Los diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela votan durante una sesi\u00f3n en la Asamblea Nacional en Caracas el 13 de agosto de 2024.<\/p>\n\n\n\n
agosto 21, 2024<\/p>\n\n\n\n
Vea comentarios<\/a><\/p>\n\n\n\n A pesar de los llamados de instancias internacionales y organizaciones locales, la Asamblea Nacional de mayor\u00eda oficialista de Venezuela aprob\u00f3 una ley que, de acuerdo a activistas, tiene car\u00e1cter sancionador, criminaliza el derecho de asociaci\u00f3n y tendr\u00e1 efecto sobre sectores vulnerables.<\/p>\n\n\n\n El ambiente en Venezuela est\u00e1 marcado por incertidumbre, tensi\u00f3n y miedo, tras la escalada represiva denunciada por diversas instancias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y las amenazas que rodean, no solo a defensores de DDHH, sino a la sociedad en general.<\/p>\n\n\n\n Una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano de mayor\u00eda oficialista impone nuevas obligaciones que afectan el derecho de asociaci\u00f3n, coinciden activistas de DDHH que cuestionan los argumentos del gobierno.<\/p>\n\n\n\n El oficialismo sostiene que la Ley de Fiscalizaci\u00f3n<\/em><\/strong>,<\/a> Regularizaci\u00f3n, Actuaci\u00f3n y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendici\u00f3n de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero, pero activistas denuncian que el objetivo es \u201csuprimir\u201d el derecho de asociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El gobierno, adem\u00e1s, ha argumentado que en el pa\u00eds existen al menos 60 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que, afirma, operan con fines pol\u00edticos con el objetivo de \u201cgenerar desestabilizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n Organizaciones como Amnist\u00eda Internacional (AI) sostienen que la ley viola \u201cflagrantemente\u201d los derechos de asociaci\u00f3n y participaci\u00f3n en asuntos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n \u201cPone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con art\u00edculos ambiguos que servir\u00edan de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva\u201d, dijo Ana Piquer, directora para las Am\u00e9ricas de AI.<\/p>\n\n\n\n <\/a><\/p>\n\n\n\n TAMBI\u00c9N LEA<\/a><\/p>\n\n\n\n Para Acceso a la Justicia, que monitorea la administraci\u00f3n de justicia y el estado de derecho en el pa\u00eds, la legislaci\u00f3n pretende que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan para fines determinados y con estructuras obligatorias que \u201catentan contra la diversidad propia\u201d de la sociedad civil y la autonom\u00eda de gesti\u00f3n, organizaci\u00f3n y formas de financiamiento que el est\u00e1ndar internacional prev\u00e9 en el \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n Ali Daniels, abogado y director de la organizaci\u00f3n Acceso a la Justicia, expone en un an\u00e1lisis de los art\u00edculos que, a su juicio, son los m\u00e1s controversiales que \u00abtodos tienen fines punitivos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Daniels explica que la legislaci\u00f3n da a entender que una organizaci\u00f3n debe esperar a que el \u00f3rgano competente se pronuncie sobre la legalidad de los fondos que recibe, lo que, basado en la experiencia con la administraci\u00f3n p\u00fablica venezolana, puede tomar tiempo.<\/p>\n\n\n\n \u201cPueden pasar meses antes de que te respondan. Esto puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. En realidad a quien afecta es al pueblo venezolano que es el beneficiario de la acci\u00f3n de las organizaciones\u201d, afirm\u00f3 en una conferencia de prensa.<\/p>\n\n\n\n Todas las organizaciones deben modificar sus estatutos y no hay lapsos garant\u00edas de respuestas para los diversos procedimientos a los que deben someterse.<\/p>\n\n\n\n Daniels cuestiona que la ley contemple una suspensi\u00f3n indefinida de las organizaciones, en caso de existir motivos para considerar que se ha producido un incumplimiento de prohibiciones establecidas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn la pr\u00e1ctica esto es una medida de cierre encubierto y por tanto hay que verlo como una sanci\u00f3n, no como una medida preventiva como la quieren disfrazar. Pr\u00e1cticamente todos los a\u00f1adidos agravan la situaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n civil\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n \u201cQueda en manos del Estado legalizar o no a las organizaciones, de una manera pr\u00e1cticamente discrecional\u201d, expone.<\/p>\n\n\n\n <\/a><\/p>\n\n\n\n TAMBI\u00c9N LEA<\/a><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, precisa que las multas que impone la ley, por, entre otras cosas, el incumplimiento de deberes formales, entre ellos la consignaci\u00f3n de documentos, son \u201cimpagables\u201d para el 99% de las organizaciones, lo que puede acarrear la disoluci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEsto es el equivalente de ir a la c\u00e1rcel de una deuda. Aqu\u00ed en vez de ir a la c\u00e1rcel dejas de existir en el mundo jur\u00eddico. Por no pagar una multa vas a dejar de existir. Porque dejo de entregar a tiempo dos papelitos, puedo dejar de existir. No hay ninguna proporci\u00f3n entre la falta cometida y la sanci\u00f3n\u201d, insiste.<\/p>\n\n\n\n Para Daniels, el gobierno venezolano busca una sociedad civil \u201ca su medida\u201d, que las organizaciones callen y que no denuncien violaciones a los derechos fundamentales. \u201cSe quiere tener una sociedad civil callada, sumisa y domesticada, ese es el verdadero fin de la ley, no es la regulaci\u00f3n, porque las organizaciones ya est\u00e1bamos reguladas por el C\u00f3digo Civil\u201d.<\/p>\n\n\n\n El abogado aclara que en Venezuela existen unas 10.000 organizaciones con personalidad jur\u00eddica, pero afirma que la mayor\u00eda son \u201cde hecho\u201d, por ejemplo, grupos de vecinos que se re\u00fanen para atender asuntos de su comunidad, que tambi\u00e9n se ven afectados por la legislaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n D\u00edas despu\u00e9s de ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales, Nicol\u00e1s Maduro inst\u00f3 a acelerar la aprobaci\u00f3n de leyes contra el \u201cfascismo\u201d, la regulaci\u00f3n de las redes sociales y exigi\u00f3 a las instituciones del Estado \u201cmano de hierro\u201d contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones del 28 de julio que, de acuerdo a la fiscal\u00eda, dejaron 25 muertos.<\/p>\n\n\n\n Sin presentar datos desglosados por mesa, el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposici\u00f3n insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo Gonz\u00e1lez Urrutia con m\u00e1s del 67% de los votos.<\/p>\n\n\n\n Varios organismos, entre ellos la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la CIDH (RELE CIDH), que han asegurado que en Venezuela se est\u00e1n documentando pr\u00e1cticas de terrorismo de estado, hab\u00edan instado a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.<\/p>\n\n\n\n Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociaci\u00f3n y Asamblea, record\u00f3 que a finales del a\u00f1o pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las \u201crestricciones incompatibles\u201d que aseguran establece el marco jur\u00eddico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela votan durante una sesi\u00f3n en la Asamblea Nacional en Caracas el 13 de agosto de 2024. agosto 21, 2024 Vea comentarios A pesar de los llamados de instancias internacionales y organizaciones locales, la Asamblea Nacional de mayor\u00eda oficialista de Venezuela aprob\u00f3 una ley que, de acuerdo […]<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":553350,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,22],"tags":[],"class_list":["post-553349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/553349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=553349"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/553349\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":553351,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/553349\/revisions\/553351"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/553350"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=553349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=553349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=553349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\u00bfPor qu\u00e9 amenaza con cerrar el espacio c\u00edvico?<\/h3>\n\n\n\n
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