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Autobuses para movilizar trabajadores que residen fuera del Municipio Pepillo Salcedo.<\/p>\n\n\n\n

Lo que dice el papel: las promesas del Estudio de Impacto Social<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ir\u00f3nicamente, la exclusi\u00f3n laboral que denuncia la comunidad de Pepillo Salcedo contradice directamente los lineamientos establecidos en el propio documento que rige el proyecto. El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)<\/em> del Programa DR-L1141, financiado por el BID, identifica en su secci\u00f3n A.2.01 la \u201cMovilizaci\u00f3n de trabajadores\u201d como una acci\u00f3n de alta relevancia y un \u201cvector de impacto\u201d fundamental, reconociendo expl\u00edcitamente la creaci\u00f3n de empleos y los ingresos correspondientes como un beneficio social clave de la obra.<\/p>\n\n\n\n

El documento es inequ\u00edvoco en su mandato de contrataci\u00f3n local. Aunque admite que una parte de la fuerza laboral deber\u00e1 ser especializada y no ser\u00e1 reclutada en la zona, establece textualmente que \u201cparte de la mano de obra predominantemente no calificada necesaria debe ser reclutada en Pepillo Salcedo y en otros centros urbanos cercanos, como Monte Cristi, Copey y Dajab\u00f3n\u201d. Esta directriz, lejos de ser una sugerencia, se presenta como una pol\u00edtica fundamental para la gesti\u00f3n del impacto social del proyecto en su entorno inmediato.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el EIAS subraya la importancia de la participaci\u00f3n comunitaria en su \u201cMapeo y An\u00e1lisis de las Partes Interesadas\u201d. Dicho an\u00e1lisis identifica expl\u00edcitamente a la \u201cPoblaci\u00f3n de Pepillo Salcedo\u201d y a los \u201cTrabajadores de construcci\u00f3n contratados localmente\u201d como grupos de inter\u00e9s que deben ser considerados y que se ver\u00e1n directamente impactados por el proyecto. Ignorar a estos grupos en los procesos de contrataci\u00f3n no solo es una falta de \u00e9tica, sino que contraviene la metodolog\u00eda de gesti\u00f3n social que el propio estudio exige implementar.<\/p>\n\n\n\n

El incumplimiento se extiende tambi\u00e9n a la comunicaci\u00f3n. La secci\u00f3n 5.3.1.1 del estudio obliga al MOPC y al contratista a \u201cdesarrollar canales de comunicaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n local y garantizar que se brinde informaci\u00f3n sobre temas clave\u201d. Entre los temas a divulgar, el documento cita de forma expresa las \u201cpr\u00e1cticas de contrataci\u00f3n y oportunidades de empleo\u201d. Sin embargo, los residentes afirman que esta divulgaci\u00f3n ha sido nula, lo que ha generado un vac\u00edo de informaci\u00f3n que ha sido llenado por la desconfianza y la frustraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La ley ignorada: uso de suelo y la obligaci\u00f3n tributaria municipal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de la controversia laboral, la denuncia sobre la evasi\u00f3n del pago de arbitrios por uso de suelo apunta a una grave falta legal. La legislaci\u00f3n dominicana, espec\u00edficamente la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, otorga a los ayuntamientos la potestad de establecer y cobrar tasas por la ocupaci\u00f3n y el uso del suelo dentro de su jurisdicci\u00f3n. Estos arbitrios constituyen una de las principales fuentes de ingresos propios para los gobiernos locales, siendo fundamentales para su autonom\u00eda y operatividad.<\/p>\n\n\n\n

Esta obligaci\u00f3n tributaria no es discrecional ni depende de la envergadura del proyecto. Cualquier entidad, ya sea p\u00fablica o privada, que desarrolle una actividad constructiva o industrial en terrenos municipales est\u00e1 legalmente sujeta al pago de estas tasas. El objetivo de este marco legal es asegurar que el municipio reciba una compensaci\u00f3n justa por el desgaste que la actividad genera en su infraestructura y por los servicios p\u00fablicos que debe proveer, como la gesti\u00f3n de residuos o el mantenimiento de v\u00edas de acceso.<\/p>\n\n\n\n

El presunto impago por parte del contratista del puerto no solo representa una p\u00e9rdida financiera directa para el Ayuntamiento de Pepillo Salcedo, sino que socava su capacidad para hacer frente a las nuevas demandas generadas por la propia obra. Los fondos que deber\u00edan recaudarse por este concepto son precisamente los que permitir\u00edan al municipio reforzar los servicios que se ven presionados por la actividad del proyecto, creando un c\u00edrculo vicioso en el que la comunidad sufre el impacto sin recibir los recursos para gestionarlo.<\/p>\n\n\n\n

En \u00faltima instancia, esta omisi\u00f3n fiscal trasciende lo econ\u00f3mico y se convierte en un acto de desconocimiento de la autoridad municipal y del marco jur\u00eddico que la sustenta. Refuerza la percepci\u00f3n de la comunidad de que las grandes corporaciones y los proyectos de envergadura nacional pueden operar en una especie de limbo legal, al margen de sus responsabilidades con el entorno local. Esta conducta erosiona la legitimidad de las instituciones y alimenta un clima de indefensi\u00f3n y profundo malestar social.<\/p>\n\n\n\n

Bahia Fronteriza<\/p>\n\n\n\n

bahiafronteriza@gmail.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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