Yanessi Espinal<\/p>\n\n\n\n
En la era del PRM en el poder ha sido repetitivo el hecho de interpretar las leyes o cambiarlas para adecuarlas a su agenda pol\u00edtica partidaria.<\/p>\n\n\n\n
El caso de la alcald\u00eda de La Vega en que el Concejo de Regidores dej\u00f3 sin efecto la renuncia de la vicealcaldesa, Amparo Custodio, a pesar de la ilegalidad de la acci\u00f3n, es el \u00faltimo en una cadena de acciones en las que el gobernante Partido Revolucionario moderno (PRM) ha optado por modificar le ley o la interpreta de manera acomodaticia para beneficiar a su agenda pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la acci\u00f3n del partido de gobierno en la alcald\u00eda de La Vega, recientemente el presidente Luis Abinader design\u00f3 a Carlos Pimentel en la Direcci\u00f3n de Alianza P\u00fablico Privada para que desempe\u00f1ara el cargo conjuntamente con la direcci\u00f3n de Compras y Contrataciones, a pesar de que la Ley 47\/20, de Alianza P\u00fablico Privada, proh\u00edbe al titular de la instituci\u00f3n ocupar otro cargo en el Estado.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente, la Asamblea Nacional Revisora aprob\u00f3 un art\u00edculo transitorio que establece que las modificaciones que se hicieron a la Carta Magna en el marco de la \u00faltima modificaci\u00f3n, no requer\u00edan del referendo aprobatorio.<\/p>\n\n\n\n
La inclusi\u00f3n de esa cl\u00e1usula se hizo en el marco del debate sobre la necesidad o no de una consulta a la poblaci\u00f3n sobre la inclusi\u00f3n de la cl\u00e1usula p\u00e9trea para impedir modificaciones futuras al art\u00edculo 124 sobre la reelecci\u00f3n presidencial. La mayor\u00eda de los abogados especialistas en derecho constitucional, coincidi\u00f3 en que ser\u00eda necesario el referendo.<\/p>\n\n\n\n
La misma modificaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n de este a\u00f1o incluy\u00f3 una cl\u00e1usula transitoria que impide al presidente Abinader optar de nuevo por la Presidencia de la Rep\u00fablica, a pesar de que el art\u00edculo 124 lo proh\u00edbe.<\/p>\n\n\n\n
En otro caso, en marzo de 2021, el Congreso bajo dominio del partido oficial, modific\u00f3 la Ley de Inapa para eliminar el requisito de que el director de la Instituci\u00f3n tendr\u00eda que ser un profesional de la ingenier\u00eda civil. La finalidad de esa modificaci\u00f3n fue facilitar la designaci\u00f3n de Wellington Arnaud.<\/p>\n\n\n\n
Para esos fines fue cambiada el art\u00edculo 7 de la legislaci\u00f3n 5994, del 30 de julio de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), fue promulgada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2021, antes de un a\u00f1o del primer gobierno del PRM.<\/p>\n\n\n\n
En noviembre de 2023, el Congreso aprob\u00f3 una ley que le permit\u00eda al actual gobierno revisar los contratos de concesi\u00f3n otorgados por el Estado antes de 2006, cuando se aprob\u00f3 la ley 340-06 sobre Contrataciones P\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
Ese mismo a\u00f1o, el Gobierno anunci\u00f3 la extensi\u00f3n del contrato de arrendamiento de siete aeropuertos con Aerodom, a pesar de que al contrato vigente le faltaban siete a\u00f1os para cumplirse.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de ley, propuesto por el Poder Ejecutivo, argumenta que el Estado a\u00fan tiene concesiones vigentes contratadas antes del 2006, cuando no exist\u00eda un marco normativo que regulara de forma precisa la administraci\u00f3n, gesti\u00f3n y modificaci\u00f3n de los contratos de concesiones, por lo que se carece de elementos suficientes que regulen los objetivos de los convenios.<\/p>\n\n\n\n
Bajo esa nueva normativa, solo se ha modificado el contrato de Aeropuertos Dominicano Siglo XXI. Originalmente, ese contrato concluir\u00eda en 2030, pero la renovaci\u00f3n lo extendi\u00f3 hasta el 2060.<\/p>\n\n\n\n
El presidente Abinader hizo el anuncio oficial de la extensi\u00f3n del contrato con a Aerodom que incluy\u00f3 un adelanto de 775 millones de d\u00f3lares para ejecutar una serie de obras.<\/p>\n\n\n\n
La batalla por recursos partidos, otra violaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
En el marco de la pasada campa\u00f1a electoral, los partidos de oposici\u00f3n y la Junta Central Electoral (JCE) libraron una batalla contra el partido de gobierno porque redujo en un 50% los fondos que les corresponden a los partidos pol\u00edticos en el a\u00f1o electoral. El art\u00edculo 224 de la ley 20-23 sobre el R\u00e9gimen Electoral, en lo relativo al financiamiento p\u00fablico a los partidos pol\u00edticos establece el 0.5% sobre los ingresos de los fondos generales en a\u00f1os electorales por parte del Gobierno central. Los partidos de oposici\u00f3n denunciaron que el recorte de los fondos obedeci\u00f3 a una supuesta estrategia del partido de gobierno para debilitar econ\u00f3micamente a los adversarios y competir en condiciones m\u00e1s favorables al PRM. En el caso de la alcald\u00eda de La Vega, las organizaciones de oposici\u00f3n, espec\u00edficamente la Fuerza del Pueblo (FP), deposit\u00f3 un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo de ese municipio que busca dejar sin efecto de la decisi\u00f3n del Concejo de Regidores bajo el alegato de que viola la ley de Municipios y el Distrito Nacional y la propia Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica. La mayor\u00eda de los abogados ha advertido que la decisi\u00f3n del Concejo de Regidores es ilegal porque la renuncia de Custodio es un hecho consumado.<\/p>\n\n\n\n
El Caribe<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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