Por Carlos Manuel Manzano <\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n actual por la que atraviesa el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en nuestro pa\u00eds est\u00e1 llena de grandes injusticias y arbitrariedades en contra de las personas afiliadas, mientras son protegidos los intereses de las empresas financieras insertadas en la seguridad social y cuyo \u00fanico inter\u00e9s es el af\u00e1n desmedido de lucrarse econ\u00f3micamente, que bien puede calificarse ya de \u201cagiotismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En lo que respecta al r\u00e9gimen de pensiones y jubilaciones, las autoridades de la Seguridad Social, y el Estado como entidad superior, garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, desconocen, o tratan de desconocer, las prerrogativas que tanto la Constituci\u00f3n como las leyes 87-01, de Seguridad Social, y 379-81, sobre Jubilaciones y Pensiones del Estado, reconocen a las personas afiliadas a la seguridad social.<\/p>\n\n\n\n
Las acciones para desconocer e impedir el disfrute de esos derechos consagrados en la Constituci\u00f3n y las leyes, incluye el insertar en una segunda Resoluci\u00f3n del CNSS, de fecha 16\/11\/23 (No.579-02) disposiciones que contradicen la intenci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No.572-07, de fecha 06\/07\/23, en la que se reconoc\u00eda el derecho de los servidores p\u00fablicos a permanecer en el sistema de Reparto, vulnerando con ello los m\u00e1s sagrados derechos fundamentales, y echando a un lado el principio de favorabilidad consagrado en el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Los servidores p\u00fablicos a quienes por cerca de 20 a\u00f1os se les neg\u00f3 el derecho a permanecer en el sistema de reparto violentando la Constituci\u00f3n y de las leyes 379-81, 87-01 y 41-08, y habiendo el CNSS reconocido este derecho en el mes de julio del 2023 (Resoluci\u00f3n No.572-07) y aprobado el procedimiento de traspaso, de repente se explaya emitiendo otra Resoluci\u00f3n (No.579-02), diciendo todo lo contrario, lo cual constituye una flagrante aberraci\u00f3n jur\u00eddica y social.<\/p>\n\n\n\n
Decenas de miles de ciudadanos que califican para optar por una pensi\u00f3n digna, conforme la Constituci\u00f3n, la Ley 379-81, y la No.87-01 de Seguridad Social, est\u00e1n siendo obligados, de manera abusiva y atropellante, a permanecer vinculados a alguna AFP recibiendo una p\u00edrrica pensi\u00f3n que no da ni siquiera para cubrir los medicamentos de los \u201cpensionados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Es un principio constitucional el que ninguna disposici\u00f3n de la ley, y mucho menos una Resoluci\u00f3n, puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garant\u00edas fundamentales del ciudadano, consagrados en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Constitucional dominicano ha expresado que la Constituci\u00f3n y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su m\u00e1xima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental.<\/p>\n\n\n\n
En tal sentido, en los casos en que exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecer\u00e1 siempre la que sea m\u00e1s favorable al titular del derecho vulnerado.<\/p>\n\n\n\n
La favorabilidad no es m\u00e1s que el deber que tienen los poderes p\u00fablicos de interpretar y aplicar \u201clas normas relativas a los derechos fundamentales y sus garant\u00edas, en el sentido m\u00e1s favorable a la persona titular de los mismos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El principio de favorabilidad en Rep\u00fablica Dominicana se aplica en el \u00e1mbito de las pensiones para proteger los derechos fundamentales de las personas. Este principio se encuentra establecido en el art\u00edculo 74, numeral 4 de la Constituci\u00f3n, el cual, junto al principio de igualdad, permite que las personas puedan beneficiarse de medidas que protejan sus derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la jurisprudencia dominicana ha sido constante y permanente en el sentido de que los derechos fundamentales deben interpretarse en el sentido m\u00e1s favorable a su titular (TC\/0323\/17; art. 74.4 Constituci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n
En su T\u00edtulo II, de la Constituci\u00f3n, sobre Derechos, Garant\u00edas y Deberes Fundamentales, se consignan los derechos fundamentales, dentro de los cuales destacamos: El Derecho a la vida (Art\u00edculo 37); Derecho a la dignidad humana (Art\u00edculo 38); Derecho a la igualdad (Art\u00edculo 39); Protecci\u00f3n de las personas de la tercera edad (Art\u00edculo 57); Protecci\u00f3n de las personas con discapacidad (Art\u00edculo 58); Derecho a la seguridad social (Art\u00edculo 60); Derecho a la salud (Art\u00edculo 61); Derecho al trabajo (Art\u00edculo 62), entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Por todo lo antes expuesto, todo aquel ciudadano que se encuentre regido actualmente por dos (2) o m\u00e1s disposiciones legales sobre pensiones y jubilaciones, y que para ambas cumpla los requisitos, se le debe reconocer siempre aquella que m\u00e1s le favorezca, conforme la Constituci\u00f3n y las leyes ya se\u00f1aladas.<\/p>\n\n\n\n
Aunque la Direcci\u00f3n General de Informaci\u00f3n y Defensa de los Afiliados (DIDA) ha asumido este caso y ha actuado para que se solucione, no ha encontrado la receptividad que esperaba de las instancias de la seguridad social llamadas a enmendar el error que cometieron al impedir, de manera ilegal e inconstitucional, el traspaso voluntario a afiliados regidos por la Ley No.379-81 al sistema de Reparto destinado a servidores p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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