SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.-\u00a0Ante las evidencias aportadas por el Ministerio P\u00fablico,\u2002el Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Puerto Plata, impuso, como medidas de coerci\u00f3n, el pago de un mill\u00f3n de pesos, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds contra tres personas investigadas por un fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados relacionados con el proyecto habitacional \u201cPara\u00edso Dorado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La medida fue impuesta a Jes\u00fas Aldea Abian, de nacionalidad espa\u00f1ola, al abogado Pedro Pablo P\u00e9rez y a su esposa Griselda Antonia Calder\u00f3n Taveras.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n judicial parti\u00f3 de una querella presentada por D\u00e1maso Medrano Reyes, quien denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de la falsificaci\u00f3n de su firma en un poder general, mediante el cual se otorgaban amplias facultades a su entonces socio Jes\u00fas Aldea Abi\u00e1n, para actuar en su nombre dentro del proyecto.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan consta en la querella, los documentos falsificados fueron utilizados para desviar fondos de inversionistas hacia otras dos compa\u00f1\u00edas: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los tambi\u00e9n imputados Pedro Pablo P\u00e9rez y Griselda Antonia Calder\u00f3n Taveras. A pesar de los pagos realizados, el proyecto, que debi\u00f3 levantarse en el municipio San Felipe de Puerto Plata, nunca fue construido.<\/p>\n\n\n\n
El poder fue legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para an\u00e1lisis. El peritaje, mediante certificado No. DRN-075-2025, de fecha 26 de junio de 2025, confirm\u00f3 que las firmas no corresponden al se\u00f1or Medrano Reyes, validando la denuncia de falsificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Durante la audiencia la fiscal litigante Massiel Pe\u00f1a aport\u00f3 suficientes evidencias ante la jueza Rosalba Francisco Parra, del Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Puerto Plata, quien impuso la medida de coerci\u00f3n a los imputados.<\/p>\n\n\n\n
Rosal\u00eda Vargas G\u00f3mez, fiscal investigadora del caso, contin\u00faa las diligencias para determinar la magnitud del fraude.<\/p>\n\n\n\n
El caso ha recibido de manera preliminar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266, y 408 del C\u00f3digo Penal dominicano.<\/p>\n\n\n\n
Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/p>\n\n\n\n
Ministerio P\u00fablico RD<\/p>\n\n\n\n