El Estado de Derecho que adopta la Rep\u00fablica Dominicana promueve el bienestar de cada persona y asegura un orden jur\u00eddico donde el reconocimiento de los derechos humanos y la separaci\u00f3n de poderes se conjugan en perfecta armon\u00eda con leyes eficaces para reglamentar los distintos acontecimientos o procedimientos que pueden tener lugar en la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
Entre otros, el derecho de audiencia y el derecho a ser escuchado por un juez son dos de las garant\u00edas m\u00e1s importantes en todo Estado de Derecho. El art\u00edculo 69 de nuestra Constituci\u00f3n concibe la tutela judicial efectiva como un derecho a la protecci\u00f3n estatal de todo tipo de derechos e intereses leg\u00edtimos y al debido proceso, que comprende tanto derechos que tienen que ver con el acceso a la justicia, como aquellos que se ejercen una vez se ha iniciado el proceso.<\/p>\n\n\n\n
En cada etapa procesal las partes en un litigio gozan de la protecci\u00f3n legal, a fin de que sus garant\u00edas jur\u00eddicas puedan ser preservadas. Esencialmente, cada una tiene el derecho de exponer su visi\u00f3n de los hechos y de aportar elementos probatorios con el fin de defender su postura frente al juez, quien tiene a su cargo el an\u00e1lisis y decisi\u00f3n judicial en el caso.<\/p>\n\n\n\n
Estas audiencias bien pueden ser preliminares o de fondo, cada una con sus particularidades y caracter\u00edsticas. Las primeras se distinguen por ser aquellas en donde el juez eval\u00faa si procede el juicio. En esta fase no se examina la culpabilidad del imputado, sino que se eval\u00faan las pruebas presentadas para determinar si existen indicios que ameriten la apertura a juicio, dando continuidad al proceso.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, en la audiencia de fondo se eval\u00faa la culpabilidad o responsabilidad penal de los imputados en el proceso. Apoy\u00e1ndose en elementos probatorios contundentes, el juez culmina con un razonamiento s\u00f3lido que debe plasmarse en una sentencia.<\/p>\n\n\n\n
A la luz de lo anterior, y tomando como referencia los informes preliminares de las estad\u00edsticas institucionales de la Oficina Nacional de Defensa P\u00fablica en el per\u00edodo enero-junio del 2023, observamos que el sistema de administraci\u00f3n de justicia dominicano ha venido presentando una elevada cantidad de suspensiones de audiencias preliminares y de fondo generadas en las jurisdicciones ordinaria y de adolescentes.<\/p>\n\n\n\n
Tan solo en la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria, de 74,844 audiencias agendadas por la Defensa P\u00fablica, 52,376 fueron suspendidas, lo que equivale al 70% del total. Entre las causas que motivaron estas suspensiones en la fase preliminar y del fondo se destacan: (i) la falta de notificaci\u00f3n de las partes, (ii) falta de traslado de imputados y, (iii) por incomparecencia de testigo o perito, entre otras. Cabe resaltar que las mismas causas se presentan en materia de adolescentes.<\/p>\n\n\n\n
Las cifras anteriores reflejan una realidad que debe ser resuelta con prontitud, porque afecta negativamente la imagen de la justicia dominicana y perjudica el sistema en detrimento de la salvaguarda de las garant\u00edas y libertades individuales. Para FINJUS es alarmante que m\u00e1s de las dos terceras partes de las audiencias programadas en el periodo se\u00f1alado fueran suspendidas, lo que debilita la eficacia y eficiencia del sistema de administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n
La soluci\u00f3n de esta lamentable situaci\u00f3n pasa por el establecimiento de un canal de comunicaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre los actores del sistema de justicia que le permita mayor celeridad, imparcialidad, igualdad, equidad y seguridad jur\u00eddica, de manera que interact\u00faen y se apoyen mutuamente en la soluci\u00f3n de cada caso concreto y haga posible una asistencia judicial eficiente.<\/p>\n\n\n\n
Otro aspecto delicado, con el que hay que tener un trato de excesiva cautela, es la suspensi\u00f3n de audiencias en la jurisdicci\u00f3n penal adolescente, donde entre las causas de su suspensi\u00f3n salen a relucir situaciones como la falta de los profesionales responsables para la adecuada gesti\u00f3n de los procesos ligados a las entrevistas en la C\u00e1mara de Gesell. En este sentido, todo proceso que involucre un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente lleva por consiguiente el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, que determina que todas las acciones que se decidan o ejecuten con esta poblaci\u00f3n, deben priorizar su bienestar y pleno ejercicio de derechos. <\/p>\n\n\n\n
Finalmente, desde FINJUS hacemos estos se\u00f1alamientos convencidos de que los actores del sistema de justicia en la actualidad est\u00e1n comprometidos en elevar la calidad de todos sus actos y reforzar la transparencia, la eficiencia y la igualdad que es el objetivo de la acertada administraci\u00f3n de la justicia. A fin de salvaguardar los principios constitucionales y democr\u00e1ticos vitales de nuestro Estado, es imprescindible que contemos con una asistencia judicial organizada y \u00e1gil para dar soluci\u00f3n y manejo a los acontecimientos que se manifiestan bajo sus competencias <\/p>\n\n\n\n
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